Política

Congreso: proponen difusión de normas legales en quechua y aymara

Bancada de Acción Popular presentó un proyecto de ley en el que se tomó en cuenta las cifras del censo del 2017. El resultado arrojó que más de 5 millones de peruanos hablan quechua y aymara.

Entel Perú, Bitel y Telefónica del Perú solicitaron la ampliación de plazo para la implementación de los contratos tipo en idioma Quechua.
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La bancada de Acción Popular presentó un proyecto de ley “que dispone la publicación y difusión de normas legales en quechua y aymara”. Se trata de la iniciativa 372-2021 CR, que busca apoyar y facilitar la inclusión de la población que se comunica en los idiomas mencionados a la vida socioeconómica, cultural y legal. La medida que será discutida en el Congreso obedece a que, según el Censo Nacional 2017, más de 5 millones de personas interactúan a través de la lengua originaria (quechua y aimara).

El estudio, además, detalla que una cuarta parte de la población peruana se autoidentificó como persona originaria (quechua, aimara o nativa de la Amazonía). De esta manera, se desprende que el 22,3% de 12 a más años de edad se identificó como quechua hablante (5 176 809). El 24% de origen aimara (548.292).

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Asimismo, se precisa que en las regiones de Apurímac, Huancavelica y Ayacucho, cuatro de cada cinco hombres y mujeres hablan quechua. En Cusco, Puno y Huánuco, uno de cada dos peruanos. En Cerro de Pasco y Ancash, dos de cada cinco; en Junín, Madre de Dios y Arequipa, la proporción es de uno de cada tres. En Moquegua, uno de cada cinco; y en Lima e lca, uno de cada diez ciudadanos.

Los congresistas que respaldan la iniciativa, en la exposición de la problemática del proyecto, afirman que para los quechuas y los aymaras, la barrera idiomática dentro de su propio país los limita, ya que no pueden, en la actualidad, defender adecuadamente sus derechos ante la justicia. Tampoco pueden desarrollar su habilidades de emprendedores porque son excluidos.

El obstáculo se percibe con mayor incidencia en el desconocimiento de sus derechos legales, económicos y sociales, dado que las actuales normas vigentes que los incluye en una sociedad igualitaria son difundidas en español.

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