Justicia argentina condena a expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos
Los simpatizantes de la exmandataria acusan a la justicia argentina de aplicar lawfare para proscribirla de la actividad política y un futuro mandato.
La Cámara de Casación argentina confirmó la condena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos de Cristina Fernández de Kirchner. La expresidenta fue declarada culpable de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” en el marco de la conocida “causa Vialidad”. Con esta decisión, el tribunal rechazó todos los recursos de la defensa y de la fiscalía, lo que deja en firme la sentencia original emitida en 2022 por el Tribunal Oral Federal N° 2. Sin embargo, la ejecución de la sentencia aún no es inmediata, ya que la expresidenta tiene derecho a apelar ante la Corte Suprema, lo cual podría retrasar su cumplimiento durante varios años. A pesar de que no posee fueros, la avanzada edad de Fernández de Kirchner le permitiría cumplir su eventual condena en arresto domiciliario .
El fallo también ordena el decomiso de 84.835.227.378,04 pesos, monto que se ejecutará cuando el fallo sea definitivo y será actualizado conforme a la situación económica del país en el momento de su aplicación .
¿Por qué condenan a Cristina Fernández de Kirchner?
La causa judicial contra Fernández de Kirchner se originó en investigaciones sobre supuestas irregularidades en la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz durante su presidencia. Según las acusaciones, empresas cercanas a la expresidenta, principalmente Austral Construcciones, de Lázaro Báez, habrían recibido contratos de manera irregular y con sobrecostos millonarios. Báez, quien fue un socio comercial de la familia Kirchner, ya había sido condenado por otros delitos financieros, y actualmente cumple prisión domiciliaria.
En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal N° 2 condenó a Fernández de Kirchner y a otros exfuncionarios en un fallo que suscitó polémicas en toda Argentina. La defensa de la expresidenta argumentó que no hubo pruebas concluyentes de asociación ilícita, y aunque fue absuelta de este cargo, los jueces sostuvieron su responsabilidad en la administración fraudulenta de fondos públicos. Durante el juicio, el fiscal Diego Luciani fue criticado por sus vínculos con el expresidente Mauricio Macri y su participación en reuniones sociales que plantearon dudas sobre la imparcialidad del proceso .
¿Por qué se le llama caso "viabilidad"?
El caso "Vialidad" toma su nombre de la Dirección Nacional de Vialidad, una entidad estatal argentina responsable de la planificación, construcción y mantenimiento de las rutas y caminos del país. La causa judicial investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de obras públicas para la construcción y mantenimiento de rutas en la provincia de Santa Cruz durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
En este caso, se acusa a la expresidenta y a varios funcionarios de haber otorgado de forma irregular y con sobrecostos millonarios una serie de contratos a Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez, quien mantenía una relación cercana con la familia Kirchner. Las irregularidades señaladas incluyen presuntos favoritismos en la adjudicación de contratos, incumplimientos en las obras y pagos excesivos, lo que habría generado pérdidas significativas para el Estado. La causa Vialidad busca determinar si estos actos constituyeron delitos de corrupción y fraude en perjuicio de la administración pública.
Reacciones luego del fallo
El dirigente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, , Juan Grabois, se pronunció en los exteriores del recinto donde se dictaba sentencia y acusó de lawfare el fallo con la intención de proscribir de la actividad política a la lideresa progresista.
"Acá estamos frente a una mafia. Es una mafia que no solo tiene en prisión condicional, extorsionada y encarpetados a dirigentes políticos, periodistas, medios de comunicación, a diputados... es decir es un mecanismo extorsivo de disciplinamiento que además busca fundamental plata", denunció Grabois.
