El Caso Chinchero: La historia de la adenda del aeropuerto
Controversia. El 3 de febrero del 2017, el exministro de Transportes y Kuntur Wasi firmaron una adenda para la construcción del aeropuerto de Chinchero. El acuerdo cambió el contrato original suscrito en la gestión de Humala en 2014. Para la Fiscalía, esa modificación favoreció a la concesionaria.
Por: Diego Quispe Sanchez
El Ministerio Público (MP) evalúa incluir nuevamente al presidente Martín Vizcarra en el caso Chinchero. El domingo 25, La República informó que la fiscal Zoila Sueno Chirinos envió documentación a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que compromete al jefe de Estado con esta pesquisa.
Para Sueno Chirinos, sí existen elementos que vinculen al mandatario con un presunto favorecimiento al consorcio Kuntur Wasi en la construcción del aeropuerto de Chinchero, en Cusco.
Historia de una concesión
Para comprender el caso Chinchero y cómo involucraría al presidente Vizcarra, es fundamental partir desde el gobierno de Ollanta Humala. En esa gestión se promulgó el Decreto Supremo 376, del Ministerio de Economía, que alteró la Ley Marco de Asociaciones Público Privadas (APP).
La entonces presidenta del Consejo Directivo de Ositran, Patrician Benavente, recalcó en enero del 2014 que esa norma le restaba facultades a su institución para supervisar los contratos del Estado con empresas privadas bajo la modalidad de APP. Es decir, la opinión de Ositran no iba a ser vinculante. Menos aún en el proyecto Chinchero.
En abril de ese año, la gestión de Humala otorgó la concesión de la construcción del aeropuerto de Chinchero al consorcio Kuntur Wasi, conformado por las empresas Investment Holding y la Corporación América.
El 4 de julio, el Ministerio de Transportes firmó el contrato con Kuntur Wasi para el diseño, financiamiento, construcción y mantenimiento del aeropuerto cusqueño por 40 años. La obra iba a requerir una inversión de US$ 538 millones. De ese monto, US$ 264.7 millones eran inversión pública.
A finales del periodo humalista, el aeropuerto de Chinchero era una obra pendiente.
En junio del 2016, después de que Pedro Pablo Kuczynski fue electo como presidente de la República, la Comisión Permanente eligió a Edgar Alarcón como nuevo contralor. Y Alarcón tuvo un rol fundamental en la crisis del gabinete de Kuczynski por Chinchero.
A finales del 2016, el gobierno de PPK anunció que iba a firmar una nueva adenda con Kuntur Wasi para modificar el contrato suscrito en la gestión de Humala. La concesionaria había ofrecido US$ 265 millones para la construcción del aeropuerto. A cambio, el gobierno debía devolver ese monto más 22% de intereses. En total, una cifra de US$ 587 millones.
No era una ecuación justa. Pero, al menos, con ese contrato el Ejecutivo podía rechazar el acuerdo sin arbitraje de por medio. Para el 2 de diciembre de ese año, Kuntur Wasi ya había presentado una propuesta de adenda al MTC, entonces dirigido por Martín Vizcarra.
El 20 de enero del 2017, el Consejo Directivo de Ositran se pronunció a favor de la adenda. La decisión fue apoyada por sus directores representantes Antonio Balbuena y Alfredo Dammert. El argumento radicó en que, a diferencia del primer contrato, este no iba a afectar al Estado peruano.
Opinión distinta tuvo la directora de Ositran, Patricia Benavente, quien acotó entonces, que las primeras subetapas del proyecto se iban a realizar con US$ 140 millones de fondos públicos.
En medio de protestas desatadas en Cusco por el proyecto, el exministro de Transportes aprobó la firma de la adenda por Chinchero el 3 de febrero del 2017. Vizcarra alegó que con ese acuerdo el ahorrar sería de S/ 1.900 millones en intereses. El problema era que el Estado iba a asumir el 80% del financiamiento del proyecto.
La consecuencia fue que el procurador anticorrupción Amado Enco denunció una presunta colusión de funcionarios del MTC y ejecutivos de Kuntur Wasi. Por eso, el 24 de febrero el Ministerio Público inició una investigación preliminar. Al mes siguiente, la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción allanó las oficinas de Kuntur Wasi.
Mientras tanto, en los Pasos Perdidos del Parlamento, el fujimorismo y la izquierda aprovecharon la coyuntura para promover una interpelación contra Vizcarra, quien tuvo que responder por la adenda suscrita el 18 de mayo. Kuczynski, por su parte, adelantó que iba a plantear una cuestión de confianza ante una eventual censura. Por su parte, los fujimoristas aguardaban un elemento clave para dar ese paso: el informe del contralor Alarcón.
Sorpresivamente, luego de haber defendido la modificación al contrato de concesión, el entonces ministro de Transportes Martín Vizcarra anunció el 21 de mayo que la adenda ya no procedía.
Al día siguiente, el hoy presidente renunció al cargo. Horas después, Alarcón hizo público su expediente: según la Contraloría el contrato había sido suscrito “incumpliendo la normativa que regula las APP”. Vizcarra fue reemplazado por Bruno Giuffra, quien disolvió la concesión con Kuntur Wasi “por mutuo acuerdo”. Y luego se anunció una nueva licitación por Chinchero.
En agosto del 2017, la Fiscalía inició investigaciones contra el exministro de Transportes, pero al mes siguiente fue designado embajador en Canadá.
El 12 de marzo del año pasado, luego de que Vizcarra asumiera la presidencia de la Repúbica, el ex fiscal de la Nación Pablo Sánchez archivó de manera provisional la investigación contra el jefe de Estado por el caso Chinchero.
La turbulencia de la indagación pareció dormirse.
En tanto, el 24 de junio, Kuntur Wasi rompió el diálogo con el gobierno e inició un proceso de arbitraje ante el Ciadi. Al mes siguiente, el nuevo ministro de Transportes, Edmer Trujillo, anunció que la construcción de Chinchero sería pública. A cargo de la supervisión quedaría el consorcio surcoreano Korea Airports Corp.
Y en noviembre último, las investigaciones por el caso Chinchero pasaron a manos de la fiscal Sueno Chirinos.
En medio de la confrontación entre Ejecutivo y Legislativo por el adelanto de elecciones, esta indagación por el aeropuerto del Cusco sería la excusa del fujiaprismo para intentar presentar una moción de vacancia presidencial.
Molinelli negó coima por adenda
- El último viernes, la fiscal Zoila Sueno Chirinos formalizó la investigación preparatoria contra la exviceministra de Transportes, Fiorella Molinelli, quien fue citada por el Ministerio Público para el 23 de setiembre a las 08:30 a.m.
- En Twitter, la hoy presidenta de EsSalud respondió a la acusación de un medio local sobre una supuesta coima ofrecida al excontralor Edgar Alarcón para que “no encuentre hechos irregulares” en la adenda de Chinchero.
- “Defenderé mi honor y el de mi familia en todos los fueros. Llegaré hasta las últimas consecuencias. Hoy iniciaré las acciones legales que corresponden”, expresó.
- Cabe precisar que la investigación de Sueno también involucra a otros exfuncionarios del MTC, Ositran y a exejecutivos de Kuntur Wasi.
Chinchero
