Malas noticias para los inmigrantes en EEUU: reactivan programa que permite a policía local aplicar leyes migratorias de Trump
El programa 287(g) se ha reactivado en EE. UU. bajo la administración de Donald Trump, permitiendo a policías locales ejecutar acciones de inmigración y ampliar deportaciones masivas.
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El programa 287(g) ha sido reactivado en Estados Unidos durante la administración de Donald Trump, con la finalidad de implementar deportaciones masivas. Esta medida, promovida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), posibilita a las fuerzas policiales locales y estatales el ejecutar acciones vinculadas a la legislación migratoria, como la detención e interrogatorio de inmigrantes bajo custodia, lo que incrementa significativamente el poder de las autoridades.
Desde el comienzo de la administración de Trump, el ICE intensificó la firma de acuerdos con agencias policiales a nivel nacional. Esta estrategia busca ampliar el número de agentes autorizados para hacer cumplir las leyes migratorias, más allá de los 6,000 oficiales federales con los que cuenta la agencia.
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¿Qué es el programa 287(g) y cómo funciona?
El programa 287(g), autorizado originalmente por una ley de 1996, establece acuerdos entre el ICE y departamentos de policía locales o estatales para delegar funciones de aplicación de la ley migratoria. El primer convenio se firmó en 2002 con el Departamento de Policía de Florida. Desde entonces, ha crecido y se diversificado en tres modelos principales.
- Modelo de control en cárceles: permite a los agentes policiales revisar los antecedentes migratorios de las personas detenidas para detectar posibles violaciones.
- Oficiales delegados para ejecutar órdenes de arresto: autoriza a policías a cumplir órdenes del ICE dentro de las cárceles de sus respectivas jurisdicciones.
- Modelo de equipo de trabajo: otorga a los agentes locales la capacidad de investigar el estatus migratorio durante sus funciones policiales regulares.
John Torres, exdirector interino del ICE, explica que estos acuerdos permiten liberar a los agentes federales en cárceles para que se dediquen a otras tareas, ampliando así la capacidad del ICE en múltiples regiones. Este programa facilita que policías locales actúen como extensiones funcionales de agentes federales, bajo una coordinación estrecha que evita operaciones independientes.
Expansión rápida bajo la administración de Donald Trump
Bajo la administración de Donald Trump, la cantidad de acuerdos firmados aumentaron drásticamente. A finales del año pasado, el ICE mantenía 135 acuerdos con agencias de 21 estados. Para mayo de este año, se habían firmado 588 acuerdos en 40 estados, con otros 83 pendientes de aprobación.
Florida, bajo el liderazgo de Ron DeSantis, concentra la mayor cantidad de acuerdos, seguida por Texas, donde el Greg Abbott colabora activamente con la administración federal. Otros estados con numerosos convenios incluyen Georgia y Carolina del Norte.
Además de departamentos de policía, otras agencias han firmado acuerdos, tales como la Guardia Nacional de Florida, el Departamento de Servicios de Lotería de Florida y la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida. Esta rápida expansión fue calificada por Amien Kacou, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles, como “sin precedentes en velocidad y alcance.”
Críticas y preocupaciones sobre el programa 287(g)
El programa 287(g) enfrenta duras críticas por parte de defensores de los derechos de los inmigrantes, abogados y organizaciones civiles. Sostienen que puede generar encasillamiento racial y falta de supervisión adecuada. Felipe Sousa-Lazaballet, director del Hope Community Center en Florida, señala que personas que parecen inmigrantes corren mayor riesgo de detención arbitraria.
Especial preocupación genera el modelo de equipo de trabajo, que fue eliminado parcialmente durante el gobierno de Barack Obama debido a su uso para arrestos raciales. Este modelo permite a los agentes locales actuar con amplios poderes similares a los de los agentes del ICE, lo que fue descrito como una “funcionalidad como agentes federales” por la abogada Lena Graber.
Katie Blankenship, cofundadora de Sanctuary of the South, denuncia que estas políticas crean un clima de temor que disuade a inmigrantes de acudir a la policía como víctimas o testigos de delitos, afectando la seguridad comunitaria.
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Capacitación y participación de los agentes
Los departamentos policiales interesados en participar deben nominar a agentes que sean ciudadanos estadounidenses y pasar controles de antecedentes. El ICE ofrece cursos de formación específicos según el modelo adoptado. Por ejemplo, el “modelo de control en cárceles” exige un entrenamiento de cuatro semanas, mientras que el modelo de órdenes de arresto requiere solo ocho horas.
Actualmente, cerca de 625 agentes han completado la capacitación para el modelo de equipo de trabajo, aunque se espera que este número aumente conforme más agencias se sumen. Austin Kocher, investigador de la Universidad de Syracuse, advierte que la capacitación es costosa y representa una carga para departamentos pequeños, lo que ha reducido la duración y calidad del entrenamiento.
Jeffrey Dinise, jefe de la Patrulla Fronteriza en Miami, defiende el programa, asegurando que no existe encasillamiento racial y que las detenciones ocurren en cumplimiento de la ley, incluso durante operativos de tráfico vehicular que permiten verificar el estatus migratorio.























