Sentenciado por caso Orellana intentó suspender juicio por supuesta demora en notificación

Carlos Vargas Machuca Arrese, uno de los afectados en la primera sentencia por organización criminal que se dio contra el Clan Orellana, quiso que se declare la “quiebra" del juicio en su contra por el que se le dictó 4 años de prisión.

La jueza Fernanda Ayasta Nassif, del Cuarto Juzgado Unipersonal, sin embargo, ha rechazado su petición. El motivo que invocó el sentenciado fue por la demora de un día en recibir la copia del fallo de la magistada, el 17 de febrero pasado.

El Poder Judicial condenó entonces a 16 personas, entre ellas a Ludith Orellana (hermana de Rodolfo Orellana), Álvaro Delgado Scheelje (exjefe de Sunarp), y otras más incluyendo a Carlos Vargas, contacto externo de la red criminal desde el 2011 y 2013 para inscribir terrenos ilegalmente influyendo en Registros Públicos.

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El documento al que accedió La República muestra así lo siguiente: que el sentenciado pidió "el quiebre del proceso penal en mérito a que la copia de la sentencia leída en acto público, le fue entregada al noveno día, esto es el día 18 de febrero de 2020, por lo que a criterio del recurrente se habría producido el quiebre del proceso!.

Según la perspectiva de Vargas Machuca, quien además se encuentra prófugo de la justicia, se violó el artículo 396 del Código Procesal Penal donde se señala que no deben transcurrir más de 8 días entre la lectura de sentencia y su notificación a los implicados.

A su criterio, el plazo corrió desde que se adelantó el fallo el 5 de febrero. Sin embargo, la jueza Ayasta aclara en su resolución que el plazo corre desde el 17 de febrero y que “el ‘quiebre del proceso’ como tal, es una figura jurídica que no existe en el Código Procesal Penal”.

El juicio solo se suspende cuando hayan transcurrido más de 8 días desde que una audiencia durante el proceso se suspende y no se retoma hasta después de ese plazo.

Como ello no ocurrió, la magistrada determinó improcedente el recurso de Vargas Machuca, planteado desde la clandestinidad.

Órdenes de captura

El 12 de febrero reciente, los fiscales Elvis Suárez y Eiser Jiménez, del quinto despacho de la Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción, solicitaron formalmente a la Policía Nacional del Perú la búsqueda y captura de los prófugos Carlos Vargas Machuca y Katherine Díaz, exabogada de confianza de Ludith Orellana y sentenciada a 8 años de prisión.

La División de Investigación de Delitos de Corrupción Vinculados al Crimen Organizado de la PNP se encargará de realizar las labores de ubicación y captura de los sentenciados.

“Lo solicitado urge, para los fines del caso citado en la referencia, por el delito contra la administración pública - cohecho activo genérico, asociación ilícita y otros en agravio del Estado. Es muy urgente”, reza el documento.

Hasta la fecha, según consultas realizadas por el Ministerio Público en Migraciones, tanto Vargas Machuca como Katherine Díaz continúan dentro del país.

La organización criminal que investigó la Fiscalía en el caso cuyo juicio duró 11 meses, siendo uno de los más veloces en ser resuelto, se apropió ilegalmente de 47 terrenos entre 2009 y 2013 con ayuda de funcionarios captados de Sunarp.