Bolivia declara emergencia energética y social y autoriza a privados a comercializar derivados del petróleo ante la crisis
El decreto establece condiciones para que las empresas bolivianas participen en la importación y venta de combustibles, en respuesta a la caída de reservas de divisas y alta inflación en el país.
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Este miércoles 14 de enero, Bolivia declaró una emergencia energética y social debido a la crisis económica y la escasez de carburantes. El presidente Rodrigo Paz firmó el Decreto Supremo N° 5517, que autoriza a empresas privadas a importar y comercializar derivados del petróleo, como gasolina y diésel, con el objetivo de asegurar el abastecimiento y mitigar los impactos en sectores clave como el transporte.
El decreto establece que las empresas privadas podrán vender estos productos si cumplen con condiciones como disponer de almacenamiento propio o arrendado. La medida responde a la escasez de reservas en divisas extranjeras y al aumento de la inflación, que dificultan la importación de insumos.
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Impacto del Decreto 5503 y acuerdos con la COB
El Decreto 5503, aprobado en diciembre de 2025, fijó nuevos precios para los combustibles: 6,96 bolivianos por litro para la gasolina especial, 11 bolivianos para la gasolina premium y 9,80 bolivianos para el diésel, con incrementos de hasta un 162 % debido a la crisis económica. Este ajuste generó un fuerte rechazo de los sindicatos, especialmente la Central Obrera Boliviana (COB).
Tras las protestas y bloqueos, el gobierno y la COB llegaron a un acuerdo que mantuvo los precios establecidos, pero incluyó garantías sobre condiciones laborales y la no privatización de los recursos naturales. Esto permitió el cese de las movilizaciones y el levantamiento de los bloqueos. La efectividad de estas medidas se evaluará en las próximas semanas, mientras Bolivia enfrenta una escasez de divisas y una creciente presión inflacionaria.
Arancel cero para la importación de dispositivos electrónicos
Recientemente, el presidente Rodrigo Paz firmó el Decreto Supremo N° 5518, que establece el arancel cero para la importación de dispositivos electrónicos como celulares, computadoras y tablets. Esta medida, que estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2026, busca facilitar el acceso a la tecnología para la educación, el trabajo y el emprendimiento.
El presidente destacó que el decreto contribuirá a "modernizar el país" y a combatir el contrabando, eliminando "trabas impositivas" y permitiendo precios más justos. El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, confirmó que el arancel cero comenzará a aplicarse el próximo lunes. La norma modifica la alícuota del Gravamen Arancelario a 0% para dispositivos electrónicos, en respuesta al aumento de los costos logísticos de importación.
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