El informante: Buscando colusores, por Ricardo Uceda

En su Disposición 78, que formaliza una investigación preparatoria sobre supuestas ilicitudes en el Gasoducto del Sur, la fiscal Geovana Mori dispara en redondo contra un montón de imputados. En primera fila están Ollanta Humala y Nadine Heredia. Habrían liderado una organización criminal de ministros y funcionarios para hacerle ganar a Odebrecht la licitación del proyecto en 2014, previo desarrollo de un marco legal favorable. Iniciada en el 2016, la investigación caminó con pies de plomo aunque era la obra más costosa de la empresa en el Perú.

El gasoducto no está incluido en las delaciones del acuerdo de colaboración eficaz, y los actos de corrupción que se conocen fueron revelados originalmente por la prensa. La empresa reconoció pagos ilícitos a privados, mas no a funcionarios públicos. Después de que demandara al Estado ante el CIADI, la Procuraduría Ad Hoc pidió incluir a Odebrecht y a sus ejecutivos en la investigación, de la cual quedó fuera gracias al acuerdo. No está claro cuál será la decisión del Equipo Especial.

No hubo puente

En la nueva coyuntura el Ministerio Público necesita consolidar sus cargos de colusión sin el apoyo de la empresa. El objetivo más próximo es Humala. En efecto, su gobierno promovió normas propicias al proyecto e hizo declarar de necesidad nacional el desarrollo de un sistema de transporte de gas natural y la creación de un polo petroquímico en el sur. Pero ya tenía esa idea desde la campaña. Debe saberse cómo guio a su contingente político –organización criminal para la fiscalía– hacia un beneficio ilícito a Odebrecht.

Un beneficio de ese tipo habría sido, por ejemplo, que el gobierno le otorgara a Kuntur, la concesionaria original, el crédito puente que solicitaba para construir el gasoducto. El intento es parte de la acusación. Y es cierto que se creó una comisión para brindarle apoyo financiero al proyecto. En esta etapa se requería renegociar el contrato para mejorarle las condiciones a Kuntur, que ya había sido comprada por Odebrecht. Sin embargo, finalmente, desde el segundo y tercer nivel de la organización criminal –escalones citados por la denuncia–, surgieron objeciones que impidieron la aprobación del crédito. El primer nivel, el de los esposos Humala, habría sido incapaz de imponerla. Este hecho hace imperfecta la imputación.

Gobierno en pareja

En una lógica acusatoria podría asumirse que los jefes de la colusión no quisieron forzar la figura y dieron un paso atrás, renunciando a la inyección financiera irregular para convocar a una licitación amañada. Es posible. Solo que la investigación tendrá que demostrarlo en los próximos meses. La imputación contra los Humala tiene mayor base que las restantes por la confesión de Odebrecht de que les entregó tres millones de dólares para su campaña electoral del 2011.

También la sostienen los testimonios sobre el rol de Nadine Heredia. Para tratar asuntos del gasoducto tuvo reuniones ejecutivas con ministros y miembros de comités especializados, con postores y con asesores extranjeros, llegando incluso a influir en la composición de los consorcios debido a que consideraba hostil la posición del diario El Comercio, donde era accionista uno de los dueños de Graña y Montero. Aunque no hay versiones directas de que Nadine haya ordenado favorecer a Odebrecht en la licitación, la fiscal reconstruyó su actuación como autoridad de facto en el proceso.

Brazos ejecutores

El documento de Geovana Mori dice que la pareja presidencial estuvo en capacidad de dirigir el resultado del concurso, convirtiendo en títeres a tres ministros: Jorge Merino y Eleodoro Mayorga del MINEM, y Miguel Castilla del MEF. Los tres integraron el directorio de la licitadora del gasoducto, ProInversión. Allí había un comité especializado para el proyecto donde, sin pasar por los ministros, tenía las manos puestas Nadine Heredia. Con algo de cinismo podría decirse que esto no era algo especial, pues ella metía las narices prácticamente en todo.

De cualquier manera, a los ministros –los tres mencionados más otros dos, Carlos Paredes, de Transportes y Comunicaciones, y René Cornejo, de Vivienda y Construcción–, la fiscalía los imputa por lo mismo: pertenecer al segundo nivel de la organización criminal y coludirse para entregar el gasoducto a Odebrecht desde su condición de directores de ProInversión. En concreto, haber creado el comité especializado y cambiado algunos puntos del cronograma y de las bases para favorecer a la empresa, según la fiscal.

La lista de Merino

Pero estos actos funcionales tenían sustento en informes hechos por otros especialistas del Estado que no han sido investigados. Salvo Jorge Merino, que tiene una lista propia de imputaciones, lo que hay contra el resto de ministros no basta para llevarlos a un juicio oral. Ninguno está denunciado por descalificar a uno de los dos postores, lo que finalmente dejó a Odebrecht sola en la cancha. En cambio contra Merino hay munición. Está acreditado que pidió que el Estado cofinanciara el gasoducto, y que en 2013 se resistió a dejar fuera a Kuntur, que seguía esperando dinero, cuando ya había fracasado la negociación. Por otra parte, en el expediente figura una confesión impúdica de imputados de Graña y Montero que lo involucra con una entrega de información reservada del concurso.

De todos modos, aun considerando buen sospechoso a Merino, y recordando que en 2016 el Informe Pari lo halló candidato para una investigación por lavado de dinero (compró un inmueble con US$ 755 mil que habrían salido del aire), su conducta solo puede ser juzgada hasta cierto punto. Dejó el ministerio antes de que la licitación del gasoducto fuera lanzada. El misterio aún no está resuelto.