Puno: se acabó el cuento chino del gobernador Agustín Luque Chayña
Gobernador de Puno tiene orden de detención de siete días junto a varios funcionarios acusados de integrar una red criminal. Los indicios de delito es haber favorecido a un consorcio chino que se hizo de la obra para construir hospital Núñez Butrón.
A siete días de la detención del gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, su homólogo en Puno, Agustín Luque Chayña, corrió la misma suerte ayer.
Luque fue detenido al promediar las 15:30 horas. Agentes de la Policía Anticorrupción, lo aprehendieron por una orden judicial. El Ministerio Público tiene indicios que Luque preside una organización criminal denominada “Los Supremos de Altiplano”, que cometían delitos de colusión agravada.
También se intervino a Wilfredo Martínez Molina, jefe de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de Puno.
La misma suerte corrieron los representantes del Centro de Conciliación “Mediar Puno”, Liliana Paola Larico Bermejo y Hans Jonathan Larico Apaza. Hasta cierre de la presente edición el empresario chino Chen Junkun Con, aún no era ubicado.
El caso que gatilló la medida está relacionado con la construcción del hospital Manuel Núñez Butrón de Puno. Esta obra se adjudicó por 329 millones 373 mil 420 soles al consorcio hospitalario Manuel Núñez Butrón en julio de 2020.
La República, el lunes 25 de octubre, reveló que la millonaria licitación de hospital fue dirigida por Narda Castillo, pariente de Olinda Pacheco Aguilar, esposa de Agustín Luque.
Narda Castillo, presidió el comité de licitación. La Contraloría determinó que la empresa ganadora no tenía experiencia en construir hospitales. Aún así le dieron la buena pro. El consorcio hospitalario lo integran las empresas China Railway N° 10 Engineering Group CO. Ltd Sucursal del Perú y Weihai Construction Group Company Limited.
La responsabilidad de este proceso irregular recae en la presidenta del comité de licitación, Narda Castillo Castillo, y los otros miembros Armando Enrique Tapia Alarcón y Josué Milton Quispe. Por eso caso, se inició investigación y según la Fiscalía de la Nacional, en los próximos días, deben haber resultados. Tanto Narda Castillo, Milton Joseu Quispe, están vinculados a Olinda Pacheco, esposa del gobernador.
Nuevamente los chinos
Agustín Luque cayó porque se habría puesto de acuerdo con el asesor jurídico Jhon Wilfredo Martínez Molina, para no cobrarle penalidades a este consorcio que ya ejecutaba la obra.
Según el Ministerio Público, mediante carta 258-2021- el administrador del gobierno regional, Wilfredo Cauna Larico, le remitió la imposición de penalidades por casi medio millón soles. El monto era la sumatoria de diversas sanciones pecuniarias. La supervisión comprobó que no tenía en obra al personal especializado que ofertó en su propuesta económica.
El empresario chino Chen Junkun Con, planteó en respuesta una conciliación. El asesor jurídico Jhon Wilfredo Martínez Molina, emitió el informe a través de cual opinó a favor de los empresarios chinos. Recomendó dejar sin efecto el cobro de penalidades.
Con esa predisposición, Agustín Luque, autorizó a Jhon Martínez, llegar a un acuerdo con Chen Junkun Con. Las partes, mediante Acta de Acuerdo N° 087-202 de fecha 20 de octubre de 2021, acordaron declarar la nulidad de la carta 258-2021.
PUEDES VER: Puno: consejeros y dirigentes exigen que Fiscalía de la Nación intervenga Gobierno regional
La conciliación fue llevada a cabo por Liliana Paola Larico Bermejo y validada por Hans Jonathan Larico Apaza. Estos son son funcionarios públicos. Pero según el Ministerio Público, jugaron un rol importante en el acuerdo.
Según el Ministerio Público, Agustín Luque actuó con dolo y de manera preferente a favor de los empresarios chinos que tienen a su cargo la construcción del hospital más importante de Puno.
Todos los intervenidos se mantendrán detenidos por siete días. Las diligencias de detención estuvieron sucedidas por allanamientos en oficinas del Gobierno Regional de Puno. Se extrajo información respecto al procedimiento que terminó beneficiando a los empresarios. También se allanaron las oficinas de la presidencia regional.
El Fiscal William Otazu, responsable del operativo informó señaló que se acopiarán todas las pruebas a fin impulsar una prisión preventiva de encontrarse mayores elementos de convicción que prueban que los implicados actuaron coordinadamente con el propósito de defraudar al Estado.
