Álvaro Uribe es absuelto de soborno a testigos: juez deja sin efecto condena de 12 años a expresidente de Colombia
La decisión fue tomada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que ratificó la inexistencia de evidencia directa que vinculara a Uribe con la manipulación de testigos.
La República en GoogleEl Tribunal Superior de Bogotá absolvió al expresidente Álvaro Uribe de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, con lo que revocó la condena de 12 años de prisión domiciliaria que pesaba en su contra. La decisión de segunda instancia anuló las pruebas clave que sustentaron el fallo condenatorio de agosto pasado. El magistrado Manuel Antonio Merchán, ponente del caso, determinó que las interceptaciones telefónicas al exmandatario y a su abogado, Diego Cadena, carecieron de legalidad.
La absolución judicial representa un giro total en el proceso penal más emblemático de la última década en Colombia. Uribe, quien se convirtió en el primer expresidente condenado en la historia del país, recupera su presunción de inocencia tras una lectura de fallo que se extendió por más de dos horas. El tribunal consideró que no existieron elementos suficientes para probar su responsabilidad en los delitos que se le imputaban.
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Críticas a la jueza por "errores metodológicos"
El fallo judicial incluyó un análisis detallado de las supuestas deficiencias en la sentencia de primera instancia dictada por la jueza Sandra Heredia. El magistrado Merchán señaló que la decisión inicial presentó "errores metodológicos, falacia interpretativa y valoración sesgada de pruebas". La condena anulada se basó en inferencias sin respaldo objetivo, según determinó el tribunal colegiado.
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Uno de los puntos centrales fue la invalidación de las interceptaciones telefónicas entre Uribe y su abogado. "Las conversaciones reflejan ausencia de instrucciones para inducir falsedad", precisó Merchán durante la lectura. El tribunal también cuestionó que la jueza Heredia confundiera la preparación legítima de testigos con un supuesto adoctrinamiento, sin establecer criterios diferenciadores entre ambas figuras. La valoración de los testimonios de exparamilitares como Juan Guillermo Monsalve, quien acusó a Uribe de vínculos con el Bloque Metro de las AUC, recibió observaciones por falta de rigor lógico.
Qué pasa ahora con las investigaciones contra el expresidente
Con esta absolución, el expresidente y líder del Centro Democrático cierra el capítulo del caso por soborno a testigos que se originó en 2012. Ese año, Uribe interpuso una denuncia contra el senador Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos, pero la Corte Suprema abrió investigación en su contra al encontrar indicios de manipulación. El camino judicial no termina aquí para el exmandatario, ya que el proceso penal podría extenderse a otras instancias.
Las partes disponen de la posibilidad de presentar recursos ante la Corte Suprema de Justicia, que cuenta con un plazo de cinco años para revisar el caso. La decisión del Tribunal Superior de Bogotá redefine el panorama político nacional, donde Uribe mantiene una influencia considerable.
Petro acusa a Uribe y a Trump de promover una persecución política y llama a movilización nacional en Bogotá
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, criticó duramente al Tribunal Superior de Bogotá tras una decisión que, según él, “contradice a la Corte Suprema de Justicia” y protege al expresidente Álvaro Uribe. Petro cuestionó que se haya considerado como “intimidad” una interceptación judicial donde —afirmó— se escucha a Uribe “hablando de sobornos”. A su juicio, el fallo “tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia”, vinculando a políticos con el narcotráfico y la violencia.
En un mensaje difundido en sus redes, Petro advirtió que el presidente estadounidense Donald Trump, “aliado con Uribe y con los políticos que impulsaron el paramilitarismo”, busca una sanción en su contra. El mandatario denunció además un intento de “golpe de Estado” promovido desde la Comisión de Acusaciones por los implicados en el caso Fomag. Finalmente, convocó a una movilización en la Plaza de Bolívar de Bogotá para iniciar la recolección de firmas del “poder constituyente”, afirmando que “ha llegado la hora de las definiciones” y que “quien define no es Trump, es el pueblo”.
