Proyecto de ley en Perú podría transformar Uber, DiDi y Cabify en servicios públicos

El Congreso de Perú está considerando un proyecto de ley que podría reclasificar a las plataformas digitales de transporte como servicios públicos de taxi. Esta propuesta, que se encuentra en la agenda del Pleno, busca imponer regulaciones que podrían desnaturalizar el modelo colaborativo que caracteriza a estas aplicaciones.

Según un comunicado emitido por las empresas, junto con cámaras de comercio y asociaciones civiles, esta medida afectaría a más de 150.000 familias que dependen de estas plataformas para generar ingresos y a millones de usuarios que las utilizan diariamente.

Implicaciones del proyecto de ley

El dictamen de la Comisión de Transportes y Comunicaciones sobre el Proyecto de Ley N.º 842 incluye la creación de un Registro Nacional de Empresas de Intermediación Digital para el Transporte de Personas y un Registro Nacional de Usuarios Afiliados. Además, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) tendría la responsabilidad de fiscalizar y sancionar a las empresas en relación con los requisitos para su operación. Las plataformas digitales tendrían que garantizar la calidad del servicio y verificar los requisitos de afiliación de los conductores, lo que podría incrementar los costos operativos y limitar el acceso tanto para conductores como para usuarios.

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Seguridad y formalización en debate

Las empresas argumentan que las medidas propuestas no garantizan una mayor seguridad ni formalización del sector. Un estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE) indica que el 64% de los peruanos considera que las plataformas digitales son más seguras que los taxis tradicionales, gracias a herramientas como el monitoreo en tiempo real y botones de emergencia. Las empresas sostienen que la imposición de requisitos similares a los de los taxis regulados podría desincentivar el uso de estas plataformas, afectando la calidad del servicio y la movilidad urbana.

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Impacto económico en los conductores

Otro aspecto crítico es el impacto económico que estas regulaciones podrían tener en los conductores afiliados. La implementación de normativas rígidas y costos adicionales limitaría la capacidad de miles de personas para generar ingresos de manera flexible e independiente. Las empresas han señalado que los plazos de adecuación propuestos son demasiado cortos, lo que podría dejar a muchos conductores sin una fuente de ingresos en el corto plazo.

Un llamado a la revisión responsable del proyecto

El comunicado de las empresas concluye con un llamado al Congreso para que revise la propuesta con responsabilidad y adopte un enfoque regulatorio moderno, alineado con los modelos digitales y las demandas económicas actuales. Las plataformas reafirmaron su compromiso con la innovación y la libertad económica, destacando la importancia de un entorno regulatorio que fomente el desarrollo responsable y seguro de la movilidad privada en el país.