Bancadas esperan moción de UPP para evaluar la vacancia
Los voceros del Frente Amplio y Alianza Para el Progreso, en tanto, rechazan sumarse a este pedido. Juristas señalan que no hay causal para destituir al presidente, pero sí suficientes indicios penales en su contra.
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Otra vez la vacancia presidencial vuelve a ser tema de discusión en el Congreso. El vocero de Unión por el Perú (UPP), José Antonio Vega, dijo que hoy comenzará a recolectar las firmas para impulsar la destitución del mandatario Martín Vizcarra, por presuntamente haber pedido S/ 1 millón a la empresa Obrainsa a cambio del proyecto Lomas de Ilo de Moquegua, según la versión de un testigo ante el fiscal Germán Juárez Atoche, del Equipo Especial Lava Jato.
La República preguntó a algunos portavoces parlamentarios si sus bancadas se unirán o no al coro de UPP.
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Aron Espinoza, vocero de Podemos Perú, sostuvo que en vista “en todo momento (Vizcarra) niega haber recibido coimas, constituye una incapacidad moral”. Sin embargo, acotó, su agrupación esperará conocer los argumentos de Vega para adoptar una decisión.
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El portavoz alterno de Acción Popular (AP), Ricardo Burga, refirió que primero se debe verificar la versión del colaborador eficaz. “No se puede tomar el 100% de la declaración de una persona (como cierta). Es prematuro hablar de vacancia. Pero de comprobarse, (el presidente) tendría que dar un paso al costado. No podemos tener un representante con casos de corrupción”, alegó.
Luis Raymundo Dioses, representante de Somos Perú, respondió que esperará leer la moción que presente UPP. “Y según los argumentos, la bancada adoptará una posición de acuerdo a la Constitución”, dijo.
La vocera del Frente Amplio, Rocío Silva, en tanto, comentó que si bien estas imputaciones golpean al presidente, también ha despertado el oportunismo de organizaciones políticas de oposición. Por eso, aseguró que su bancada aún no toma una decisión: “A diferencia de otros partidos que han salido a gritar vacancia, nosotros vamos primero a analizar los hechos”.
El congresista y secretario general de Alianza Para el Progreso (APP), Luis Valdez, respondió que no estamos en una circunstancia para promover otra vez una vacancia presidencial. “Que a partir de la presunción de inocencia y debido proceso el Ministerio Público y el Poder Judicial investiguen sin ningún tipo de presión política”, enfatizó.
En caso del Frepap, organización que antes votó a favor de la vacancia presidencial del exgobernador de Moquegua, la postura de sus portavoces al respecto aún se mantiene bajo la sombra.
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Existe otro camino en el Parlamento para proceder contra Vizcarra, explicó Burga: la Comisión de Fiscalización, presidida por Edgar Alarcón (UPP) o la Comisión Especial a cargo del Caso Club de la Construcción, liderada por Carlos Almerí de Podemos. Pero dependerá del consenso que haya, pues, cabe precisar, Frente Amplio y el Partido Morado piden la salida de Alarcón de Fiscalización.
Hay indicios penales, pero no causal de vacancia
Para los constitucionalistas Omar Cairo y Javier Alonso De Belaúnde, no existen elementos suficientes para vacar al Jefe de Estado, pese a que los indicios por el presunto soborno de Obrainsa son turbulentas.
“La incapacidad moral no es la sanción por el reproche a una conducta del gobernante, sino de que se ha producido una situación de hecho de que el cargo esté vacante. Incapacidad física o moral, que corresponden a la lógica del artículo 113 de la Constitución. Estamos ante un delito, y ante un delito no cabe posibilidad de vacancia. Corresponde una investigación fiscal”, remarcó Cairo.
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“Forzar la figura de la vacancia es hacerle un fraude (a esta figura) (...) Lo que corresponde es que el presidente cumpla su mandato y al término del cual recién se proceda si es que hubiera mérito penal”, arguyó De Belaúnde.
Y si se trata del escenario penal, los argumentos jurídicos cambian.
El abogado penalista Carlos Caro explicó que hay dos delitos por los que se puede procesar al presidente por el dinero que supuestamente recibió de una compañía, luego de haberla favorecido en su gestión de gobernador de Moquegua en una obra pública. Cohecho por corrupción de funcionarios y si se comprueba el pago a cambio de la licitación es colusión.
“Los dos delitos claves, cohecho puede tener una pena de ocho años (de prisión) y en colusión una pena de quince. Si hay colaboración eficaz, me imagino que (en la Fiscalía) han llamado a declarar a los testigos”, puntualizó.
Mientras el fiscal Juárez Atoche recolecte más elementos, Vizcarra Cornejo es protegido por su investidura. Pero esta se acaba el 28 de julio del 2021. Al día siguiente el Ministerio Público tendrá la cancha libre.
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