La trágica historia de los mendigos que eran asesinados para vender sus cadáveres
Matanza en Unilibre cumple 30 años en la memoria de los barranquilleros. Se estima que fueron aproximadamente 50 víctimas, las cuales fueron vendidas a la Facultad de Medicina.
Omar Enrique Hernández López, un reciclador de desechos que logró escapar con vida de unos hombres que querían matarlo, fue clave para el descubrimiento de un atroz crimen en la Universidad Libre de Barranquilla (Colombia). En este lugar se asesinaban a indigentes para vender sus cadáveres al área de medicina. Este hecho ocurrió en el año de 1992, este 2022 se cumplen 30 años.
“El sábado, en la noche, yo pasaba por la universidad recogiendo latas de cerveza cuando un celador me llamó y me invitó a recoger unos cartones que estaban en el patio de atrás de la universidad. Cuando entré, dos hombres me golpearon con garrotes y me dieron un tiro. Yo me hice el muerto” contó Hernández. El mendigo ya había sido puesto en formol.
El reciclador, con un brazo roto y con la cabeza llena de sangre, llegó en la madrugada del 29 de febrero de 1992 a un puesto de la policía diciendo que en la Universidad Libre (Unilibre) intentaron asesinarlo.
En la sede de Medicina Legal de Barranquilla están los rostros elaborados en yeso de las víctimas de Unilibre. Foto: El Tiempo.
Les narró lo sucedido; sin embargo, los uniformados no le creyeron debido a su aspecto, pues lo consideraron una persona con problemas de salud mental. La insistencia fue tanta que fueron al recinto y la actitud sospechosa de los vigilantes del lugar lograron que los policías pidan refuerzos para entrar.
La policía encontró 10 cadáveres en el depósito de la universidad, entre ellos el de El Cartagenero, un hombre de 40 años, y el de Diana Leiva, La Chupichupi, una joven de 16 años que vivía hacía unos años con los recogedores de basuras. También se hallaron los restos de otras 12 personas.
Las autoridades colombianas de Medicina Legal dieron su veredicto en aquel entonces, en donde señalaron que seis de ellos murieron a golpes, dos por arma de fuego y solo los dos restantes por muerte natural. “Es irregular la presencia de estos cadáveres en la universidad”, afirmó a la emisora de Radio Caracol el director de la oficina regional de Medicina Legal, Pedro Carreño.
Además dijo que “jamás se puede utilizar con propósitos científicos cadáveres de personas que hayan muerto en forma violenta”.
A pesar de los hallazgos, Alfonso Tamayo, senador y presidente de la Fundación Universidad Libre, insiste en que la noticia es falsa. “Aún la universidad no puede explicar la presencia de los cadáveres, porque Barranquilla está paralizada por el carnaval, cuando se normalice la situación se aclararán las cosas”, manifestó el senador a la misma emisora. Pero se encontraron contradicciones en la información que las autoridades académicas daban.
También han declarado que los indigentes se acercaron con la intención de robar a la universidad y que por esa razón fueron agredidos con los cuidadores. El testimonio fue poco creíble para las autoridades, así que fueron llamados a declarar siete de los celadores.
Los rostros de los asesinados fueron elaborados en yeso por Medicina Legal. Foto: El Tiempo
Personas que no quisieron revelar su nombre y eran cercanas a la comunidad universitaria, revelaron que los cadáveres eran vendidos completos y también por partes. “Completos tenían un precio de 130.000 pesos colombianos. Un hígado, por ejemplo, costaba 30.000 pesos, y un brazo, 20.000″, asegura uno de ellos.
Los indigentes que se salvaron de morir porque les dio miedo entrar o porque no recordaron volver, dieron su testimonio en un juzgado y todos decían que los invitaban para que fueran después de las once de la noche a recoger cartones y desperdicios.
Asimismo, dijeron que muchos de sus compañeros desaparecieron y dieron algunos nombres como los siguientes: El Chivas, Dávila, Castro, etc. Todos fueron recogedores de basuras a los que de un día para otro no volvieron a ver más.
Mientras los hechos se esclarecían, estudiantes y licenciados organizaron protestas alrededor de las instalaciones educativas. “Ellos no pueden estar al margen de lo que ocurre en la Facultad de Medicina”, afirmó uno de los estudiantes.
En un principio, 14 empleados de la universidad fueron vinculados al caso y entre el 29 de febrero y el 1.º de marzo de 1992 se efectuaron las capturas de Pedro Antonio Viloria Leal, jefe de seguridad, y los vigilantes Wilfrido Arias Ternera, Armando Segundo Urieles Sierra y Saúl Hernández Otero, quienes eran los supuestos responsables de llamar a las víctimas, golpearlas y asesinarlas.
Además, fue detenido Santander Sabalza Estrada, preparador de cadáveres en la Facultad de Medicina y señalado de descuartizar los cadáveres.
Saúl Hernández siempre dijo, desde prisión, que no sabía nada, pese a que el joven reciclador lo señalaba como la persona que lo llamó para que ingresara a recoger unos cartones.
“Llegué a trabajar a las 10:30 de la noche. No sé nada, llegué borracho, no sé nada de lo que está pasando allá. No tenemos nada que ver con eso. Son rateros los que estaban ahí, que juzguen los que son, los metidos en la rosca. No estamos en nada de ese cuento. Estaban unos rateros robando ahí, no sé nada, nada”, dijo en entrevista con Ernesto McCausland, quien hizo un reportaje para televisión 10 días después de los hechos.
El caso fue cerrado finalmente porque la mayoría de los vigilantes confesaron su participación en los hechos y aseguraron que recibían 130.000 pesos por cada cuerpo que entregaban a la morgue. Uno de ellos confesó a un medio local que “garroteó como a 50″.
Sin embargo, en noviembre de 1993, dos años más tarde, los inculpados fueron dejados en libertad. Pues “la jueza aplicó la norma de favorabilidad consagrada en las reformas recientemente introducidas al Código de Procedimiento Penal y les impuso, además de la caución pecuniaria, la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse cuando sean requeridos, en particular a la audiencia en la fecha que sea fijada”, así lo informó el diario El Tiempo.
Cuando se cumplieron ocho años de los trágicos hechos, el 29 de febrero del 2000, cinco personas fueron condenadas por los sucesos. El Juzgado Segundo Penal del Circuito absolvió de esa responsabilidad a los cinco vigilantes que venían siendo procesados por los asesinatos de estas ocho personas, por no encontrar nexos entre estos y las circunstancias en que se cometieron los homicidios.
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No obstante, Pedro Antonio Viloria Leal, Wilfrido Arias Ternera, Armando Segundo Urieles Sierra, Saúl Hernández Otero y Santander Sabalza Estrada fueron condenados a pagar 13 años de cárcel por tentativa de homicidio agravado en concurso homogéneo por atacar con arma de fuego y a garrote a Hernández López y Vicente Manjarrés, también reciclador.
Edición Impresa - La Republica | Lima - Lunes 25 de Noviembre del 2024