Exasesor de Keiko Fujimori autorizó su propia contratación en el Congreso

Por: Ángel Páez

El 7 de marzo del 2018, el entonces presidente del Congreso, el fujimorista Luis Galarreta, solicitó la creación de diez plazas para el nombramiento de altos funcionarios del Poder Legislativo, entre ellos, el fujimorista Luis Mejía Lecca, para la Oficina de Defensa de las Leyes, y el fujimorista Wilfredo Ponce de León Pandolfi, como titular de la Oficina de Asesoría Jurídica. Después de contratados, los dos funcionarios luego participarían en presuntas acciones de obstrucción a las acciones de los fiscales del Equipo Especial Lava Jato que investiga a Keiko Fujimori y a la cúpula de Fuerza Popular.

Mejía está preso por haber intentado comprar a falsos aportantes de la campaña presidencial de Keiko Fujimori, residentes en el departamento de San Martín, para que cambien de versión ante los fiscales del Equipo Especial; y Ponce de León es investigado por las autoridades por haber abordado a dos declarantes del mismo caso relacionados con el testigo protegido y congresista fujimorista Rolando Reátegui Flores. El testimonio incriminatorio de Reátegui fue uno de los que los fiscales del Equipo Especial presentó a los tribunales para requerir la detención preventiva de Keiko Fujimori.

Según el expediente de la contratación de Luis Mejía y Wilfredo Ponce de León, se requirió tanto para el primero como para el segundo el Nivel Remunerativo 11, lo que equivale a 14 mil 237 soles mensuales (871 mil 574 soles anuales).

La solicitud de la contratación de Mejía y Ponce de León y de otros ocho funcionarios y técnicos –entre ellos, el coordinador periodístico Christian Peralta Navarrete, asesor de prensa de Keiko Fujimori–, contó con el visto bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica del Congreso, mediante un documento que dice: “Este despacho es de la opinión que la Mesa Directiva del Congreso cuenta con las prerrogativas y facultades legales necesarias para aprobar lo propuesto por el Departamento de Recursos Humanos”, instancia que previamente había dado luz verde. En ese momento, como indica el sello estampado en el mencionado documento, el jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica era el mismo Wilfredo Ponce de León.

Ponce de León, virtualmente, había aprobado su propia contratación y las de sus compañeros de Fuerza Popular.

Plan organizativo

Ponce de León y Mejía son hombres de confianza de Keiko Fujimori y ocuparon cargos en el Comité Ejecutivo Nacional de Fuerza Popular que encabezó la excandidata como presidenta del partido.

Originalmente, el 14 de setiembre del 2016, cuando actuaba como miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Fuerza Popular, y luego de haber trabajado como asesor de la excongresista Keiko Fujimori entre 2006 y 2011 –periodo en el que la exparlamentaria tuvo una pobrísima producción legislativa y muchas inasistencias a su despacho–, la entonces titular del Congreso, la fujimorista Luz Salgado Rubianes, designó a Wilfredo Ponce de León como jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica mediante la modalidad de funcionario con contrato de confianza. Pero es en el mandato de Luis Galarreta que lo nombró como funcionario con contrato indeterminado. Esto es, sin fecha de caducidad.

La contratación sería ilegal; en ambos casos, sería ilegal. Ponce de León, como todos los funcionarios fujimoristas contratados, debieron someterse a un concurso público, como se verá más adelante.

Después de que el diario El Comercio publicó el domingo 30 de junio que el Equipo Especial había detectado a Ponce de León en Tarapoto abordando a los testigos del caso contra Keiko Fujimori –Micaela del Águila Vela y Rosa Uyehara García–, el coordinador del Equipo Especial, Rafael Vela, declaró al programa Cuarto Poder que la actuación del jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del Congreso encajaba como un acto de obstrucción a la justicia. Y no era la primera vez.

El 7 de diciembre del 2017, Ponce de León estuvo en compañía de una decena de congresistas fujimoristas que pretendieron interrumpir el allanamiento que dirigía el fiscal José Domingo Pérez en el local de Fuerza Popular de Paseo Colón. Entre los legisladores estaba Salgado, quien había nombrado a Ponce de León. Videos captados por la Policía sobre el operativo confirman que Ponce de León intervino como abogado y así se le escucha decir al fiscal Pérez cuando Aramayo le reclama a la autoridad que justifique su presencia en el partido fujimorista. “Ya le informé al abogado… Señor abogado, por favor, explíquele”, indicó Pérez dirigiéndose a Ponce de León.

Ahora la bancada pretende subestimar la actuación del exfuncionario, cuando lo cierto es que su conducta encaja con otros intentos del fujimorismo por interferir en la actuación de los fiscales del Equipo Especial. Probablemente, Wilfredo Ponce de León siga el mismo camino que su amigo y compañero de partido Luis Mejía Lecca.

Documentos

Primero fue Luz Salgado, después Luis Galarreta, basado en un informe del mismo Ponce de León, quienes aprobaron su contratación y la de Luis Mejía, preso por obstrucción.