Nicaragua amenaza con cárcel a médico por cuestionar manejo de la pandemia
El neumólogo es el sexto médico citado por la Dirección de Regulación Sanitaria y la Dirección de Asesoría Legal del Minsa en menos de una semana.
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El Ministerio de Salud (Minsa) de Nicaragua amenazó este lunes con cárcel y con cancelar la licencia médica al neumólogo Jorge Iván Miranda por cuestionar el manejo y las estadísticas oficiales sobre la pandemia de la COVID-19 en el país, denunció el galeno.
“Prácticamente, este señor (viceministro Enrique Beteta) me acusa y me amenaza con quitarme la licencia médica por las declaraciones que he dado en la pandemia, que nada tienen que ver con los números y reportes que ellos hacen y, según ellos, podría caer en el delito de los ciberdelitos por toda la información que hemos dado a la población para que se cuide”, dijo el médico a periodistas al salir de una cita del Minsa.
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Miranda aseguró que las autoridades sanitarias quisieron obligarlo a firmar un acta en la que aceptaba que el Ministerio de Salud tiene las herramientas legales para suspenderle la licencia médica y se negó, porque no lo ve “adecuado”.
“Me sentí amenazado con este señor porque, de manera soez, me hizo esas acusaciones”, agregó el especialista.
“Persiguen médicos, en vez de vacunar y salvar vidas”
Entre otras cosas, el funcionario le reclamó por las cifras que ha compartido sobre los fallecimientos en el contexto de la pandemia de la COVID-19, y le advirtió que “esos datos no eran ciertos” y que podían actuar en contra suya para cancelarle la licencia o acusarlo de violar la Ley Especial de Ciberdelitos.
“Yo denuncio eso porque es un abuso a nosotros, los médicos, que estamos atendiendo y trabajando por la población en la pandemia”, señaló Miranda. Además, criticó a las autoridades de Salud por “estar persiguiendo a los médicos en virtud de trabajar en vacunar a más personas y salvar más vidas”.
A partir del último jueves, entidades del Gobierno nicaragüense comenzaron a citar a los médicos críticos con el manejo de la pandemia, a quienes les han advertido con aplicar la polémica Ley Especial de Ciberdelitos, si no se ciñen a la información oficial.
La Ley Especial de Ciberdelitos, promovida por los sandinistas y en vigor desde el 30 de diciembre de 2020, establece penas de 1 a 10 años de cárcel a los ciudadanos que se les imputen los ciberdelitos que vayan contra la “seguridad del Estado”.
