Aguinaga sobre pedido para ser excluido de Fiscalización: “Debe primar la presunción de inocencia”
Fujimorista cuestionó a los integrantes del Partido Morado, quienes solicitaron que sea excluido de la Comisión de Fiscalización por decisión del PJ de abrirle un proceso por el caso de las esterilizaciones forzadas.
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El congresista de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga, se pronunció en contra del pedido presentado por los parlamentarios del Partido Morado para que sea retirado de la presidencia de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, tras conocerse que el Poder Judicial decidió abrir un proceso penal en su contra por el caso de las esterilizaciones forzadas.
“No quiero señalar nombres por respeto a las damas, pero estas personas que hacen señalamientos que revisen sus antecedentes y no tendrían que estar en la comisión porque tienen denuncias penales hasta por hurto agravado. (…) Una cosa es que se haga una nueva investigación donde uno tiene la presunción de inocencia y otra cosa es que haya una sentencia”, declaró a RPP.
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La solicitud dirigida a la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, lleva la firma de los congresistas Flor Pablo, Edward Málaga Trillo y Susel Paredes, todos ellos del Partido Morado. Ante ello, Aguinaga les recordó que existe la presunción de inocencia y se amparará en ello para continuar al frente de la Comisión de Fiscalización.
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“Los procesos penales comienzan con la Fiscalía y Susel no ha leído qué procesos tiene. Aquí lo que hay y se tiene que garantizar es la presunción de inocencia. Yo me puedo someter 40 años a lo mismo y siempre nos asistirá la razón. Lo que sí tenemos que hacer es una buena reforma de la justicia y no utilizarla como método de persecución, de coacción o de exclusión perversa. El país quiere equilibrio y presunción de inocencia”, agregó.
Abren proceso penal contra Aguinaga
El último sábado, el juez Rafael Martínez Vargas decidió iniciar un proceso judicial al expresidente Alberto Fujimori y los exministros de Salud Alejandro Aguinaga, Marino Costa Bauer y Eduardo Jong Motta como autores mediatos de las esterilizaciones forzadas en agravió de 1.300 mujeres empobrecidas y quechuahablantes.
Han pasado 25 años desde que Giulia Tamayo y la Iglesia católica presentaron las primeras denuncias de las “ferias” de esterilizaciones masivas. El último 1 de marzo del 2021, la Fiscalía presentó los cargos y tras 15 sesiones dedicadas a la lectura de la resolución, el juez resolvió que Fujimori y sus exministros serán investigados por delitos de lesiones graves seguidas de muerte, ilícitos cometidos por una estructura organizada de poder en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos.
El programa de esterilizaciones forzadas
El programa de esterilizaciones o AQV fue un proyecto desarrollado por el gobierno de Fujimori con el objetivo de modificar el comportamiento reproductivo de la población pobre, indígena y de zonas rurales quechuahablantes, con fines económicos, reducir la población de pobreza. Para eso se ofreció y otorgó incentivos económicos y apoyo gubernamental al personal de salud, para que realizara las intervenciones como parte del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000.
Con el apoyo del Congreso se promovieron leyes para hacer legal lo que hasta ese momento era ilegal. Para cumplir las metas se promovieron campañas masivas, festivales y ferias de salud en las que las mujeres eran intervenidas sin la debida información, sin conocer las consecuencias y en lugares sin los requisitos mínimos de salubridad.
