Justicia chilena procesa red que vendió niños al extranjero como 'adopciones' irregulares en la dictadura de Augusto Pinochet
Una red criminal que ejecutó adopciones irregulares durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile queda al descubierto. Una exjueza, médicos y abogados están implicados en la sustracción de menores con fines lucrativos.
- Boric acusó a Israel de cometer un “genocidio” en Gaza y anunció medidas comerciales y económicas contra el gobierno de Netanyahu
- La superarma secreta de Velasco Alvarado para invadir Chile: profesor de la UNI que participó en el proyecto revela cómo funcionaba
Una red de tráfico de menores, activa durante la dictadura de Augusto Pinochet y disfrazada de procesos legales, fue procesada esta semana por la justicia chilena. La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó la prisión preventiva de cuatro personas y solicitó a la Corte Suprema la extradición desde Israel de la exjueza Ivonne Gutiérrez Pávez, señalada como una de las líderes del grupo que facilitó adopciones irregulares de niños en situación de vulnerabilidad.
El ministro Alejandro Aguilar Brevis, a cargo del caso, formalizó a los implicados por los delitos de asociación ilícita, sustracción de menores y prevaricación dolosa. Los hechos ocurrieron en la década de 1980 y habrían permitido enviar a niños chilenos a familias en el extranjero por sumas de hasta 50 mil dólares, según detalla el fallo.
TE RECOMENDAMOS
TIPOS DE MAGIA: BLANCA, NEGRA Y ROJA — MITOS, RIESGOS Y VERDADES | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL
PUEDES VER: Chile lanza ambicioso proyecto para unir metro de Santiago con aeropuerto: “Los primeros de Sudamérica”
Prisión preventiva y red criminal en dictadura
La resolución judicial imputa directamente a la exmagistrada Ivonne Gutiérrez Pávez, exjueza del Juzgado de Menores de San Fernando, junto a Ismael Moisés Espinoza León, Carlos Sigisfredo Vega Segura, Laura Rosa Silva Sánchez y Sylvia Clara Vilches Rojas. Todos enfrentan cargos por su rol dentro de una organización que operaba bajo apariencia legal y que facilitaba adopciones ilegales de menores a cambio de dinero.
El juez Alejandro Aguilar Brevis detalló que esta red delictiva, activa desde 1982, incluía a trabajadores sociales, funcionarios de salud, abogados y religiosos. Operaba en San Fernando y mantenía vínculos activos con contactos en Santiago, lo que permitía montar procedimientos judiciales que derivaban en el envío de niños a Europa y Estados Unidos.
El grupo buscaba menores en condiciones precarias, incluso en hogares con piso de tierra, y convencía a madres jóvenes, algunas menores de edad, de que sus hijos serían cuidados en centros especiales. Luego, los entregaban ilegalmente a familias extranjeras.
PUEDES VER: Chileno planeaba viaje soñado a Disney, pero quedó atrapado en Lima tras cancelación de su visa
Casos emblemáticos: menores enviados al extranjero
El fallo judicial expone dos casos concretos. El primero involucra a una niña de tres años llamada “Andrea”, cuya custodia fue solicitada ante el tribunal de Gutiérrez Pávez por uno de los involucrados. El objetivo era entregarla a una mujer extranjera identificada con las iniciales G.J.D. Sin embargo, su madre logró recuperarla con ayuda de familiares y Carabineros, antes de que fuera trasladada.
El segundo caso detalla cómo, el 12 de marzo de 1983, la misma exjueza autorizó de forma "rauda y acelerada" la salida del país del hijo de una madre identificada como A.A.R.R., con destino a Estados Unidos. Ambas situaciones fueron calificadas por el tribunal como parte de una estrategia sistemática y lucrativa que violó los derechos de los menores y sus familias.
El magistrado Aguilar enfatizó que estos delitos constituyen crímenes de lesa humanidad, razón por la cual no prescriben y deben juzgarse conforme a los estándares de la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Miles de víctimas y causas aún abiertas
Las primeras denuncias sobre adopciones irregulares en Chile salieron a la luz en 2014, durante la investigación del juez Mario Carroza, quien advirtió que el número de casos podría alcanzar los 20 mil. Actualmente, existen alrededor de 1.000 causas activas en los tribunales del país, relacionadas con niños sustraídos entre las décadas de 1970 y 1990.
Uno de los actores más relevantes en la reparación de las víctimas ha sido la fundación Connecting Roots, creada por Tyler Graf, un bombero de Houston que fue víctima de una adopción irregular y logró reunirse con su familia biológica en Chile.
Graf explicó que, al llegar a Santiago, “preparamos a los adoptados para encontrarse con sus familias por primera vez. Se puede ver el dolor, pero también la alegría. Todos merecen conocer su pasado”. La organización ha facilitado reencuentros en el Aeropuerto de Santiago y ofrece apoyo psicológico, orientación legal y búsqueda familiar a quienes sospechan haber sido víctimas de esta red.
Los testimonios y documentos recabados siguen abriendo líneas de investigación que apuntan a una red más amplia y estructurada de lo que inicialmente se pensaba. La justicia chilena mantiene activo el proceso de identificación de nuevas víctimas, responsables y facilitadores, muchos de ellos aún en el anonimato.
