Marcha de Jubilados en Argentina: gobierno de Milei despliega más de 1000 efectivos policiales para represión

La marcha de jubilados en Buenos Aires reunió a miles de manifestantes que exigieron aumento de pensiones, restitución de medicamentos y la prórroga de la moratoria previsional. La protesta se produjo en medio del ajuste económico de Javier Milei y la discusión en el Congreso sobre un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El Gobierno desplegó más de 1000 policías, vallas y carros hidrantes para impedir el avance de los manifestantes, de acuerdo a reportes de medios locales. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, justificó la medida alegando un intento de desestabilización. En la marcha anterior, la represión dejó 124 detenidos y 46 heridos, incluido el fotógrafo Pablo Grillo, quien sigue en estado crítico.

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Despliegue de policías y medidas de represión

El Congreso y sus alrededores fueron bloqueados con vallas desde la noche anterior. Según reportaron medio argentinos, se retiraron contenedores de basura y se cerraron estaciones de metro. Además, autobuses fueron desviados y la policía estableció controles de acceso.

El Gobierno utilizó pantallas y altavoces en estaciones de tren para advertir: "Protesta no es violencia. La Policía va a reprimir todo atentado contra la República". La estrategia buscó disuadir la participación.

Anteriormente, en la marcha del 12 de marzo, la represión dejó numerosos heridos. Bullrich rechazó abrir una investigación sobre el uso de la fuerza y ofreció recompensas por información sobre los manifestantes. La justicia ordenó liberar a 114 detenidos por falta de pruebas, lo que generó críticas desde el oficialismo.

Una marcha con más organización

A diferencia de la movilización anterior, donde participaron hinchadas de fútbol, esta vez la protesta fue organizada por sindicatos y movimientos sociales. Los manifestantes exigieron la renuncia de Bullrich y denunciaron el deterioro de las condiciones de los jubilados.

La convocatoria oficial estableció el inicio de la marcha a las 5.00 p. m. Sin embargo, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro desde el mediodía para permitir la participación de sus afiliados en la protesta. Por ello, la Plaza de los Dos Congresos comenzó a llenarse desde temprano con trabajadores estatales, jubilados y otros manifestantes que se sumaron progresivamente.

Diferentes organizaciones sociales y sindicales participaron activamente en la movilización. Entre ellas: el Polo Obrero, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Barrios de Pie, el Movimiento Evita y el Frente Popular Darío Santillán. Además, distintas agrupaciones de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) se hicieron presentes, lo cual permitió mostrar una organización más estructurada en comparación con la semana pasada.

Los manifestantes avanzaron de manera ordenada hacia el Congreso, pero debieron sortear los múltiples controles policiales dispuestos en la zona. El acceso estuvo restringido por vallas y un fuerte despliegue de seguridad que impedía la libre circulación. La presencia de policías antidisturbios con megáfonos advirtiendo sobre una posible represión generó un ambiente tenso. Mientras tanto, en la Casa Rosada, el presidente Javier Milei siguió de cerca el operativo y el debate legislativo en torno al acuerdo con el FMI.

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Nuevo préstamo con el Fondo Monetario Internacional

El Congreso argentino aprobó el miércoles el decreto presidencial que autoriza al Gobierno a negociar un nuevo préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyo monto aún se desconoce. La deuda se sumará a los 44.000 millones de dólares ya adeudados desde el acuerdo firmado en 2018.

Mientras la sesión legislativa avanzaba, miles de manifestantes se concentraban en las inmediaciones del Congreso en rechazo a la política de ajuste fiscal de Milei y en repudio al pacto con el FMI. La votación en la Cámara de Diputados concluyó con 129 votos a favor, 108 en contra y seis abstenciones.

El préstamo, enmarcado en el Programa de Facilidades Extendidas (EFF, por sus siglas en inglés), será reembolsado en un plazo de diez años, con un período de gracia de cuatro años y seis meses. Según el documento aprobado, los fondos se destinarán a cancelar Letras del Tesoro en poder del Banco Central y a pagar compromisos previos con el propio FMI.