Corte Suprema autoriza a Trump a suspender protección humanitaria y deportar a medio millón de migrantes
El fallo expone a la deportación a más de 500.000 migrantes que vivían legalmente en Estados Unidos bajo programas temporales de protección legal.
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La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó al gobierno de Donald Trump a revocar la libertad condicional humanitaria otorgada a más de 500.000 migrantes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. La decisión, adoptada tras una apelación de emergencia, levanta una orden judicial que impedía la cancelación de estos permisos temporales mientras continuaba el litigio en tribunales inferiores.
El máximo tribunal también permitió que la administración pusiera fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) concedido a aproximadamente 350.000 venezolanos, lo que eleva a más de 850.000 el número de personas expuestas a la deportación. Aunque el fallo no resuelve de forma definitiva el caso, restituye la autoridad del Departamento de Seguridad Nacional para eliminar estos programas de forma anticipada, sin necesidad de revisar cada situación individual.
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¿Cuál ha sido el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos?
La Corte Suprema accedió a una apelación de emergencia presentada por la administración Trump, con el objetivo de revocar programas implementados durante el mandato de Joe Biden. El fallo permite al gobierno retirar la libertad condicional humanitaria a más de medio millón de migrantes de países que el DHS considera críticos en su política migratoria: Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Los magistrados no emitieron una resolución definitiva, pero su decisión suspende temporalmente las protecciones mientras el caso vuelve al Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, con sede en Boston. La jueza Kentanji Brown Jackson, en una disidencia respaldada por Sonia Sotomayor, advirtió que esta acción judicial podría “desmoronar las vidas de medio millón de personas antes de que sus casos sean evaluados legalmente”, de acuerdo a un reporte de Spectrump Noticias, canal de Nueva York.
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¿Cómo afecta esta medida a los migrantes?
La decisión impacta a quienes ingresaron legalmente a Estados Unidos entre 2022 y 2024 bajo el programa de libertad condicional humanitaria, siempre que cumplieran con requisitos estrictos, como llegar por vía aérea y contar con un patrocinador financiero. Los permisos tenían una duración de dos años y se otorgaban para quienes huían de contextos de violencia, inestabilidad o pobreza extrema en sus países de origen.
Junto con ellos, unos 350.000 venezolanos que habían recibido el TPS perderán su estatus migratorio, mientras que otros 250.000 que habían sido incluidos en designaciones previas verán canceladas sus protecciones en septiembre, de acuerdo a un informe de Los Angeles Times. Adicionalmente, la administración Trump ha cancelado el uso de la aplicación CBP One, utilizada por más de 900.000 personas para programar citas en los cruces fronterizos durante el gobierno de Biden. Muchos de ellos ya han recibido avisos oficiales para abandonar el país de forma inmediata.
¿En qué consiste el TPS?
El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) es un mecanismo legal establecido por el Congreso estadounidense en 1990 que permite a personas de países afectados por desastres naturales, guerras civiles o condiciones extraordinarias vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos durante un periodo inicial de hasta 18 meses. Esta medida autoriza la renovación si las condiciones del país de origen no mejoran.
Durante el gobierno de Biden, el TPS se amplió significativamente y benefició a migrantes de más de una docena de naciones. Sin embargo, los críticos del programa alegan que las renovaciones se volvieron automáticas, incluso cuando la situación en los países de origen ya no justificaba dicha protección. La decisión de la Corte Suprema refuerza la potestad del Poder Ejecutivo para suspender estas designaciones de forma colectiva.
Con el fallo, la administración Trump queda facultada para revertir una de las políticas migratorias más representativas del gobierno anterior. Mientras el caso continúa su trámite judicial, decenas de miles de migrantes podrían ser objeto de procesos de remoción o verse forzados a abandonar el país de manera voluntaria.
