Malas noticias para inmigrantes en USA: comité de la Cámara de Representantes aprobó proyecto de ley que permite a sheriffs colaborar con ICE

Una propuesta legislativa ha encendido el debate sobre inmigración en Estados Unidos. Se trata del proyecto de ley HB 7, recientemente aprobado por el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de un estado. Esta norma permitiría a agencias locales, como oficinas de sheriffs y departamentos de policía, colaborar directamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para identificar, arrestar y detener a personas sin estatus legal en el país.

Aunque el proyecto HB 7 no introduce nuevas leyes migratorias a nivel federal, sí representa un cambio significativo en la manera en que el estado podría aplicar la normativa existente. El objetivo declarado por los promotores del texto es mejorar la seguridad pública a través de acuerdos entre autoridades estatales y organismos federales. Sin embargo, la propuesta ha generado críticas de legisladores demócratas y defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes alertan sobre posibles abusos, discriminación racial y un aumento del temor en comunidades vulnerables.

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HB 7: ¿en qué estado de Estados Unidos se permitiría la colaboración entre sheriffs y el ICE?

El proyecto HB 7 fue presentado por el representante Ernie Yarbrough, republicano por Trinity, y aprobado recientemente por el Comité Judicial de la Cámara en Alabama. Es el segundo comité que respalda esta propuesta en el mismo periodo legislativo, luego del visto bueno otorgado por el Comité de Seguridad Pública y Seguridad Nacional en febrero. Esta doble aprobación es poco común en el proceso legislativo de ese estado, y recuerda al procedimiento seguido para legalizar el cannabis medicinal en 2021, según informó Alabama Reflector.

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Si avanza en la Cámara y luego en el Senado estatal, Alabama se convertiría en uno de los estados donde las fuerzas de seguridad locales tendrían autorización expresa para colaborar de forma operativa con ICE, sin necesidad de una orden federal previa para actuar.

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¿Qué medidas establece el proyecto de ley HB 7 en Alabama?

• Las agencias locales podrán firmar acuerdos con el gobierno federal para hacer cumplir leyes migratorias.
• Oficiales locales podrán arrestar y detener a personas sospechosas de estar en el país sin autorización.
• Una vez bajo custodia, los detenidos serán sometidos a una verificación de estatus migratorio.
• Se utilizarán intérpretes si hay dificultades lingüísticas al momento de determinar nacionalidades.
• Si el individuo no posee documentación válida, se podrá contactar al Centro de Apoyo a las Fuerzas del Orden (LESC).
• La retención de una persona por su estatus migratorio solo se permitirá si ICE lo autoriza.
• En un plazo de 24 horas, se deberá comprobar si existe una orden de arresto pendiente.
• Se exigirá la presentación de documentos como pasaporte o tarjeta de residencia permanente.
• Una enmienda al proyecto convirtió en opcionales algunos requisitos, como reportar públicamente las agencias que no cumplan con la norma.
• También se flexibilizó la obligación de informar cuántos extranjeros fueron detenidos por cada entidad policial.

Posturas de los opositores del proyecto de ley HB 7 en Alabama

El avance del proyecto HB 7 ha generado fuerte rechazo entre legisladores del Partido Demócrata y organizaciones proinmigrantes. Durante una audiencia pública realizada en marzo, activistas advirtieron que la iniciativa alimenta el miedo en comunidades migrantes, promueve la desconfianza hacia la policía y podría derivar en consecuencias sociales graves, como el ausentismo escolar de niños que temen por la deportación de sus padres.

La representante demócrata Penni McClammy cuestionó la lógica del proyecto, al señalar que Alabama no es un estado fronterizo. En respuesta, el promotor del proyecto sostuvo que las personas se movilizan libremente entre los estados y que todos comparten responsabilidad en la seguridad del país.

Para los críticos, esta legislación profundiza una narrativa que criminaliza a los inmigrantes, desvía recursos policiales y arriesga la cohesión social. Por el momento, la medida continúa su curso legislativo y se espera que genere un intenso debate en el pleno de la Cámara estatal en las próximas semanas.