Harvard demanda a gobierno de Trump: acusa de ilegales a los recortes de financiación por represalias
"Las acciones de los demandados son ilegales", sostiene la demanda de la Universidad de Harvard tras los recortes de financiación del gobierno de Donald Trump.
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La Universidad de Harvard denunció al gobierno del presidente Donald Trump por la suspensión abrupta de su financiación federal. La prestigiosa institución académica calificó la medida como un intento de coerción tras su negativa a cumplir con una serie de demandas impuestas por la administración, entre ellas: cambios estructurales en su política de diversidad y en su liderazgo institucional. En su demanda, presentada este lunes 21 de abril, Harvard alegó que las acciones del Ejecutivo violan la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la cual protege la libertad de expresión y la autonomía universitaria.
El conflicto surgió luego de semanas de tensiones, durante las cuales el gobierno republicano exigió una auditoría sobre la cultura universitaria, una revisión del sistema de admisiones y el retiro de reconocimiento a ciertos clubes estudiantiles. Harvard se opuso a las imposiciones por considerarlas ajenas a las atribuciones legales del Estado. Poco después, la administración anunció la congelación de más de 2.000 millones de dólares destinados a subvenciones e investigación, lo que desató la ofensiva judicial por parte del centro académico.
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Harvard demanda al gobierno de Trump
"Hace unos momentos, presentamos una demanda para detener la congelación de fondos, ya que es ilegal y excede la autoridad del gobierno", anunció Alan Garber, presidente de la Universidad de Harvard, en un comunicado en el sitio web de la institución educativa. "Las consecuencias de la extralimitación del gobierno serán graves y duraderas", advierte. Además de los efectos en las actividades académicas, también alerta sobre serias repercusiones para acciones en el campo de la medicina.
La querella presentada por Harvard involucra a diversas agencias del Estado, entre ellas los Departamentos de Educación, Justicia, Salud, Energía y la Administración de Servicios Generales. En el documento legal, la universidad afirma que el Ejecutivo ha actuado sin base legal para ejercer presión política, y denuncia que el verdadero objetivo de las sanciones es castigar su negativa a someterse a un modelo ideológico impuesto desde Washington. “Las acciones de los demandados son ilegales”, destaca textualmente el documento presentado ante la corte.
El rector de la universidad sostuvo que la medida constituye una amenaza directa contra la libertad académica y los principios fundamentales del sistema universitario estadounidense. “Ningún gobierno debe decidir qué se enseña, a quién se contrata o qué líneas de investigación deben explorarse”, expresó en una carta dirigida a la comunidad educativa. El directivo remarcó que la institución no permitirá que se vulneren sus derechos constitucionales en nombre de políticas gubernamentales.
