Gobierno de Milei anuncia privatización de AySa, empresa pública encargada del servicio de agua potable en Argentina
El Gobierno argentino anunció la transferencia del 90 % de las acciones de AySA a capital privado mediante una licitación pública nacional e internacional.
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El Gobierno de Javier Milei oficializó este viernes el inicio del proceso de privatización de AySA, la empresa estatal que provee agua potable y saneamiento a 11.2 millones de personas en Buenos Aires y su periferia. Según el vocero presidencial, Manuel Adorni, el plan prevé transferir el 90% del capital accionario —actualmente en manos del Estado— a operadores privados mediante una licitación internacional, mientras el 10% restante se mantendrá en poder de los trabajadores.
La medida se enmarca en la ley Bases, aprobada en 2024, que incluye a AySA entre las empresas sujetas a privatización. Adorni justificó la decisión al señalar que, desde su reestatización en 2006, la compañía requirió aportes estatales por US$13.400 millones y acumuló una morosidad del 16% entre sus usuarios. "Buscamos modernizar el sector y mejorar la calidad del servicio", afirmó.
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¿Por qué el Gobierno de Milei apuesta a privatizar AySA?
La administración de Milei argumenta que la gestión estatal de AySA generó un déficit crónico y un deterioro en la infraestructura. Datos oficiales indican que, entre 2006 y 2023, la empresa no logró superávit operativo —excepto en 2024— y su dotación de personal creció un 90%, con lo que alcanzó los 7.799 empleados en 2023. Tras recortes, la planta actual suma 6.200 trabajadores.
El modelo elegido replica parcialmente la concesión a la francesa Suez (1993-2006), que el gobierno de Néstor Kirchner revirtió. "El Estado es mal gestor. La privatización atraerá inversión extranjera y reducirá la carga fiscal", sostuvo Adorni. Sin embargo, críticos señalan que, durante la era privada, la expansión del servicio fue desigual y las tarifas aumentaron.
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Tarifas, empleo y obras: así podría afectar a los usuarios la privatización del agua en Argentina
Los usuarios enfrentan dos cambios inmediatos: ajustes tarifarios y posibles modificaciones en la atención. Según el Observatorio de Tarifas de la UBA, las facturas de AySA ya subieron 362% desde diciembre de 2023, eliminando subsidios. El nuevo operador podría implementar cortes por falta de pago, una práctica hoy restringida para residencias.
En cuanto a empleos, el Gobierno descartó despidos masivos, aunque la licitación no garantiza estabilidad. La cobertura de cloacas (62.8%) y agua (75.1%) —con desigualdades en municipios periféricos— será otro desafío. "El contrato exigirá metas de inversión en infraestructura", adelantaron fuentes oficiales, sin detallar plazos.
