Caso Orellana: condena exige a la organización criminal pagar S/2 millones al Estado

Ludith Orellana Rengifo, hermana de Rodolfo Orellana, y el resto de integrantes de la organización criminal que encabezó entre 2009 y 2013 para apropiarse ilícitamente de terrenos con ayuda de Sunarp, ya tiene una condena en su contra.

El lunes de esta semana la jueza Fernanda Ayasta Nassif, del Cuarto Juzgado Unipersonal Anticorrupción, dio los detalles de la sentencia contra Ludith a 10 años de prisión y otros miembros de la red, solicitada por los fiscales Elvis Suárez Ferrer y Eiser Jiménez Coronel, del quinto despacho de la Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción de Lima.

Entre las órdenes de la jueza, se exigió el pago de S/2 millones al Estado por concepto de reparación civil.

Según la resolución completa a la que accedió La República, el monto contempla “un daño a la ciudadanía que ha confiado en el sistema registral de inscripción de propiedades inmuebles, habiendo causado no solo un daño al Estado”.

Ello en alusión a los 47 terrenos de los que se apropió la red criminal con ayuda del exjefe de Sunarp Álvaro Delgado Scheelje (condenado a 6 años y 8 meses de prisión), así como del ciudadano Carlos Vargas Machuca (sentenciado a 4 años de cárcel), en los periodos 2009-2011 y 2011-2013, respectivamente.

El modo de pago también se explica en el fallo de la magistrada Ayasta Nassif: el 90% del monto deberá ser desembolsado a las arcas estatales por los principales ejes de la organización criminal (Ludith Orellana, Álvaro Delgado Scheelje, la abogada Katherine Díaz, Wilfredo Núñez Peña, Carlos Vargas Machuca y Niki Ramírez Salvador).

Lo restante, el 10%, correrá a cargo de los testaferros captados por la organización Rosa Ledesma Vela, Largio Hurtado Palomino, Rosalía Vargas Shaus, Máximo Núñez Quispe, René Ocaña Valenzuela, Tesalia Pacaya Taricuarima, Lauro Sánchez Ramírez, Mike Torres Torres y Enrique Hipushima Dahua. La excajera Yanina Hurtado Marcos también deberá comntribuir con el pago.

Debido a la cantidad de hechos de los que se compone el caso, Ludith Orellana deberá pagar, aparte, S/100 mil y, junto a Katherine Díaz Berrú, su exabogada de confianza, otros S/100 mil al Banco de la Nación.

Predio devuelto

Otro elemento clave del fallo que condena a los integrantes de la red es que se ordena el “decomiso definitivo” de un terreno de 5361 metros cuadrados que corresponden al hospital Hermilio Valdizán.

Este avance es clave puesto que ayudará al resto de expedientes y casos relacionados al Clan Orellana, a devolver los inmuebles a sus verdaderos propietarios. En este caso, el terreno ubicado a la altura del Km 3.5 de la Carretera Central Zona Industrial, será devuelto al Estado.

Estructura y penas

A Ludith Orellana se le dictó 10 años de prisión tras ser hallada culpable del delito de asociación ilícita y cohecho activo genérico. Como jefa del “área de saneamiento” se encargó de solucionar problemas legales a diversos inmuebles.

Sin embargo, utilizó junto a otros abogados el Estudio Orellana Asesores y Consultores para inscribir irregularmente otros terrenos.

Entre los implicados, solo fue absuelto el exchofer de Rodolfo Orellana, Manuel Villacréz Arévalo, por “duda razonable”; mientras que el proceso contra Jerson Ríos Zapata se reservará para cuando sea ubicado y asista a las audiencias en un juicio independiente.

Álvaro Delgado Scheelje se entregó a la justicia el pasado 11 de febrero, acompañado de su actual abogado Raúl Noblecilla Olaechea. El condenado se allanó a lo dispuesto por la jueza, aunque se considera inocente y apelará la sentencia en segunda instancia.