Informe revela 22 muertos y 583 arrestados por los conflictos en Bolivia, además de US$ 15,1 millones en daños viales

Informes oficiales de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Obras Públicas revelaron que los casi 50 días de bloqueos de carreteras en Bolivia dejaron un saldo de 22 personas fallecidas, 583 arrestados y daños a la infraestructura vial que superan los 15,1 millones de dólares (más de 150 millones de bolivianos).

Las protestas contra el Gobierno del presidente Rodrigo Paz se extendieron entre el 6 de mayo y el 22 de junio, con hasta 90 piquetes simultáneos en siete de los nueve departamentos del país. El conflicto provocó pérdidas generales por más de 3.000 millones de dólares y un severo desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal.

De las 22 muertes confirmadas por la Defensoría del Pueblo, tres se produjeron durante operativos policiales y militares de desbloqueo en la ciudad de El Alto y las localidades de Jupani y Vilaque Copata.

El resto de los decesos estuvo ligado indirectamente a los cercos: tres personas murieron por atención médica tardía, tres pacientes oncológicos perdieron la vida tras desistir de sus traslados, dos ciudadanos murieron atrapados dentro de sus vehículos en tránsito y 11 fallecieron en accidentes al intentar eludir o vigilar los piquetes, incluidas seis víctimas del siniestro de una avioneta de la Fuerza Aérea Boliviana.

"Se han manejado muchas cifras; es importante recalcar que la investigación de todos estos casos es facultad del Ministerio Público", señaló Jennifer Guachilla, directora de Planificación de la Defensoría.

El informe también detalló 88 heridos (41 movilizados, 19 policías, 12 civiles y cinco periodistas) y denunció 38 agresiones a trabajadores de la prensa, cometidas tanto por manifestantes como por las fuerzas del orden.

Situación legal de los 583 arrestados

El reporte de la Defensoría contabilizó 583 detenciones en las casi siete semanas de conflicto. Del total de arrestados, 324 fueron liberados y 255 resultaron imputados penalmente por delitos como terrorismo, atentado contra la seguridad e instigación pública a delinquir.

Entre los procesados, 68 personas se defienden en libertad, 130 se encuentran bajo medidas cautelares, como detención preventiva o domiciliaria, y 42 ya fueron sentenciadas mediante procedimientos abreviados.

Entre los encarcelados preventivos se encuentra Vicente Salazar, máximo dirigente de los campesinos de La Paz, a quien se le dictaron seis meses de prisión el último lunes. El juez ordenó su traslado al recinto penal de Chonchocoro, en las afueras de La Paz y a casi 4.000 metros de altura.

Destrozos viales de 15,1 millones de dólares

El Ministerio de Obras Públicas detalló que los daños afectaron a 37 tramos de la Red Vial Fundamental. Las pérdidas económicas incluyen la destrucción de casetas, instalaciones y equipos operativos de peaje en la ruta troncal La Paz-Oruro, además de la recaudación no percibida.

En la carretera internacional hacia Perú (Desaguadero), los manifestantes emplearon maquinaria pesada para cavar zanjas transversales de grandes dimensiones y destruyeron barreras de seguridad de concreto para utilizarlas como material de bloqueo, lo que provocó un severo deterioro de la carpeta asfáltica.

Las protestas, impulsadas inicialmente por la federación campesina Túpac Katari, sumaron el apoyo de la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores afines al expresidente Evo Morales. Las rutas fueron finalmente liberadas luego de que el Gobierno pactó un acuerdo con la COB y decretó, el 20 de junio, un estado de excepción por 90 días para desplegar a la Policía y al Ejército.