Abren indagación preliminar a fiscal Norah Córdova

El caso Petroperú que podría involucrar al presidente Pedro Castillo ha desatado una fuerte disputa legal entre la defensa del mandatario y los fiscales que investigan. Ayer la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público abrió indagación preliminar contra la fiscal provincial titular, Norah Córdova Alcántara, y los fiscales adjuntos Luis Medina Rodrigo y Luis Mina Abanto por haber incurrido en presuntas infracciones administrativas durante la diligencia que se realizó en Palacio de Gobierno el 20 de diciembre pasado.

Según la resolución 2151- 2021, los citados fiscales –pertenecientes a la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios– deberán presentar un informe de hechos en un plazo de cinco días hábiles tras haber sido notificados. Asimismo, dispone las diligencias pertinentes para el esclarecimiento de los hechos por un plazo de 30 días.

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La indagación preliminar que podría terminar en una sanción responde a la queja funcional por falta muy grave, planteada por Eduardo Pachas Palacios, abogado de Pedro Castillo, quien solicitó la destitución de los tres fiscales.

Sin objetividad

En los fundamentos de su queja, Pachas sostiene que la fiscal Norah Córdova no tiene objetividad ni imparcialidad para estar al frente de una investigación que podría alcanzar a su defendido, debido a que en las redes sociales y entrevistas periodísticas ha manifestado que Pedro Castillo encabeza un Gobierno de “terroristas y corruptos”.

“Lo ha tildado de comunista, terrorista y corrupto. Si el presidente ha sido calificado con esos adjetivos, es evidente que hay ánimo de venganza y condenarlo a toda costa” y “la fiscal tiene como fin político la destitución del mandatario a través de sus actuaciones funcionales dentro del Ministerio Público”, por lo que pide su destitución.

Añade que entre mayo y agosto del 2021 se pronunció contra Castillo y a favor de Keiko Fujimori e incluso apoyó las denuncias de fraude, por lo que considera que es una “fiscal vacadora que ya no solo pregona en los medios, sino que ahora actúa en la ejecución de un plan malévolo y perverso”.

Como pruebas adjunta una serie de publicaciones de Córdova en sus redes sociales, videos de entrevistas y declaraciones que dio a medios escritos.

El abogado advierte que la intervención firmada por la fiscal Córdova “hace tabla rasa de los preceptos constitucionales, que indican que el fiscal debe solicitar necesariamente la autorización de un juez para ingresar a cualquier recinto”.

Respecto a los fiscales Luis Medina y Luis Mina, el letrado sostiene que actuaron de forma prepotente y arbitraria, “pretendiendo obligar sin su consentimiento a secretarias y edecanes a tomarles sus declaraciones sin la presencia de sus abogados defensores, violentando sus derechos constitucionales”.

El escrito señala que trataron de ingresar por la fuerza al despacho del presidente de la República cuando este no se encontraba presente y “eso fue consignado malévolamente como si Pedro Castillo se hubiera negado a darles acceso”, denigrando la imagen presidencial, pese a que el mandatario no es investigado directa ni indirectamente.

Hábeas corpus

Además, ya que la fiscal Norah Córdova dijo que evalúa allanar Palacio de Gobierno ante información que no le habrían entregado, el abogado del presidente Castillo presentó un recurso de hábeas corpus para evitar que los tres fiscales realicen un allanamiento en Palacio por, presuntamente, no demostrar objetividad en su labor.

La fiscal justificó la medida señalando que incautó las computadoras y laptops de los funcionarios de Petroperú que participaron en el anulado proceso de licitación de biodiesel, adjudicado a la empresa Heaven Petroleum Operators, pero en Palacio de Gobierno no le habían entregado toda la información que solicitó.

Datos

Medida. En el hábeas corpus, la defensa de Castillo advierte que la intervención fiscal fue un allanamiento y requisa sin una orden judicial.

Arbitrario. Añade que no era una situación de flagrante delito pues los hechos investigados son del 15 y 18 de octubre y la intervención arbitraria fue el 20 de diciembre.

Se queda. La fiscal Norah Córdova reiteró que no se inhibirá del caso.