Víctimas de esterilizaciones forzadas levantan sus voces

“Quiero creer en la justicia peruana”, dice con una comprensible desconfianza María Elena Carbajal, una de las miles de víctimas de las esterilizaciones forzadas aplicadas con mentiras y chantajes durante el Gobierno de Alberto Fujimori.

“Han pasado 25 años desde lo que nos hicieron, y quisieron archivar la denuncia varias veces. Tomó casi un año la lectura de la resolución para que se inicie el proceso judicial. Espero que ahora nos hagan justicia”, agrega con recelo.

No es para menos. Nunca olvidará que el 18 de setiembre de 1996, tras haber nacido su cuarto hijo, la esterilizaron bajo extorsión. Tenía 26 años.

“Fui al hospital María Auxiliadora a dar a luz y me esterilizaron el mismo día. Escondieron a mi hijo para condicionarme. Dijeron que si no aceptaba ligarme, no me lo traerían. Por la angustia de que se lo roben, acepté”, recuerda.

Cuando despertó, nadie le daba razón de su hijo y cuando llegó su esposo, le contó todo lo que había pasado. “Él se enojó conmigo y dijo que lo había hecho para tener otras parejas. No le importó que no estuviera mi hijo y se fue”, relata.

Horas después le entregaron a su hijo porque su suegra llegó a reclamar. Por vergüenza, no le contó que había sido esterilizada. “Recién entonces apareció mi hijo envuelto en una bata de adulto, todo cianótico”, indica.

Ese día su vida cambió. Nunca volvió a ver a su esposo y evitó hablar del tema hasta muchos años después en que se armó de valor para contarle a sus hijos. Ahora, con 51 años, es una incansable activista en la lucha de las mujeres afectadas por las esterilizaciones forzadas.

“Lo que nos hicieron fue horrible. Te esterilizaban y te mandaban ese mismo día a tu casa. A mis compañeras de provincia les fue peor, fue tortuoso. Las llevaban en camiones, a caballo, y cuando acababan, las botaban como si fueran animales”, resume el dolor que padecieron.

A la fuerza nos llevaron

Rute Zúñiga Cáceres vive en la comunidad de Limatambo, provincia cusqueña de Anta. Aunque está tan lejos, no se ha perdido ninguna audiencia. Se reunía con otras víctimas para escucharlas por internet.

“Por fin se ha comenzado el juicio. Pero tanto ha demorado y tantas veces suspendían las audiencias. Muchas mujeres han muerto esperando. Ojalá que ahora avance lo más rápido”, sostiene.

El 10 de febrero de 1999 un grupo de sanitarios llegó a su casa y con engaños la llevaron al centro de salud de Anta. Le dijeron que era para vacunar y medir el peso y talla de su cuarta y última hija. “Con ambulancia nos han llevado y en el centro de salud nos han encerrado. Nunca dijeron lo que me iban a hacer, no me dijeron que mi barriga iban a cortar”, rememora.

Solo la hicieron pasar a ella. Su esposo quedó afuera esperando con la bebé, sin entender qué estaba pasando.

Rute se negó a ser esterilizada, pero la forzaron y la colocaron en una camilla, le amarraron una pierna y le sujetaron los brazos, y como no se dejaba, el doctor que entró a operarla ordenó anestesiarla para que no siga resistiéndose. Horas después la llevaron de vuelta a su casa con pastillas para el dolor.

“A la fuerza nos han llevado, como un animal para que lo degüellen. Desde ese día quedé con dolores en mi barriga, como muchas compañeras. Desde ese día ya no puedo trabajar como antes”, lamenta.

Muchas están muriendo

Dilcia Cano Guerrero no puede evitar el llanto cada vez que recuerda. A pesar de todos los años que han pasado, la herida en su alma y cuerpo no ha terminado de sanar. “Quedamos mal de salud, con dolores. Hasta cáncer me dio. Varias mujeres se han ido ya, no tenían para sus medicinas. Más claro, se están muriendo”, señala.

Ella vive en el caserío Sauce Chiquito, en la provincia piurana de Huancabamba. Relata que la mala suerte le vino un día que ya ni quiere recordar, en que bajó a la ciudad a vender sus hierbitas. Cuando estaba por regresar, se le acercaron dos “gringas” y le preguntaron cuántos hijos tenía. Ella respondió que tenía cuatro, le dijeron que le podían dar un remedio para que ya no sufra, que le harían un “cortecito” y eso sería todo. Nunca le explicaron bien.

La llevaron a la posta, donde perdió el conocimiento. Al despertar sentía mucho dolor en la barriga, pero igual la sacaron y la dejaron en la puerta. Días después volvió y le dijeron que tenía una infección pero que tenía que pagar para que la curen, porque los que la operaron ya se habían ido.

El dato

Pendiente. Dilcia, Rute y María Elena están inscritas en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO), pero hasta ahora nadie ha recibido ningún tipo de indemnización. Piden que el presidente Pedro Castillo disponga una partida para las afectadas.