Presencia de las FF. AA. en las calles es un riesgo para los derechos humanos, advierten especialistas

Hace apenas unos días, el gobierno de Pedro Castillo decidió que las Fuerzas Armadas presten apoyo a la Policía Nacional del Perú (PNP) con el fin de “garantizar el control y mantenimiento del orden interno” en Lima Metropolitana y Callao. Este anuncio, entonces, ha generado que diversos organismos y expertos en derechos humanos muestren su preocupación ante las posibles consecuencias que puede tener esta medida en la ciudadanía.

María Jennie Dador Tozini, secretaria ejecutiva de Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), manifestó su desacuerdo con la decisión tomada desde el Ejecutivo.

“Esto puede generar mayor violencia. Medidas de este tipo ponen en riesgo los derechos humanos y debemos entender que en el Estado hay diversos organismos que cumplen funciones específicas, pero en este caso las Fuerzas Armadas no están formadas para lo que se plantea. El manejo de sus acciones dentro de la comunidad es distinta a cómo lo hace la Policía, que sí convive con la ciudadanía”, expresó, en diálogo con La República.

La especialista añadió que el pedido de una buena parte de la gente, que demanda la intervención del Estado, no significa que la decisión actual sea la mejor o que respete el orden democrático. Ejemplificó lo ocurrido durante la dictadura de Alberto Fujimori, que tras cerrar el Congreso y otros organismos obtuvo un amplio respaldo popular, pero se cometieron graves afectaciones contra los derechos humanos.

Con relación a los casos delictivos que denuncia la gente, Dador sostuvo que “si bien la percepción de los hechos violencia han cambiado en forma, ahora son más cruentas, no necesariamente en cantidad. Esto (la autorización a las FF. AA.) puede ser recibido por la población como algo positivo”, expresó, no obstante, remarcó que habría probabilidades de que sea “perjudicial tanto para la ciudadanía como para los miembros de las Fuerzas Armadas, ya que se podrían involucrarse en hechos o procesos por violaciones de los derechos humanos”.

Coincidiendo con Dador Tozini, el exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, dijo que esta Resolución Suprema n.° 191-2021-IN no representa un paso en la lucha contra la inseguridad ciudadana sino una “respuesta simbólica” a un pedido ciudadano.

“De eficacia no tiene nada, creo que se trata de una respuesta simbólica, es verdad que la ciudadanía lo ha pedido siempre porque tiene esperanza y confía en las Fuerzas Armadas, pero en términos reales podemos tenerlos en las calles por 30 días con escasa logística, pero eso no va significar ni la reducción, menos un combate eficiente contra la delincuencia”, señaló a este diario.

De acuerdo a Elba Sissi Acevedo Rojas, docente en derechos humanos en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), la resolución del Gobierno no correspondería a lo que se ordena en la Constitución. “En el art. 165º del texto fundamental, que hace hincapié a la finalidad de las Fuerzas Armadas, y refuerza lo estipulado en el art. 137º, es decir, que sus roles se ejecutan en un estado de emergencia”, dijo la especialista en diálogo con este medio.

En ese sentido, Acevedo añadió que el jefe de Estado “no ha decretado un estado de emergencia que justifique la intervención de las FF. AA., por lo que es necesario que se evalúe si esta resolución debe seguir manteniéndose o debe defenestrarse. Yo espero que sea lo segundo” manifestó.

La experta de la UNI también enfatizó que la norma no habría sido racionalmente sometida al análisis constitucional y señaló que “mientras que al Ejército no se le brinde la capacitación correspondiente en derechos humanos o se les provea de los recursos legales y materiales para actuar como lo hace la policía, ya sea en arrestos o intervención incluso en situaciones de violencia familiar, ellos no pueden salir a actuar de la misma forma como lo hace un efectivo policial”.

La excongresista y defensora de los derechos humanos Arlette Contreras también manifestó su intranquilidad porque “no es la función de las Fuerzas Armadas salir a cumplir labores que le corresponden a la PNP”, la también abogada señaló que “ya se tuvo situaciones en las que los miembros del Ejército hacen excesivo uso de la fuerza, por lo que la preocupación es latente”.

Asimismo, Contreras mencionó que esta medida es populista, ya que “no tiene la motivación suficiente para justificar la presencia de las FF. AA. en las calles. Ella recomendó que desde el Gobierno se replantee la decisión, “el nuevo ministro del Interior, la presidenta de la PCM, así como el presidente Castillo deberían reconsiderar esta norma, ya que genera una situación de alarma y no está bien analizada”.

En tanto, representantes de organismos internaciones como el director para América de Human Richt Watch (HRW), José Miguel Vivanco, recordó mediante su cuenta en Twitter que “los soldados están entrenados para la guerra, no para el control del orden público” y expresó que está preocupado por la decisión de Castillo Terrones.

Por su parte, Amnistía Internacional también reflejó su preocupación “por la resolución que autoriza la intervención de las FF. AA. en apoyo de la PNP”. El organismo hizo un llamado y dijo que “el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar a cargo de la policía y que las normas internacionales de DDHH exigen asegurar que el uso de las FF. AA., en labores de seguridad pública, sea estrictamente excepcional”.

¿Qué medidas debería tomar el Gobierno para combatir la violencia delincuencial?

Descartada la presencia de los militares en las calles por las razones ya expuestas, plantean que desde el Gobierno se debería abordar la problemática con medidas más sostenidas y desde las propias comunidades.

“La solución adecuada deber ser hacer pedagogía ciudadana y pedir al Estado que cumpla con sus diferentes funciones. Que se enfatice en las reformas de las instituciones como la policía. Se necesita trabajar con políticas de prevención e intervención desde los barrios y las comunidades. Esta medida es inmediata, pero no sostenida en el tiempo”, enfatizó Dador Tozini.

Por su lado, Pedraza Sierra manifestó que no “existe una receta mágica” para reducir los índices de inseguridad, pero señaló que un paso positivo sería “fortalecer la institución policial, dotándole de vehículos, de más efectivos policiales, más infraestructuras, más operativos policiales y más inteligencia”.

Para Elba Acevedo esta situación se debería abordar desde dos flancos. “Si pensamos al largo plazo, la educación y el deporte (no solo fútbol) debe priorizarse. El estado debe trabajar políticas educativas que proporcionen una formación integral y de calidad en todos los niveles, incluso en la técnica, donde el egresado tenga un oficio y pueda incorporarse inmediatamente a la PEA. Si tomamos medidas a corto plazo, es necesario capacitaciones, tanto académicas y en derechos humanos, así como cuidar la salud física y mental”.

Desde el punto de vista de Arlette Contreras, el decreto “es una normativa desesperada para aparentar que algo se está haciendo”. La especialista indicó que “se trata de abordar el problema desde el propio ministerio y, sobre todo, fortalecer a la policía para que canalicen mejor sus funciones. También añadió que el Congreso debería apoyar en ello, puesto que es un problema que requiere la articulación de las instituciones del Estado para poder luchar contra la inseguridad ciudadana”, que no es un flagelo reciente, sino de décadas.