Reina Isabel II paga millones a abogados del príncipe Andrés tras denuncia de abuso sexual
El proceso legal se alargaría meses o años y podría terminar con un arreglo económico que dispararía el coste final en varios millones más, según indica un medio británico.
La República en GoogleLa reina Isabel II costea con “millones de libras” de su propia fortuna la defensa legal de su hijo, el príncipe Andrés, acusado de abusos sexuales en Estados Unidos, según informa este sábado el diario “The Daily Telegraph”.
El duque de York amplió su equipo legal la semana pasada tras contratar a la abogada Melissa Lerner, que se une a Andrew Brettler en su defensa contra la denuncia por abusos sexuales presentada por la estadounidense Virginia Giuffre en un tribunal de Nueva York el pasado agosto.
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La monarca aceptó a comienzos del año pasado pagar la defensa de su hijo con los fondos de su ducado de Lancaster, que recientemente crecieron en 1,5 millones de libras (1,75 millones de euros) hasta los 23 millones de libras (26,9 millones de euros).
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Según fuentes de la casa real citadas por Telegraph, la factura de los abogados se disparará a millones, en un proceso legal que se prevé se alargue meses o años y que podría acabar con un arreglo económico que dispararía el coste final en varios millones más.
Un tribunal de Nueva York dio la semana pasada al príncipe Andrés un plazo hasta el 29 de octubre para que responda a la denuncia por abusos sexuales presentada por la estadounidense Virginia Giuffre.
Giuffre alega en su denuncia que cuando tenía 17 años fue forzada a mantener relaciones sexuales con el príncipe, algo que le ordenaron hacer Jeffrey Epstein, el fallecido magnate acusado de gestionar una red de tráfico sexual de menores conectada a importantes figuras del mundo de la economía y la política, y su mano derecha, Ghislaine Maxwell.
Epstein se suicidó en agosto de 2019 en una celda neoyorquina poco después de ser arrestado, mientras que Maxwell permanece en otro centro penitenciario de la Gran Manzana acusada de ayudar al empresario a reclutar a menores para sus actividades de tráfico sexual.
