Club de la Construcción quiso cobrarle al Estado S/ 459 millones
Por lo bajo. Con el pretexto de supuestos incumplimientos de contrato, las empresas reclamaban pagos adicionales al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a Provías Nacional, mediante la modalidad del arbitraje. La Procuraduría del MTC lo impidió.
Informe
No obstante que se encuentran implicadas gravemente en un vasto caso de corrupción de funcionarios, varias empresas del llamado Club de la Construcción pretendieron que el Estado les pagara 459 millones de soles por supuestos incumplimientos de contrato.
Constructoras que pagaron sobornos a exfuncionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y de Provías Nacional, con la finalidad de conseguir la adjudicación de millonarias obras públicas, como la construcción o rehabilitación de carreteras, sometieron a arbitrajes sus pretensiones económicas que buscaban elevar el costo original de los proyectos.
Entre estas compañías se cuentan Graña y Montero, Cosapi, Obrainsa, JJ Camet Contratistas Generales y la brasileña OAS, coincidentemente, las mismas que han solicitado acogerse a la colaboración eficaz, en un evidente reconocimiento de haber sido parte del esquema corrupto del Club de la Construcción (ver recuadro).
El consorcio compuesto por las brasileñas Andrade Gutierrez y Queiroz Galvao, y por la peruana ICCGSA, encargado de la construcción del túnel de la avenida Néstor Gambetta, demandó a Provías Nacional un monto de 76,7 millones de soles. Las tres firmas son acusadas de formar parte del Club de la Construcción.
Otro consorcio integrado por la brasileña OAS, la portuguesa Mota-Engil y la peruana Upaca, a cargo de la habilitación de la carretera Lima-Canta, exigió 71,2 millones al mismo organismo por presuntos incumplimientos contractuales. Las tres empresas mencionadas son investigadas por su pertenencia al Club de la Construcción y la primera ha solicitado acogerse a la colaboración eficaz.
Y el Consorcio Vial Huaura, al que se le adjudicó la obra de construcción de la carretera Huaura-Puente Tingo, y que está conformado por la brasileña Andrade Gutierrez y la peruana JJC Contratistas Generales, exigió 37,4 millones de soles. Las dos compañías también son parte del Club de la Construcción.
Apretando al Estado
La demanda de solo estos tres consorcios suma 185,3 millones, lo que representa el 40 por ciento de la totalidad de 459 que reclamaban los integrantes del Club de la Construcción, una organización criminal que sobornó a funcionarios públicos para quedarse con los más cuantiosos proyectos de obras públicas del MTC y de Provías Nacional.
Fue por acción de la Procuraduría del MTC que se evitó desembolsar a estas constructoras los montos que solicitaban (ver recuadro).
Sin embargo, estas empresas del Club de la Construcción han logrado fallos a su favor por 52,7 millones. No obstante, todavía existe la posibilidad de revertir las resoluciones que las benefician, porque se encuentran en apelación.
La modalidad más frecuente a la que recurren las constructoras es el arbitraje, que, como es sabido, se convirtió en una fuente de actos de corrupción. El Equipo Especial Lava Jato ha denunciado a 16 árbitros por supuestamente haber recibido sobornos de integrantes del Club de la Construcción para lograr laudos arbitrales en su beneficio.
La postura del Poder Judicial respecto a los arbitrajes cambió radicalmente cuando quedó en evidencia que algunas empresas pagaban coimas para torcer los laudos arbitrales.
Querían mucho más
“Las empresas que han perdido los arbitrajes tenían la posibilidad de recurrir al Poder Judicial a través de un recurso de anulación del laudo arbitral, pero no lo han hecho hasta la fecha. No hemos sido notificados de ninguna demanda de anulación del laudo arbitral, pero debemos considerar que el Poder Judicial tiene una posición de denegar lo que ya se resolvió en estos laudos arbitrales”, informó el procurador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, David Ortiz Gaspar.
“En el caso de los laudos donde estas empresas lograron que se les pague una mínima parte de lo demandado, muchas veces se debe a que los miembros arbitrales consideraron que entre todas sus pretensiones algunas tuvieron asideros. Pero por esa parte restante nosotros también hemos recurrido al Poder Judicial. Por esos extremos hemos pedido que se declaren nulas todas las pretensiones”, señaló el defensor del Estado.
Para lograr estos resultados, la Procuraduría Pública del MTC recusó a diferentes árbitros hoy investigados en actos de corrupción. Entre ellos, Horacio Cánepa Torre, un exárbitro sobornado por Odebrecht, quien se ha convertido en colaborador eficaz.
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Mediante los arbitrajes amañados, las constructoras lograban que el Estado les abonase millones de soles como resarcimiento por supuestas faltas, con lo que el costo de la obra a veces se duplicaba. Era una suerte de ganancia extra para las compañías que integraban el Club de la Construcción.
"Todos estos procesos han sido engorrosos porque debemos considerar que se trata de empresas poderosas, que tienen a los mejores estudios de abogados, por eso el trabajo ha sido de hormiga", relató el procurador Ortiz.
Árbitros recusados
"Hemos reestructurado el equipo con abogados comprometidos con la defensa del Estado, pero además hemos tenido que recusar a varios árbitros implicados en actos de corrupción y que mostraron falta de independencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones", apuntó David Ortiz.
Además de Horacio Cánepa, también fueron recusados los árbitros Randol Campos Flores y Weyden García Rojas.
Entre las empresas que hicieron los más cuantiosos reclamos también aparecen Queiroz Galvao y Camargo Correa (Consorcio Cajamarca), que demandaron una retribución de 30,7 millones. Y Conalvias, 27,3 millones de soles.
Individualmente, Graña y Montero Ferrovías presentó tres reclamos por 61,6 millones de soles. Ninguno le resultó favorable.
De acuerdo con la investigación del fiscal Germán Juárez Atoche, del Equipo Especial Lava Jato, las empresas integrantes del Club de la Construcción montaron un mecanismo de corrupción que les permitía, mediante el pago de sobornos, repartirse las más importantes obras públicas que licitaban el MTC y Provías Nacional.
Mediante este sistema que se mantuvo por cerca de 10 años durante los gobiernos de Alan García y Ollanta Humala, las mencionadas compañías monopolizaban la adjudicación de las obras en las que se interesaban, en particular de las que superaban los 100 millones de soles.
El caso se destapó cuando Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en el Perú, confesó a las autoridades la existencia de esta organización y admitió que él mismo participó en los hechos criminales.
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Lo que se ahorró será para más obras
Las empresas del Club de la Construcción originalmente solicitaban 511,8 millones de soles.
Un total de 52,7 millones de soles son reclamos que se encuentran en anulación del laudo arbitral.
Los 459 millones de soles que el Estado evitó pagarle al Club de la Construcción serán destinados a otras obras públicas, dijo el procurador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, David Ortiz Gaspar.
"Ahora este significativo ahorro será dirigido a la construcción de obras que beneficiarán a la población, como puentes, carreteras, colegios, centros de salud, comisarías, entre otra infraestructura", señaló.
Este tipo de reclamos por pagos adicionales no es exclusivo del Club de la Construcción. De acuerdo con el procurador, otras compañías demandan pagos por 620 millones de soles.
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