Política

Llega a su fin proceso contra Montesinos por secuestro a Gorriti

Hoy culminó la defensa material de los acusados. Sala fijó lectura de la sentencia para el próximo jueves 18 de noviembre. Fiscalía pide 20 años de prisión para exasesor de Alberto Fujimori.

Vladimiro Montesinos cumple condena por actos de corrupción cometidos cuando era funcionario del Gobierno de Alberto Fujimori. Foto: composición/La República
Vladimiro Montesinos cumple condena por actos de corrupción cometidos cuando era funcionario del Gobierno de Alberto Fujimori. Foto: composición/La República

La próxima semana concluirá el proceso que se sigue contra Vladimiro Montesinos y 12 altos oficiales del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, que coordinaron el secuestro de periodistas y políticos durante el autogolpe del 5 de abril de 1992. La presidenta de la Sala, Miluska Cano, convocó la lectura de sentencia para el jueves 18 de noviembre.

En la audiencia de hoy, se culminó con la defensa material de los acusados, tras lo cual la magistrada informó que el fallo se dará a conocer en una diligencia presencial y siguiendo los protocolos adecuados por la COVID-19. Señaló que deben asistir todos los acusados en libertad, entre ellos, los generales en retiro Julio Salazar Monroe, José Valdivia Dueñas, Elesván Bello Vásquez y Luis Pérez Documet. Montesinos seguirá la sesión vía virtual por encontrarse recluido en el penal de Ancón.

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El fiscal Gino Quiroz los acusó de secuestro agravado y ha pedido penas que van desde los 10 años para los cómplices, hasta 20 años para los autores mediatos, como es el caso del exasesor de Alberto Fujimori y la cúpula militar.

Las víctimas son el periodista Gustavo Gorriti, y los políticos Abel Salinas, César Barrera Bazán, Luis Negreiros Criado, Jorge Del Castillo, entre otros.

El abogado Juan José Quispe, del Instituto de Defensa Legal (IDL), que representa a Gorriti, sostuvo que durante el juicio oral, que ha demorado casi seis años, se ha demostrado que no se trató de una detención ilegal, sino que fueron secuestrados al producirse el autogolpe y llevados a establecimientos militares.

“Se ha demostrado que fue una acción concertada en la casa de Nicolás de Bari Hermoza Ríos el 3 de abril de 1992, donde se reúnen los jefes militares con Montesinos y Fujimori. Allí se entregó la relación de las personas que debían ser detenidas y se repartieron los roles. Y al día siguiente, se llevó a cabo otra en el Pentagonito, donde participaron los jefes de las regiones militares”, comentó.

Remarcó que en los operativos participó personal con pasamontañas que llegaron en tanques y llevando armas HK.

“Si los capturas sin orden judicial, sin flagrancia y los depositas en una base militar, incomunicados, resguardados por efectivos militares, no se trata de una detención ilegal, como dicen los abogados de los acusados, sino un secuestro”, explicó.

Asimismo, agregó que ha quedado demostrado que hicieron ingresar a los detenidos a las instalaciones militares sin registrarlos, tanto en el BAP Aguirre como en el Servicio de Inteligencia del Ejército y en el cuartel Las Palmas.

Recordó que en la sentencia a Fujimori por estos mismos casos, la Corte Suprema ha establecido que el secuestro es agravado porque las víctimas tenían incertidumbre respecto a su paradero final. “Si estaban incomunicados, había un golpe de Estado, eran tiempos de subversión, podían desaparecerlos. Sentían incertidumbre respecto a su vida”, dijo.

Por otra parte, Quispe destacó la decisión de la Sala de realizar una audiencia presencial para dar lectura a la sentencia, así como de negar el pedido de uno de los procesados, el oficial de la Marina Ricardo Villarán Tapia, para salir del país entre el 13 de noviembre y el 5 de diciembre para visitar a su hijo en Estados Unidos.

Extrañamente, el martes pasado, la defensa del acusado presentó la solicitud, adjuntando los pasajes de él y su esposa con destino a Miami para las fechas que había solicitado, pese a que ya se preveía el final del juicio.

“El Tribunal corrió traslado a la Fiscalía y a la parte civil, pero opinamos que no debían darle la autorización porque estaba por dictarse la sentencia”, comentó.

La lectura de sentencia se realizará el jueves 18 de noviembre a las 9.30 a. m. en el local de la antigua Sala Penal, en la cuadra 7 de la Av. Prolongación Tacna, en el Centro de Lima.

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