Se filtró el acta del acuerdo del Equipo Especial con Odebrecht

La República
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El acuerdo de colaboración con Odebrecht

Lava Jato. Filtración de las 17 páginas del documento buscaría frustrar las investigaciones con la constructora Odebrecht o generar sanciones para los fiscales y el procurador que deberían proteger su confidencialidad. Fiscal Pérez señaló que se incrementará la vigilancia en su despacho.

La reserva o confidencialidad terminó de facto por una filtración en las redes sociales. Una copia del “acta de acuerdo preparatorio de colaboración y beneficios”, que el Equipo Especial y la procuraduría ad hoc para el caso Lava Jato en el Perú firmaron con la constructora Odebrecht, se hizo pública ayer en las redes sociales.

El documento debía permanecer reservado hasta la firma final y su aprobación por un juez, de acuerdo con la Ley de Colaboración Eficaz con la justicia. La confidencialidad evita que alguna parte interesada sabotee la entrega de información y las pruebas que la Fiscalía busca con este tipo de acuerdos.

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Bajo ataque

Los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez y el procurador ad hoc Jorge Ramírez ya habían informado a la opinión pública de las principales partes del acuerdo. Así, el contenido era más o menos conocido, aunque el acta no era pública.

Desde ese punto de vista, el acta filtrada no ofrece nada nuevo, ni muestra nada ilegal ni contradice lo que ya se había informado del acuerdo con Odebrecht.

El acta del acuerdo es la base documental del documento de colaboración eficaz que la Fiscalía debe firmar con la empresa y los exfuncionarios de Odebrecht acogidos a colaboración eficaz para su revisión y aprobación por el Poder Judicial.

Así las cosas, la filtración de una copia de la mencionada acta puede tener dos objetivos, precisaron las fuentes judiciales. Por un lado, frustrar la firma del acuerdo de colaboración que los exdirectivos de Odebrecht deben firmar con la Fiscalía en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, en los siguientes días.

De otro, hacer quedar mal a los fiscales y al procurador, pues ellos son los que legalmente están obligados a asegurar la confidencialidad de este documento.

En agosto pasado, el fiscal Rafael Vela pidió a la Oficina de Control Interno del Ministerio Público investigar al exjefe del Equipo Especial Hamilton Castro por una presunta filtración del preacuerdo que firmaron el 4 de enero del 2018.

La investigación se archivó, pero si se confirmaba podría haber generado una sanción disciplinaria a Castro. Eso es lo que probablemente podrían estar buscando los que ayer filtraron la copia del acta del acuerdo.

El filtrador

La filtración se produjo a través de diversas cuentas en las redes sociales. Una copia fue difundida en la cuenta de Facebook del director de Projusticia, Fernando O’Phelan.

Projusticia es una asociación civil que se autodenomina “anticaviar” y está vinculada a empresarios mineros y azucareros con nexos con el fujimorismo desde los años 90 del siglo XX.

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También se difundió a través de la cuenta en Twitter de PBO digital, vinculada a Phillip Butters.

Conforme a lo que ya había informado la Fiscalía, Odebrecht se obliga a entregar información sobre actos de corrupción relacionados con cuatro obras de infraestructura en el país: Vía Evitamiento Cusco, Corredor Interoceánica Sur, Metro de Lima, tramos 1 y 2 y Vía Costa Verde Callao.

Además, a dar acceso a la Fiscalía a la información contenida en los servidores Drousys y MyWebDay relacionados a actos de corrupción en agravio del Perú y a entregar cualquier otra información de interés de la Fiscalía.

Los delitos de lavado de activos, por aportes en las campañas políticas en el Perú, no están incluidos en el acuerdo de colaboración eficaz. Odebrecht no los reconocería como delitos en el Perú. En el Brasil están considerados como un delito menor, de falsa declaración a la entidad electoral.

A cambio de esa colaboración, la Fiscalía y la procuraduría reconocen que la constructora Odebrecht pasa por una difícil situación económica, por lo que necesita seguir operando en el Perú para pagar todas sus deudas con proveedores y el Estado.

Además, para poder pagar la reparación civil por los delitos cometidos en el país, que se establece en 610 millones de soles (US$ 200 millones aproximadamente).

Si Odebrecht entra en este momento en liquidación, sus activos, que suman unos 900 millones de dólares, no le alcanzarían para pagar todas sus deudas que ascienden a unos 1,500 millones de dólares, más la reparación civil.

El Perú no podría cobrar nada y los corruptos quedarían impunes, pues no habría pruebas ni testimonios para llevarlos a juicio por actos de corrupción.

Preocupación

El fiscal José Domingo Pérez mostró su preocupación por la filtración de una copia del acta de acuerdo.

“Estoy preocupado porque se estaría haciendo actos o prácticas indebidas de haber obtenido copias o fotografías de un documento que está archivado en las oficinas de la Fiscalía y se estaría dando un uso indebido a través de las redes sociales”, sostuvo.

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Recordó que hace un tiempo, un investigado (el expresidente Alan García) señaló que tenía informantes en la Fiscalía que le estaban alcanzando información.

“Voy a solicitar que se redoble la seguridad en las instalaciones del despacho fiscal y que se haga una reevaluación del personal de seguridad privada asignado al Equipo Especial”, enfatizó el fiscal.

La filtración no debería afectar el acuerdo de colaboración con Odebrecht.

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El acta de acuerdo preparatorio de colaboración y beneficios se firmó el 8 de diciembre último, entre el fiscal Domingo Pérez y representantes de Odebrecht.

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En el acta se reconoce que los activos totales de Odebrecht en el Perú, entre concesiones y otros, ascienden a 900 millones de dólares, mientras que sus acreencias sumarían US$ 1,500 millones. De cerrar, dejaría millonaria deuda.

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El acuerdo de colaboración eficaz establece la reparación civil que corresponde a Odebrecht. La procuraduría también buscará cobrar a las empresas nacionales y extranjeras consorciadas en las obras. 

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La constructora Odebrecht ofreció pagar una reparación civil de 297 millones de soles, de acuerdo con la formula aprobada con el DS N° 096-2018-EF. La procuraduría solicitó 610 millones, y eso es lo que se acordó pagar de reparación civil.

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Una vez aprobado judicialmente el acuerdo, la Fiscalía buscará levantar las prohibiciones para que Odebrecht pueda volver a contratar con el Estado. 

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Con el acuerdo de colaboración, la constructora brasileña se compromete a facilitar el acceso de los fiscales a los servidores Drousys y MyWebDay. 

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Odebrecht informará a la Fiscalía de nuevos hechos de contenido penal que se puedan encontrar en sus servidores y pagar la reparación civil adicional que corresponda.

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El acta de acuerdo fue firmada por el fiscal José Pérez, el procurador ad hoc Jorge Ramírez y a los representantes de Odebrecht, Lourdes Carreño y Ricardo Machado Weyll.