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Donald Trump es demandado por doce estados de Estados Unidos que lo acusan de imponer aranceles "ilegales"

Doce estados de EE. UU., incluyendo Arizona y Nueva York, demandaron al mandatario estadounidense por los aranceles impuestos. Se presentó la querella ante el Tribunal de Comercio Internacional.

Grupo de 12 estados de EE. UU. desafía aranceles de Trump sin aprobación del Congreso. Foto: composición LR
Grupo de 12 estados de EE. UU. desafía aranceles de Trump sin aprobación del Congreso. Foto: composición LR

El 23 de abril, doce estados de Estados Unidos, entre ellos Arizona, Oregón, Nueva York y Minnesota, presentaron una demanda contra los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump. Las autoridades de estos estados, lideradas por representantes demócratas, sostienen que tales medidas comerciales son "ilegales" al no haber sido aprobadas previamente por el Congreso.

La demanda presentada ante el Tribunal de Comercio Internacional de los Estados Unidos (CIT) cuestiona la legalidad de cuatro órdenes ejecutivas firmadas por Trump, las cuales le otorgan la autoridad para incrementar los aranceles a nivel global. Se busca frenar la aplicación de un arancel del 145% sobre la mayoría de los productos importados desde China, así como un gravamen del 25% para mercancías provenientes de Canadá y México.

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¿Cuáles son los estados de Estados Unidos que demandaron a Trump?

Los estados de Oregón, Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Nueva York y Vermont decidieron presentar una demanda en contra de Donald Trump. Al respecto, la fiscal general de Arizona, Kris Mayes, declaró que el esquema arancelario impulsado por Trump era "no sólo económicamente imprudente, sino también ilegal". El documento judicial argumenta que el Congreso es la única entidad con la facultad de establecer aranceles, y que el Poder Ejecutivo solo puede recurrir a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional si se configura una "amenaza inusual y extraordinaria" proveniente del extranjero.

Asimismo, advierte que "al reclamar la autoridad para imponer inmensos y cambiantes aranceles sobre cualquier bien que ingrese a Estados Unidos que él elija, por cualquier razón que considere conveniente para declarar una emergencia, el presidente ha trastocado el orden constitucional y ha traído caos a la economía estadounidense".

Fiscales de Oregón y Connecticut critican aranceles de Trump

El fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, expresó su rechazo a las políticas comerciales de Trump, señalando que no se "quedará de brazos cruzados" frente a lo que calificó como una "guerra económica". En un comunicado oficial, advirtió sobre el impacto generalizado de estas medidas: "Estos aranceles afectan cada aspecto de nuestras vidas y tenemos la responsabilidad de contrarrestarlos", detalló.

En esa misma línea, William Tong, fiscal general de Connecticut, calificó las acciones del mandatario como perjudiciales e ilegales. "Los caóticos e ilegales aranceles de Trump son un enorme impuesto para las familias de Connecticut y un desastre para las empresas y empleos de Connecticut", indicó. Respaldan sus críticas a los aranceles impuestos durante el primer mandato de Trump (2017-2021), los cuales concluyen que el 95% del costo de dichas tarifas fue asumido directamente por los estadounidenses.

California demandó al gobierno de Trump por los aranceles

El gobernador de California, Gavin Newsom, presentó una demanda el 16 de abril contra el gobierno de Donald Trump por la imposición de aranceles. Lo que argumenta es que estas medidas comerciales afectaron de manera desproporcionada a la economía californiana, especialmente en sectores como la agricultura, la tecnología y la manufactura.

También precisó que fueron implementados sin el debido análisis legal ni la participación adecuada de los estados más afectados. "La administración Trump actuó de manera unilateral e imprudente, sacrificando los intereses de millones de californianos en una guerra comercial mal concebida", aseveró. El fiscal general Rob Bonta calificó los aranceles impuestos como inconstitucionales, denunciando su impacto negativo en la economía del estado.

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