Gobierno de Milei retira el capítulo que permitía la venta de tierras a extranjeros tras el rechazo social
Las críticas por un posible impacto sobre la soberanía territorial llevaron al Gobierno argentino a postergar la reforma que flexibilizaba la compra de tierras por extranjeros. Organizaciones sociales y especialistas celebraron la decisión, aunque el Ejecutivo insiste en revisar el proyecto.
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El Gobierno de Javier Milei retiró del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo que modificaba las reglas sobre la venta de tierras a extranjeros en Argentina, luego del fuerte rechazo social y político que generó la iniciativa. La decisión se conoció un día antes del debate previsto en el Senado y permitió que el resto del proyecto continúe su trámite legislativo sin el punto más controvertido.
Un portavoz del bloque integrado por La Libertad Avanza y sus aliados confirmó a EFE que la medida fue adoptada por unanimidad con el fin de "continuar trabajando sobre ese capítulo y alcanzar un mayor nivel de consenso". Además, aclaró que la postergación no implica su eliminación definitiva, sino la intención de revisar el texto e incorporar nuevos aportes antes de volver a presentarlo.
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El límite del 15% a extranjeros seguirá vigente
Con la retirada del capítulo, la Ley de Tierras vigente desde 2011 mantiene sin cambios sus principales restricciones. La normativa, aprobada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, establece que las personas y empresas extranjeras no pueden poseer más del 15% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial o municipal. También fija un máximo de 1.000 hectáreas para un mismo titular extranjero en la zona agropecuaria núcleo.
El oficialismo había planteado inicialmente eliminar ese límite y, ante la falta de respaldo, propuso elevarlo al 25%. Sin embargo, esa modificación tampoco consiguió el consenso necesario. El Gobierno sostiene que flexibilizar la normativa favorecería la inversión extranjera y mejoraría la seguridad jurídica. El ministro Federico Sturzenegger afirmó en mayo que la legislación actual representa un freno para el ingreso de capitales destinados al agro, la actividad forestal y la infraestructura portuaria.
A pesar del retiro de ese apartado, el Senado debatirá la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluye cambios al régimen de expropiaciones, modificaciones al Registro de la Propiedad Inmueble y una actualización de la Ley de Manejo del Fuego, entre otros puntos.
Observatorio alerta con respecto a riesgos para la soberanía
El Observatorio de Tierras de la Universidad de Buenos Aires cuestionó la propuesta al considerar que "pone en riesgo el acceso del pueblo argentino a los bienes comunes" y "abre el territorio a una lógica de mercado sin resguardos suficientes". Según el organismo, alrededor de 13,2 millones de hectáreas ya pertenecen a propietarios extranjeros, una superficie similar a la de Grecia o Nicaragua.
El historiador Matías Oberlin sostuvo que el principal problema no es únicamente la cantidad de tierras, sino su ubicación. Explicó que los casos más sensibles se concentran en áreas de frontera y en regiones con recursos estratégicos como agua dulce, minerales, bosques, puertos y pasos internacionales. Organizaciones sociales y sectores de la oposición convocaron a una movilización frente al Congreso bajo la consigna "La patria no se vende", al considerar que la reforma comprometía la soberanía y facilitaba el ingreso de grandes capitales sobre territorios declarados estratégicos.
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