PJ designa nuevo juez para resolver caso de esterilizaciones forzadas

El Poder Judicial anunció que se da por concluida la designación del juez Rafael Martínez, quien se encuentra a cargo del caso de esterilizaciones forzadas en el que están implicados Alberto Fujimori y sus exministros de Salud Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer, entre otros. El delito por el que se les acusa se inscribe en el marco de la violación de los derechos humanos, ya que atentaron contra la integridad física grave de algunas mujeres que murieron y sufrieron daños a su salud por la intervención quirúrgica, explica un recuento de la demanda fiscal.

De acuerdo al documento, Martínez deberá terminar la lectura de su resolución, la cual no ha concluido tras siete audiencias donde se determinará si se inicia un proceso penal o se archiva la denuncia. Tras ello, el letrado será reemplazado por el juez Littman Ramírez.

Desde que comenzó la lectura de la resolución el pasado14 de setiembre, estas duran un promedio de cuatro horas. El juez lee un fragmento de su resolución por un intervalo de 10 a 20 minutos, que inmediatamente es traducida al quechua.

De acuerdo a la investigación del Ministerio Público, las evidencias recaerían en los documentos que solicitaban el consentimiento de las pacientes para la práctica de la esterilización. Muchos de ellos no se redactaron en quechua ni respetaron la idiosincrasia familiar y religiosa.

El juez Martínez debe decidir si acoge la denuncia de la Fiscalía e inicia la investigación judicial de los hechos ocurridos en los años 90, o considera que no hay nada de relevancia penal y archiva todo.

Víctimas en desacuerdo con medida

Víctimas y activistas por los derechos de las mujeres afirman que esta medida constituye un nuevo maltrato a las sobrevivientes “por causar sufrimiento y angustia en la larga lucha y espera por verdad, justicia y reparaciones integrales”.

“Esta resolución de cambio de juez en el caso de esterilizaciones forzadas a pesar de lo dispuesto en el artículo 4 de la misma, abre un grave riesgo para los derechos de las víctimas a la verdad y el acceso a la justicia en plazo razonable, con celeridad, debida diligencia reforzada y no discriminación de las más de 1,300 mujeres víctimas denunciantes de esterilizaciones forzadas sistemáticas”, expresaron desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh).