Las leyes que aprobó el Congreso y fueron declaradas inconstitucionales

Los nuevos congresistas que asumieron funciones desde 16 de marzo de 2020, llegaron con bastantes promesas hechas a sus simpatizantes; sin embargo, algunas de estas iniciativas no estaban amparadas en la Constitución.

Los legisladores perdieron tiempo debatiéndolas, pese a las advertencias de especialistas y del Poder Ejecutivo sobre la inconstitucionalidad de las leyes promulgadas, y dejaron a miles de personas con la esperanza que sus exigencias sean cumplidas.

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Fueron tres normas que desde el comienzo de sus gestiones se fueron debatiendo en las comisiones, juntas de portavoces y en plenos del Congreso, todas promulgadas con una amplia aprobación, pero, finalmente, anuladas por el máximo intérprete de nuestra Constitución.

Suspensión de cobro de peajes

El pasado 3 de abril, el Congreso aprobó la ley que que suspende el cobro de peajes en todas las rutas a nivel nacional durante el estado de emergencia por la pandemia del coronavirus y en mayo, por insistencia, se promulgó dicha norma.

Dicha iniciativa tenía como objetivo “evitar el contacto con los usuarios y cumplir con el aislamiento obligatorio mientras dure el estado de emergencia nacional dispuesto por el Poder Ejecutivo ante los riesgos de propagación del COVID-19”.

Desde el Poder Ejecutivo, advirtieron las demandas legales que podría recibir el Estado por parte de las concesionarias y resaltaron que acudirían al Tribunal Constitucional para presentar la denuncia.

El TC por unanimidad declaró la ley como inconstitucional, ya que observó que había discordancias en los motivos de la iniciativa legislativa.

En esa misma línea, el órgano constitucional señaló que esta “en realidad busca otorgar un beneficio económico a las actividades de transporte” y agregó que el Parlamento no dio algún sustento de cómo la ley ayudará a la lucha contra la COVID-19.

Asimismo, los parlamentarios se olvidaron que esta norma viola el mandato del artículo 62 de la Constitución, en el que se determina que los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones.

Esta fue impulsada por el candidato Rennan Espinoza de Somos Perú, partido por el cual postula el expresidente Martín Vizcarra, el mismo que presentó la demanda de inconstitucionalidad de la norma.

Ascenso automático al personal de salud

Un nuevo error del Parlamento no demoraría en llegar y es así que, días después de conocer la inconstitucionalidad de la suspensión del cobro de peajes, aprobaron otra, pero referida al sistema de salud.

Esta nueva ley autoriza el proceso de ascenso automático excepcional por años de servicio, además del nombramiento y cambio a plazo indeterminado de los profesionales de la salud en organismos públicos.

Frente a esto, el Ejecutivo presentó nuevamente una demanda de inconstitucionalidad ante el TC. El 17 de diciembre el tribunal falló a favor del Ejecutivo.

Entre los argumentos que indica la resolución se señala que el Poder Legislativo no tiene iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, así como vulnera los principios de igualdad de oportunidades y meritocracia, entre otros puntos.

Devolución de aportes a la ONP

Desde abril, el Parlamento venía debatiendo la iniciativa que proponía la devolución de los aportes a los afiliados a la Oficina de Normalización Provisional (ONP).

La norma permitía que a los afiliados se les devuelva hasta 1 UIT (4.400 soles) y el total de aportes a los que tienen 65 años a más y no reciben una pensión por no llegar a los 20 años de aporte.

Nuevamente, el Poder Ejecutivo y especialistas afirmaban que el Congreso cometería el mismo error cuando aprobaron la ley que promovía los ascensos automáticos al personal de salud; sin embargo, por insistencia se promulgó en diciembre con más de cien votos a favor.

En efecto, el último 4 de febrero los siete magistrados del TC declararon por unanimidad la inconstitucionalidad de la norma, afirmando, una vez más, que el Parlamento no tiene iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos.

Además, la presidenta del máximo intérprete de la Constitución, Marianella Ledesma, explicó que la ley vulnera el artículo 12 de la Carta Magna, el cual decreta que “los fondos y las reservas de la seguridad social son intangibles” y que “el único que puede administrar la hacienda pública es el Ejecutivo”.

Otra de las cosas que llama la atención es la unanimidad con la que los 7 magistrados del Tribunal Constitucional (TC) votaron y declararon inconstitucionales estas normas, exhibiendo la poca prolijidad con la que procedió el Parlamento.

Para el politólogo David Sulmont, los actuales congresistas son personas que “no tienen mucha experiencia” y asegura que el Perú no tiene una política que es “institucionalizada, es decir que no tiene mecanismos para pasar de una generación a otra de políticos”.

Mientras, el analista político Luis Benavente aseveró que existe un populismo por parte de los legisladores y, también, sostuvo que la “falta de experiencia los lleva a no hacer consultas técnicas jurídicas, económicas, antes de aprobar las leyes”.

“Hay un ánimo populista muy claro, por leyes que pueden indicar algunos beneficios sociales, populares, creo que eso es lo que más anima al Congreso”, manifestó.

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