Colombia deberá mejorar la protección a víctimas de trata luego de fallo a favor de migrante

La Corte Constitucional de Colombia ordenó mejorar la protección a víctimas de trata de personas tras fallar a favor de una migrante venezolana, a quien se le negó el acceso al sistema de asistencia.

La migrante llegó a Colombia con su esposo e hijas en 2019, después de aceptar una supuesta propuesta laboral para vender cafés. Sin embargo, al llegar descubrió que esa no era la finalidad con la que la sacaron de Venezuela, sino que iban a forzarla a prostituirse y a sus hijas de 6 y 7 años también. Tras ser agredida sexualmente por uno de los tratantes, escapó del lugar y buscó ayuda.

“Ella interpuso una denuncia, pero la Fiscalía determinó que no se había configurado el delito de trata, sino el delito de inducción a la prostitución”, expresó a Efeminista María Cecilia Ibáñez, abogada de Women’s Link Worldwide, organización que ha llevado este caso hasta la Corte.

“Con esta decisión, las autoridades locales, en el momento en que la migrante se acerca y les dice: ‘Yo soy víctima de trata de personas, necesito protección y asistencia’, le dicen que no porque la Fiscalía dentro del proceso penal había determinado que el delito era otro y que entonces no se la podía reconocer como víctima de trata de personas”, agrega.

Por esta razón, ni la mujer ni su esposo pudieron tener acceso a vivienda, empleo, al sistema de salud o a las mínimas condiciones de sobrevivencia. Sus hijas tampoco pudieron ingresar a la escuela. Ante este escenario, Women’s Link aseveró que este caso ejemplifica las barreras que enfrentan las víctimas de trata en toda América Latina para acceder a justicia y reparación.

Tras una ardua lucha, la sentencia ordenó al Estado colombiano que, además de darle protección a la sobreviviente y su familia, deberá diseñar un plan que ordene mejorar la protección a víctimas de trata, que capacite a los servidores públicos con funciones relacionadas con la lucha contra este delito para que puedan reconocer a tiempo a una afectada. Esta medida permitiría a las sobrevivientes recibir protección del Estado independientemente del resultado del proceso judicial que se inicie por la misma situación, si es que interponen una denuncia.

Ibáñez denomina a esta sentencia como “histórica y sin precedentes” en América Latina, ya que tiene en cuenta la situación de especial vulnerabilidad que enfrenta la población migrante de Venezuela.

“Reconoce que son personas que están enfrentando pobreza extrema y abandono estatal. Y además reconoce que en particular las mujeres y niñas migrantes venezolanas se enfrentan a una situación de riesgo muchísimo más alta y que por esto es más probable que sean víctimas de trata de personas”, manifestó.