A la oficina del gobernador: Senado de este estado en EEUU aprueba proyectos de ley que exigen colaborar con ICE en temas de inmigración
Un Senado estatal de Estados Unidos aprobó los proyectos SB 153 y SB 318 para ampliar lazos con ICE.
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En un desarrollo significativo para la política migratoria en Estados Unidos, el Senado de Carolina del Norte ha aprobado dos proyectos de ley clave que buscan intensificar la colaboración entre las agencias policiales estatales y federales en asuntos de inmigración. Estas legislaciones, el SB 153 y el SB 318, representan un esfuerzo de los legisladores republicanos para establecer nuevas regulaciones que, según sus promotores, fortalecerán la aplicación de las leyes de inmigración dentro del estado.
Los proyectos de ley ahora se dirigen al escritorio del gobernador demócrata Josh Stein, quien cuenta con diez días para determinar si los firma o los veta. Si bien los republicanos gozan de una mayoría de control en la Asamblea General, carecen de un solo escaño en la Cámara de Representantes para anular un posible veto del gobernador de forma unilateral, lo que podría requerir el apoyo de un demócrata.
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¿Qué medidas establece el proyecto de ley SB 153 en Carolina del Norte?
El proyecto de ley SB 153, denominado “Ley de Protección Fronteriza de Carolina del Norte”, establece una serie de disposiciones para reforzar la colaboración con las autoridades migratorias. Estas medidas incluyen:
- Exigir a las agencias estatales encargadas de aplicar la ley que establezcan acuerdos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y designen a agentes para desempeñar funciones de control migratorio.
- Imponer a estas agencias la obligación de verificar la ciudadanía de las personas bajo su custodia y contactar a ICE si detienen a un residente sin autorización legal.
- Eliminar la inmunidad gubernamental, lo que permitiría presentar demandas civiles contra ciudades y escuelas denominadas "santuario" si un residente sin autorización legal comete un crimen dentro de sus límites.
- Prohibir que las instituciones del sistema de la Universidad de Carolina del Norte obstaculicen las operaciones de ICE.
- Impedir la provisión de beneficios y asistencia para vivienda a personas que se encuentren en el condado sin autorización legal.
- Es importante destacar que las oficinas del sheriff ya recibieron una orden el año pasado para firmar acuerdos similares con ICE, lo que sugiere una expansión de estas exigencias a nivel estatal.
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¿Qué medidas establece el proyecto de ley SB 318 en Carolina del Norte?
El proyecto de ley SB 318 se concentra en modificar la lista de delitos que activan la obligación de los administradores de las cárceles de determinar el estatus de residencia de una persona detenida. Este proyecto de ley establece lo siguiente:
- Amplía la lista de delitos que desencadenan la verificación del estatus de residencia, incluyendo delitos graves, ciertos delitos menores y la conducción bajo los efectos del alcohol o drogas.
- Una vez que se determina el estatus, la cárcel deberá contactar a ICE y verificar si la persona cuenta con una orden de detención o una orden administrativa de ICE.
- Si no se puede determinar la residencia legal, la persona deberá ser retenida por dos horas y se le tomarán las huellas dactilares.
- En caso de que exista una orden de detención y una orden administrativa de ICE, un funcionario judicial tendrá la obligación de mantener a la persona bajo custodia por 48 horas adicionales, o hasta que ICE asuma la custodia o anule la orden. Esta retención de 48 horas comenzará únicamente después de que la persona hubiera sido liberada de otro modo.
Perspectivas y preocupaciones ante la nueva normativa migratoria en Carolina del Norte
La aprobación de estos proyectos de ley ha generado opiniones diversas. Los legisladores republicanos, como el Presidente de la Cámara, Destin Hall, han calificado estas medidas como de "sentido común", argumentando que existe un amplio consenso público sobre la necesidad de deportar a residentes sin estatus legal que cometen delitos graves. El Presidente Pro Tempore del Senado, Phil Berger, expresó que las acciones de la legislatura buscan fortalecer la capacidad del gobierno federal para aplicar las leyes de inmigración, reflejando lo que considera el sentimiento público general.
Por su parte, los demócratas, incluyendo a la Senadora Natalie Murdock y la líder de la minoría del Senado, Sydney Batch, han expresado preocupaciones. Argumentan que el proyecto de ley podría dañar la relación entre las fuerzas del orden y las comunidades de inmigrantes, generar miedo a las redadas y afectar la economía del estado, donde los inmigrantes representan un porcentaje significativo de la fuerza laboral y contribuyen con miles de millones de dólares. También se ha planteado que una deportación acelerada podría impedir que las víctimas de crímenes vean la justicia en los tribunales estatales. El gobernador Josh Stein ha indicado que, si una persona comete un delito y se encuentra en Estados Unidos sin autorización, debería ser deportada, pero su revisión de los proyectos de ley se mantiene en curso.
