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Muy malas noticias para inmigrantes en EEUU: nueva ley permitirá encarcelar a extranjeros sin autorización legal en esta ciudad

En un giro histórico, Jacksonville se convierte en la primera ciudad de Estados Unidos en implementar una ley que criminaliza a inmigrantes sin autorización, estableciendo penas de prisión.

Una ciudad de Florida se convierte en la primera en EE. UU. al aprobar la Ordenanza 2025-147, que criminaliza el ingreso de inmigrantes sin autorización legal. Foto: El País
Una ciudad de Florida se convierte en la primera en EE. UU. al aprobar la Ordenanza 2025-147, que criminaliza el ingreso de inmigrantes sin autorización legal. Foto: El País

En una decisión que ha provocado fuertes reacciones en Estados Unidos, una ciudad de Florida, se ha convertido en el primer municipio del país en implementar una ley local que criminaliza la presencia de inmigrantes sin autorización legal. La medida, conocida como Ordenanza 2025-147, establece penas obligatorias de prisión para quienes ingresen a la ciudad sin papeles migratorios válidos.

A pesar de su desacuerdo con el contenido, la alcaldesa optó por no vetar ni firmar la ordenanza, permitiendo así su entrada en vigor sin su respaldo directo. Con esta acción, la ciudad marca un punto de inflexión en las políticas migratorias locales en Estados Unidos, en medio de un contexto estatal cada vez más estricto hacia la inmigración.

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Ordenanza 2025-147: ¿en qué ciudad se permitirá encarcelar a inmigrantes sin autorización legal en Estados Unidos?

La nueva ley fue impulsada y aprobada por el Concejo Municipal de Jacksonville, con el respaldo de doce de sus miembros. Aunque cinco votaron en contra y otros no estuvieron presentes, la mayoría fue suficiente para que la propuesta pasara al despacho de la alcaldesa. La Ordenanza 2025-147 convierte a Jacksonville en la primera ciudad de Estados Unidos con una legislación municipal que impone prisión a inmigrantes sin estatus legal solo por encontrarse dentro de sus límites, según información de The Florida Times-Union.

Esta legislación se suma al endurecimiento de las políticas impulsadas por el gobernador Ron DeSantis, quien ha respaldado públicamente la medida. Desde 2019, Florida ya prohíbe las llamadas “ciudades santuario”, y ahora con esta ordenanza local, Jacksonville avanza un paso más allá, en sintonía con las prioridades migratorias del gobierno estatal.

¿Cómo entró en vigor la Ordenanza 2025-147 en Jacksonville?

La alcaldesa Donna Deegan expresó su rechazo a la ordenanza, argumentando que no era necesaria y que podría generar temor en las comunidades inmigrantes que residen legalmente en la ciudad. Sin embargo, decidió no ejercer su derecho al veto para evitar lo que calificó como una distracción política.

Según explicó, firmar o vetar la ordenanza habría desviado la atención de los retos más urgentes de Jacksonville. Dado que el Concejo no contaba con los votos suficientes para anular un eventual veto, la funcionaria optó por dejar que la legislación entrara en vigor sin su firma. Deegan también destacó que la ciudad ya colabora con las autoridades migratorias desde hace más de una década, por lo que esta norma tiene un carácter más simbólico que operativo.

La entrada en vigor sin firma oficial ha generado críticas de sectores conservadores, que acusan a la alcaldesa de evadir responsabilidad, y también ha activado la reacción de organizaciones pro inmigrantes, quienes ya preparan acciones legales para frenar la aplicación de la ordenanza por considerarla inconstitucional.

¿Qué medidas implementará la Ordenanza 2025-147 en Jacksonville?

  • Penaliza como delito local el ingreso de inmigrantes mayores de 18 años sin estatus legal a la ciudad.
  • Establece una pena obligatoria de 30 días de cárcel para la primera infracción.
  • En caso de reincidencia, el castigo aumenta a 60 días de prisión obligatoria.
  • Obliga a que las personas arrestadas permanezcan detenidas hasta el juicio, sin posibilidad de libertad condicional.
  • El Departamento del Sheriff de Jacksonville deberá notificar a las autoridades federales (ICE) y estatales (FDLE) sobre cada arresto bajo esta normativa.
  • La ordenanza asigna 76 mil dólares para que el cuerpo policial adquiera 25 escáneres móviles de huellas digitales, facilitando la identificación y verificación de estatus migratorio.
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