Ministro Castañeda sobre liberación de presos: “Solo se verificará si pagó la pensión alimenticia”
Fernando Castañeda comentó que las medidas que promueve su sector no ponen en riesgo la seguridad ciudadana.
La República en GoogleEl ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Castañeda, explicó que, para que los internos por deudas por alimentos soliciten la libertad por la propagación del coronavirus, solo será necesario que el juez verifique si pagó o no la pensión pendiente.
“El único requisito que va a verificar el juez es si pagó o no pagó la pensión alimenticia y con ello los favorecidos van a ser más de 2.700 internos a nivel nacional. Es una medida vinculada a los hacinamientos y nos parece una medida importante”, declaró el integrante del Gabinete Ministerial a Canal N.
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Las declaraciones de Castañeda se produjeron luego que el Consejo de Ministros aprobaran el Decreto Legislativo 1459, publicado el último 14 de abril, que establece la posibilidad que los presos por no pagar alimentos cumplan su condena en arresto domiciliario.
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Según precisó el ministro, esta es una de las alternativas que promueve su sector para reducir el hacinamiento dentro del sistema penitenciario, en una situación difícil que atraviesa el país debido al incremento de infectados con la COVID-19.
Por otro lado, en una entrevista para Exitosa, Fernando Castañeda manifestó que las medidas que impulsa el ministerio que dirige no arriesgan la seguridad ciudadana, ya que no se beneficiará de ningún modo a quienes estén condenados por delitos graves, como el robo agravado, delitos sexuales, homicidios o feminicidios.
“Mucho se habla, liberemos a la mayor cantidad de presos, bueno comento que ningún país del mundo libera a presos por delitos graves. [...] Eso no va a ocurrir, ni siquiera los organismos internacionales recomiendan liberar presos de alta peligrosidad o delitos graves”, agregó.
Tras ello, el ministro añadió que en el sistema penitenciario se encuentran más de 16.000 personas con condenas por robo agravado, un promedio de 13.000 por delitos sexuales, más de 10.000 por tráfico agravado y casi 4.000 por homicidios o feminicidios.
