Malas noticias para inmigrantes en EEUU: Senado de este estado aprobó proyecto de ley que exige colaborar con ICE y prohíbe políticas de santuario

En un giro legislativo que podría marcar un precedente en la política migratoria de Estados Unidos, el Senado de un estado aprobó el proyecto de ley SB 471. La normativa impone la obligación a los fiscales de notificar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) si un acusado en un proceso penal no tiene estatus migratorio legal. Además, prohíbe que gobiernos locales adopten medidas que limiten la cooperación con las autoridades federales de inmigración, también conocidas como “políticas de santuario”.

Esta medida ha sido promovida como una respuesta a incidentes delictivos protagonizados por inmigrantes en situación irregular, según argumentan sus impulsores. Sin embargo, también ha encendido alarmas entre organizaciones defensoras de los derechos humanos, quienes aseguran que esta legislación criminaliza aún más a las comunidades migrantes y fomenta la discriminación. La aprobación del SB 471 ha abierto un nuevo capítulo en el debate sobre cómo deben actuar los estados frente a la inmigración no autorizada.

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SB 471: ¿en qué estado de Estados Unidos el Senado aprobó un proyecto de ley para exigir la colaboración con ICE y prohibir políticas de santuario?

El proyecto de ley SB 471 fue aprobado en Pennsylvania, un estado clave en el escenario político de Estados Unidos. La propuesta fue presentada por los senadores republicanos Dan Laughlin, Wayne Langerholc Jr. y Jarrett Coleman, quienes argumentaron que la medida busca fortalecer la seguridad pública y cerrar vacíos legales que, según ellos, permiten que inmigrantes sin estatus legal permanezcan en el país tras cometer delitos, según informó Fox43.

La propuesta se enmarca en un contexto de creciente presión por parte de sectores conservadores que exigen una aplicación más estricta de las leyes migratorias. Sus patrocinadores mencionaron casos recientes de crímenes violentos cometidos por inmigrantes en situación irregular como justificación para implementar esta normativa. Aseguran que una mayor coordinación entre autoridades estatales y ICE evitaría tragedias similares.

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¿Qué medidas establece el proyecto de ley SB 471 en Pennsylvania?

El proyecto de ley SB 471 contiene disposiciones claras que afectan tanto a las autoridades judiciales como a los gobiernos locales:

• Obliga a los fiscales del estado a notificar a ICE cuando identifiquen que un acusado está presente ilegalmente en el país.
• Establece que esta notificación debe hacerse en cualquier momento del proceso judicial en que se obtenga dicha información.
• Prohíbe que las jurisdicciones locales adopten políticas que restrinjan la cooperación con agencias federales de inmigración.
• Reafirma que la presencia no autorizada en Estados Unidos constituye una violación de la ley federal, aunque no sea clasificada como delito penal.
• Busca garantizar que inmigrantes sin estatus legal que enfrenten cargos por delitos graves sean entregados a las autoridades federales para iniciar procedimientos de deportación.

Estas medidas forman parte de un intento por endurecer el control migratorio a nivel estatal, en ausencia de reformas migratorias federales en el Congreso.

¿Con cuántos votos fue aprobado el proyecto de ley SB 471 por el Senado de Pennsylvania?

El Senado de Pennsylvania aprobó el SB 471 con una mayoría significativa. El proyecto obtuvo 31 votos a favor y 18 en contra. Lo que llamó la atención fue el respaldo bipartidista: cuatro senadores demócratas se sumaron a los 27 republicanos que impulsaron la iniciativa. Este respaldo cruzado demuestra que, al menos en este estado, hay sectores del Partido Demócrata dispuestos a apoyar medidas que refuercen la colaboración con ICE en contextos criminales.

Con esta votación, el proyecto de ley SB 471 ahora pasará a la Cámara de Representantes de Pennsylvania, donde se espera que continúe el debate. De ser aprobado, entraría en vigor de inmediato, transformándose en una de las legislaciones estatales más estrictas en materia de cooperación con autoridades migratorias.