Paraguay afronta una crisis bancaria que lleva a la oposición a impulsar un juicio político contra el presidente Santiago Peña
La intervención de Ueno Bank por problemas de solvencia desató una crisis bancaria en Paraguay que afecta a casi 2,94 millones de clientes. El cierre de sus servicios impide operar con normalidad y ha dejado comprometidos depósitos de ahorristas, recursos públicos y fondos de jubilación.

Paraguay afronta una crisis bancaria después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenara la intervención de Ueno Bank por problemas de solvencia. La medida dejó sin acceso inmediato a sus depósitos a millones de clientes, además de comprometer recursos estatales y fondos de jubilados. Ante este escenario, senadores de oposición anunciaron que promoverán un juicio político contra el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana.
La decisión del organismo regulador también abrió una investigación sobre la gestión de la entidad financiera. Su titular, Carlos Carvallo, presentó su renuncia ante el Poder Ejecutivo después de que Peña solicitara su salida. El funcionario había presidido la Financiera Ueno, antecesora del banco, antes de asumir la dirección del BCP en 2023.
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Ueno Bank cierra y congela 380 millones del IPS
El Banco Central dispuso por unanimidad el procedimiento de resolución de Ueno Bank después de detectar que su índice de solvencia cayó por debajo del 50% del mínimo exigido. La intervención provocó el cierre de la aplicación, las tarjetas, los cajeros automáticos y los servicios de banca en línea.
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La medida también dejó congelados los activos y pasivos de la entidad. El texto cifra en unos 380 millones de dólares los recursos del Instituto de Previsión Social (IPS) comprometidos, incluidos depósitos vinculados a cerca de 32.000 jubilados. Por su parte, la gerente financiera del organismo, Gladys Vera, había señalado que sus inversiones en el banco ascendían a unos 355 millones de dólares. También quedaron afectados fondos de la Administración Nacional de Electricidad y de la represa binacional de Itaipú.
El Fondo de Garantía de Depósitos protege hasta 75 salarios mínimos mensuales por persona o empresa, equivalentes a 228.300.000 guaraníes, unos 38.622 dólares. Para los montos superiores, la recuperación dependerá del balance de exclusión de activos y pasivos, que la Superintendencia de Bancos debe completar en un plazo máximo de 15 días.
Carvallo aseguró que la prioridad serán los pequeños clientes. "El BCP va a desplegar toda su fuerza para que el proceso sea lo más rápido posible y la prioridad siempre van a ser los pequeños ahorristas", afirmó. Además, el organismo anunció un primer pago de hasta 10 millones de guaraníes, cerca de 1.675 dólares, para los depositantes.
Oposición acusa a Peña y pide su destitución
La bancada del Bloque Democrático anunció que impulsará un juicio político contra Peña y Alliana por la crisis. También presentará una denuncia ante el Ministerio Público contra los integrantes del directorio del BCP, encabezado por Carvallo, para que se investiguen posibles responsabilidades penales por sus actuaciones en la supervisión del sistema financiero.
El procedimiento está regulado por el artículo 225 de la Constitución de Paraguay. La Cámara de Diputados debe aprobar la acusación con dos tercios de los votos y el Senado actúa como juez. Si encuentra responsable al funcionario, puede destituirlo o remitir los antecedentes a la Justicia ordinaria.
El senador Rafael Filizzola sostuvo que el mandatario tiene una vinculación directa con el caso por su antigua participación accionaria en el grupo que controlaba Ueno. Peña vendió sus acciones en abril de 2025, según el diario ABC Color. La oposición también advirtió sobre el riesgo para los recursos públicos y pidió al Gobierno garantizar los derechos ciudadanos ante posibles protestas.
Fundador de Ueno se entrega y pesa embargo de US$70 millones
Miguel Vásquez, fundador y mayor accionista de la entidad, se presentó ante la Policía en Asunción, acompañado de sus abogados. También acudieron otros cinco directivos, entre ellos el presidente del directorio, Juan Manuel Gustale Cardoni. Dos ejecutivos permanecían prófugos, según la información difundida.
El abogado Víctor Dante explicó que Vásquez decidió ponerse a disposición de la Justicia después de conocer por la prensa que era requerido por las autoridades. En paralelo, un juez civil y comercial ordenó el embargo preventivo de bienes de la cúpula directiva por un valor de US$70 millones. Además, fijó más de un billón de guaraníes, unos 167,5 millones de dólares, para gastos del proceso judicial.
Ahorristas, jubilados y comercios quedan sin operar
La suspensión de los servicios afectó a los más de 2,94 millones de clientes que tenía el banco, según cifras de junio. En Asunción, numerosos usuarios acudieron a las sucursales para intentar retirar sus ahorros. José Aguilar, un empresario que tenía 20 millones de guaraníes en la entidad, dijo que necesitaría préstamos para pagar a sus trabajadores.
"Vine a retirar para poder pagar a mi personal (…), tendré que recurrir a préstamos, o prestar aquí y allá para poder pagar el viernes", declaró a EFE.
El impacto también alcanzó a la actividad comercial. La Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar) advirtió que dos de cada tres operaciones electrónicas en las multitiendas se realizaban mediante cuentas de Ueno Bank, por lo que anticipó una posible semiparalización de las ventas. Además, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación desactivó los pagos del Portal Paraguay.


















































