Es falso que el gobierno peruano haya pagado “indebidamente” US$250.000 a Indira Huilca: fue una reparación por vulnerar el debido proceso contra su padre

LO FALSO:

• Indira Huilca recibió un pago "indebido" US$250.000 por parte del gobierno peruano.

LO VERDADERO:

• La CIDH, en el año 2005, ordenó que el Estado peruano indemnice a Indira Huilca y varios miembros de su familia debido a la violación de derechos en el caso del asesinato de su padre, Pedro Huilca, ocurrido en el año 1992.
• El artículo 67 del Pacto de San José señala que la sentencia de la CIDH "es definitiva e inapelable".

En el marco de las Elecciones Generales y Parlamentarias 2026 que se realizarán en abril, comenzó a circular en redes sociales una información errónea que afirma que la candidata a diputada por el partido Ahora Nación, Indira Huilca, debe devolver US$250.000 dólares que, según se dice, el Estado peruano le pagó "indebidamente" a raíz de que el Poder Judicial absolviera al exasesor presidencial Vladimiro Montesinos y otros exagentes del grupo paramilitar Colina, por el asesinato del líder sindical Pedro Huilca Tecse.

Esta afirmación es falsa, ya que el monto mencionado corresponde a una indemnización ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que dictaminó en 2005 que el gobierno de aquel entonces, bajo la presidencia de Alejandro Toledo, debía pagar a la familia Huilca como compensación en el contexto del asesinato de Pedro Huilca, ex secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), quien fue asesinado el 18 de enero de 1992 por un grupo de paramilitares vinculados a las fuerzas del orden.

La publicación falsa fue compartida en Facebook y ha obtenido hasta el momento más de 1.700 "me gusta", más de 1.300 comentarios y ha sido compartida más de 500 veces.

Una indemnización por vulnerar el debido proceso judicial

La resolución Serie C, número 121, de la Corte IDH contra el Estado peruano se fundamenta en la violación del derecho a un proceso justo y al acceso a la justicia en el caso de Pedro Huilca. Según la sentencia, el Estado retrasó indebidamente la investigación, con actos u omisiones que obstaculizaron el avance del proceso penal. Las demoras no solo impidieron que se brindara una respuesta judicial rápida y efectiva, sino que también socavaron la confianza en el sistema de justicia, lo que la Corte IDH consideró como una violación al derecho a un juicio justo.

La resolución también señala que, a pesar de que algunas personas fueron inicialmente condenadas por el homicidio, esas decisiones no resultaron en una sanción plena y efectiva. Con el tiempo, la investigación quedó casi inconclusa, sin esclarecer completamente la responsabilidad de todos los implicados. Esta falta de sanción impidió que las víctimas recibieran una reparación integral a través del sistema judicial interno, lo que la Corte interpretó como una deficiencia estructural en el acceso a la justicia. Cabe precisar que el pago de la indemnización fue entregado a ocho miembros de la familia Huilca y una parte de la cantidad total (US$20.000) se le asignó a Indira.

Por otra parte, el artículo 67 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José establece que la sentencia de la Corte "es definitiva e inapelable" y que son obligatorias para los Estados que han aceptado su jurisdicción. Precisamente, en noviembre de 2023, durante una entrevista en Radio Nacional, el abogado de la familia Huilca, Carlos Caro, aclaró que ellos no devolverían los US$250.000, ya que las decisiones de la Corte IDH son definitivas e inapelables, "nos guste o no", según explicó.

Conclusión

En el contexto de las elecciones parlamentarias de 2026, ha circulado en redes sociales una información errónea que acusa a la candidata Indira Huilca de recibir un pago indebido de US$250.000 del Estado peruano. Sin embargo, esta cifra corresponde a una indemnización ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2005, debido a la violación de derechos en el caso del asesinato de su padre, Pedro Huilca. La familia Huilca recibió esta compensación como reparación por el daño sufrido. Además, la sentencia de la CIDH es definitiva e inapelable, lo que refuerza la legalidad del pago.

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