Familiares de desaparecidos piden no recortar Santuario de la Memoria

A fin de evitar que se recorte el terreno donde se levantará el Santuario de la Memoria de Huamanga (Ayacucho), la presidenta de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados y Desaparecidos (Anfasep), Adelina García, entregó una carta al primer ministro, Walter Martos, quien el viernes pasado participó en una acción cívica de salud en Huanta.

Ella hubiese querido contarle cuánto han sufrido durante años, todo lo que se han esforzado para que las autoridades judiciales ordenen un cateo en La Hoyada, como se conoce a la zona junto al cuartel Los Cabitos. Un hecho que permitió la exhumación de restos que corresponden a 109 personas, 15 de ellas, plenamente identificadas como detenidos entre 1983 y 1985 por efectivos del orden.

Logró subir un momento al estrado donde estaba el presidente del Consejo de Ministros para entregarle el documento en el que le explican la grave afectación que podría tener el lugar si la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) les recorta 17.309 metros cuadrados para ampliar el aeropuerto. Piden una Mesa de Diálogo para buscar otra alternativa para esos trabajos.

“Tanto que hemos esperado, primero, para que el terreno pase al Gobierno Regional de Ayacucho; después, para que den una norma autorizando la construcción del Santuario. Y ahora que se está haciendo los expedientes técnicos, quieren recortarlo. ¿Por qué no respetan nuestro dolor?”, se queja doña Adelina.

Muchas veces ha recorrido La Hoyada preguntándose en qué parte estará su esposo, Zósimo Tenorio, a quien militares encapuchados sacaron de su casa la madrugada del 1 de diciembre de 1983.

“Muchos no hemos encontrado a nuestros familiares, pero, al menos, podemos venir aquí para rezarles y ponerles flores. Queremos pedirle al señor premier, al señor presidente que no permitan ese recorte. Este no es museo, aquí fueron enterrados nuestros familiares después de haber sido asesinados, pero, además, queremos que sea un recordatorio para que estos hechos no se repitan jamás”, remarca.

Por una camisa idéntica

Juana Carrión Jaulis también es miembro de Anfasep. Su hermano Ricardo es uno de los pocos que logró ser identificado. Ella reconoció su camisa entre la ropa que fue exhibida en Huamanga, y, tras varios exámenes el año, pasado les devolvieron sus restos, 35 años después de su desaparición por personal de Inteligencia.

“El día que lo detuvieron, recogí dos camisas del sastre que vivía cerca de la casa. Eran igualitas, pero una era crema y la otra naranja. Tenían bolsillos y el cuello grandes. Aunque cuando la vi estaba maltratada y con barro, supe que era la camisa de mi hermano”, relata.

Cuando le preguntaron cómo sabía que era su prenda, ella dijo que tenía otra igual. Por suerte, su madre la había guardado y la llevó para compararlas. Tenían el mismo tamaño, el mismo modelo, los mismos botones. Los exámenes que les practicaron posteriormente a sus padres y hermanos confirmaron que los restos eran de Ricardo.

Aunque su hermano ahora descansa en el pueblo de su madre, La Hoyada sigue siendo un lugar muy significativo para Juana. El 2018, junto a otros familiares, colocó cruces con los nombres de sus víctimas, y cada vez que puede, le lleva flores y va a rezarle.

“Estamos muy preocupados porque quieren recortar el terreno para ampliar el aeropuerto. Algunos hemos recuperado a nuestro familiar, pero muchos no y se les debe seguir buscando. Yo misma tengo otro hermano desaparecido desde 1989 ¿Y si están en la parte que quieren expropiar”, inquiere Juana.

Restos por exhumar

La directora de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y abogada de las víctimas, Gloria Cano, advierte que una parte del terreno que Superintendencia Nacional de Bienes Estatales quiere expropiar aún no ha sido cateado, por lo que no se descarta que pueda haber fosas.

Detalla que están pendientes los trabajos de búsqueda en una zona que varios años atrás fue cercada y ocupada por invasores. En este momento, está en curso un proceso judicial impulsado por el Gobierno Regional de Ayacucho para desalojarlos.

“Pretender recortar una parte del terreno destinado al santuario es una afrenta a la memoria de las víctimas, y una muestra de que el Estado no actúa de forma coherente”, sostiene.

Explica que mientras, por un lado, el Gobierno quiere expropiar esas tierras, por el otro, el Ministerio de Justicia ha participado en actividades para impulsar la construcción de este lugar de memoria. Ayudaron a transferirlo al Gobierno Regional de Ayacucho, e incluso han destinado 4 millones de soles para cercarlo y elaborar el expediente técnico para su construcción.

“Si el recorte se realiza, podría afectar, incluso, el acceso a la justicia, pues no se podría terminar de catear la zona, como se iba a pedir durante el proceso por violaciones a derechos humanos en Los Cabitos durante 1984 y 1985”, apunta Cano.

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