Comisión de Justicia aprueba este miércoles dictamen para deshacinar penales
Coincidencias. Grupo parlamentario trabajará documento en base a proyectos del Ejecutivo y del Poder Judicial que contempla la excarcelación de internos con pena privativa y condenados. Se calcula que serían unos 22 mil a nivel nacional. Dictamen será debatido en el pleno del jueves.
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República aprobará este miércoles un dictamen de ley para el deshacinamiento de los penales, el mismo que será sometido a debate y aprobado durante la sesión plenaria del jueves.
La presidenta del grupo legislativo, Leslye Lazo, convocó a la nueva sesión extraordinaria, que se realizará a partir de las cinco de la tarde, luego de que el ministro de Justicia, Fernando Castañeda, y el presidente de la Sala Penal Nacional, César San Martín sustentaran los proyectos de ley presentados por sus sectores para la excarcelación de internos en el marco de la pandemia por el Covid-19.
Según el vicepresidente del grupo parlamentario, Walter Ascona, se trabajará un borrador en base a los tres proyectos de ley que han sido expuestos y que tienen muchas coincidencias, como lo han comprobado los legisladores. Destacó que lo fundamental es aprobar cuanto antes la norma debido a la difícil situación que se vive en los centros penitenciarios.
Se trata de tres iniciativas, una del Ministerio de Justicia y dos del Poder Judicial, que establecen medidas excepcionales y temporales que contribuyen a la reducción de la población penal que bordea los 100 mil y cuya tasa de hacinamiento alcanza el 238%. San Martín indicó que se podría excarcelar hasta 22 mil reos.
El proyecto del Poder Ejecutivo busca el deshacinameinto de los penales a través de la cesación de prisión preventiva para reos que no han cometido delitos graves otorgándoles comparecencia con restricciones. En el caso de los condenados, se dispone la conversión de la pena para internos cuya sanción no supere los 8 años de cárcel, a fin de que puedan cumplirla con labores comunitarias.
Están excluidos del beneficio quienes cometieron delitos contra la vida, el cuerpo y la salud; contra el patrimonio, la tranquilidad y seguridad pública; secuestro; contra la humanidad y administración pública, terrorismo, lavado de activos y contra los poderes del Estado y el orden constitucional. Todos ellos considerados graves.
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El Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), adscrito al Minjus, actuará de oficio y elaborará las listas de los eventuales beneficiarios, siendo el juez y el fiscal los que finalmente resuelvan, señala el proyecto de ley.
Castañeda sostuvo que deshacinar las cárceles es un proceso bastante complejo y solo espera que la medida que adopte el Congreso sea la más rápida y oportuna.
Ante la preocupación sobre cómo se garantiza que los reos que obtengan el beneficio no sigan siendo un peligro y foco de infección después de salir de las cárceles, indicó que el Inpe ya adquirió 13 mil pruebas rápidas y ha contratado otras 30 mil para que les sean aplicadas. Además, indicó que la cuarentena que deben realizar será fiscalizada por la Dirección Regional de Salud.
La propuesta del Poder Ejecutivo también alcanza a los Centros Juveniles donde han más de 2100 infractores y solo fueron habilitados para albergar a 1600.
Por su parte, San Martín indicó que el Poder Judicial coincide con el Ejecutivo en aplicar el deshacinamiento en los centros juveniles y que por ello no presentó ninguna alternativa jurídica.
A diferencia de la propuesta del Minjus, la iniciativa de la Corte Suprema establece la cesación de la prisión preventiva solo cuando se haya cumplido la mitad del plazo de ese confinamiento y se carezcan de antecedentes penales. Para aquellos que tienen antecedentes estos deberán cumplir las dos terceras partes de la pena privativa impuesta. También se benefician a madres gestantes y con hijos, así como a adultos mayores de 65 años.
La propuesta sustentada por San Martin, establece para los internos que purgan condenas, que el juez solo podrá otorgarles la remisión condicional de la pena si esta no supera los 8 años y deberá pagar la multa e inhabilitación. Si la pena es mayor queda a discrecionalidad del magistrado si le concede el beneficio, teniendo en cuenta su vulnerabilidad. En este caso, el juez actúa de oficio y dicta la resolución en un plazo máximo de tres días
Tanto el ministro Castañeda como San Martín admitieron que los proyectos tienen bastantes similitudes. Incluso el juez reveló que fue consultado respecto a la iniciativa que elaboró el Minjus, pero aclaró que su aporte fue personal y no institucional.
“Existen muchas coincidencias. Hay algunos aspectos técnicos que se pueden ajustar, mejorar... Pueden haber discrepancias, sin duda alguna, pero los modelos y temas claves coinciden. En líneas generales, el sentido de los proyectos es el mismo, con algunas diferencias técnicas”, manifestó el titular del Minjus.
San Martín, por su parte, manifestó que se trata de ideas equivalentes y que a su criterio si es posible unificar los tres proyectos de ley.
