Gobierno pide facultades para cambiar reglas laborales: ¿qué podría pasar con vacaciones, gratificaciones y CTS?
El Ejecutivo solicita al Congreso 120 días para legislar y plantea modificaciones al régimen laboral, incluidos beneficios como vacaciones, gratificaciones, CTS, jornada y horas extras. La propuesta todavía debe ser evaluada por el Parlamento y no implica cambios inmediatos para los trabajadores.
La República en GoogleEl Gobierno de Keiko Fujimori busca obtener facultades legislativas por 120 días para modificar distintas reglas del mercado laboral. El proyecto presentado al Congreso incluye cambios en la regulación de las vacaciones, gratificaciones, Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), jornada laboral, trabajo en sobretiempo, participación en utilidades, aportes a EsSalud y sistemas de pensiones, además de medidas relacionadas con la protección frente al despido. La propuesta forma parte de un pedido más amplio que contiene 66 materias de legislación.
El punto que puede tener mayor impacto para los trabajadores está en la intención del Ejecutivo de establecer un nuevo marco laboral y modificar la forma en que se aplican determinados beneficios. El proyecto plantea, entre otras medidas, unificar y regular el marco legal de la actividad laboral para las micro y pequeñas empresas mediante un esquema progresivo que contemple remuneraciones, jornada, horas extras, CTS, gratificaciones, vacaciones, utilidades, aportes previsionales y protección frente al despido.
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Vacaciones, gratificaciones y CTS
El proyecto no establece que desde ahora los trabajadores tendrán menos vacaciones o recibirán una gratificación menor. Lo que solicita es la autorización para que el Ejecutivo pueda legislar sobre estos beneficios y establecer reglas que permitan una aplicación más flexible.
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La propuesta también contempla modificar el marco de las relaciones entre trabajadores y empleadores, con la posibilidad de establecer mecanismos de acuerdo respecto de determinados beneficios laborales. Esto abre uno de los principales puntos de discusión del proyecto: hasta dónde podrían modificarse las condiciones laborales mediante acuerdos individuales o colectivos y cuáles serían los límites que tendría el Ejecutivo al desarrollar esas reglas.
La CTS y las gratificaciones aparecen expresamente dentro del ámbito de las materias que el Gobierno busca modificar. De igual manera ocurre con las vacaciones, la jornada máxima, los descansos y el trabajo en sobretiempo.
¿También cambiaría la jornada laboral?
La solicitud incluye la posibilidad de legislar sobre la jornada de trabajo y las horas extras. Esto significa que, si el Congreso concede las facultades en los términos solicitados, el Ejecutivo tendría autorización para desarrollar modificaciones en estas materias mediante decretos legislativos.
El proyecto, sin embargo, no equivale por sí mismo a una nueva jornada laboral. Primero debe aprobarse la delegación y posteriormente el Ejecutivo tendría que emitir las normas correspondientes dentro del plazo autorizado.
Esta diferencia es importante porque parte de las versiones que circularon durante las semanas previas al envío del proyecto correspondían a borradores y propuestas que todavía podían ser modificadas. El documento presentado oficialmente el 28 de agosto es el que debe utilizarse como referencia para determinar qué materias fueron finalmente incluidas.
Un régimen laboral progresivo para las MYPE
Uno de los componentes más relevantes está relacionado con las micro y pequeñas empresas. El Ejecutivo plantea un nuevo marco que busca facilitar la formalización mediante un régimen progresivo.
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La propuesta vincula este esquema con distintos componentes de la relación laboral: remuneraciones, beneficios sociales, aportes a salud y pensiones, jornada, horas extras, utilidades y protección frente al despido.
El argumento detrás del planteamiento es reducir los obstáculos que, según el Ejecutivo, dificultan que las empresas pequeñas ingresen a la formalidad. No obstante, el efecto final sobre los trabajadores dependerá de cómo se diseñen los porcentajes, condiciones y límites de ese régimen si finalmente se aprueban los decretos legislativos.
Ese punto resulta especialmente sensible porque una reducción de los costos asociados a la contratación puede favorecer la formalización, pero también podría significar que algunos trabajadores contratados bajo un nuevo esquema tengan condiciones diferentes a las de quienes ya se encuentran en el régimen general.
Cambios en despidos y protección laboral
El pedido también incluye el objetivo de modificar el régimen de extinción de los contratos de trabajo por causas objetivas. El Ejecutivo sostiene que existen problemas en la regulación actual que dificultan que las empresas puedan responder frente a cambios en su realidad económica o técnica.
En términos prácticos, este es otro de los puntos que podría generar mayor debate en el Congreso, porque cualquier modificación de las reglas de extinción de contratos tiene efectos sobre la protección frente al despido y sobre los costos que enfrentan las empresas cuando reducen personal.
Por ahora, el proyecto no significa que se haya modificado el régimen de despido. Se trata de una autorización que el Ejecutivo solicita para posteriormente legislar sobre esta materia.
Aportes a EsSalud y pensiones también están incluidos
La reforma laboral propuesta no se limita a los beneficios que recibe directamente el trabajador. El proyecto incorpora también los aportes a EsSalud y a los sistemas de pensiones, tanto el Sistema Nacional de Pensiones como el Sistema Privado de Pensiones.
Esto conecta la reforma laboral con los costos de contratación que enfrentan las empresas y con el monto de las contribuciones que realizan trabajadores y empleadores.
Por ello, el impacto de la propuesta no se limitaría al pago de gratificaciones, vacaciones o CTS. La forma en que se estructuren los aportes a salud y pensiones podría determinar cuánto cuesta formalizar a un trabajador y cuánto dinero termina destinado a su cobertura y ahorro previsional.
El Congreso todavía debe decidir
El proyecto fue presentado por la PCM ante el Parlamento y contempla 66 solicitudes agrupadas en materias que van desde seguridad ciudadana y desarrollo productivo hasta tributación, reforma del Estado, vivienda y saneamiento. El bloque laboral es solo una de las áreas comprendidas en la solicitud.
La delegación solicitada tiene una vigencia de 120 días calendario. Por tanto, ninguno de los cambios laborales planteados entra en vigencia por la sola presentación del proyecto. El Congreso debe decidir primero qué materias delega y bajo qué condiciones. Solo después el Ejecutivo podrá emitir los decretos legislativos correspondientes dentro del alcance que finalmente autorice el Parlamento.
El alcance de la reforma también dependerá de los textos que eventualmente publique el Ejecutivo: la solicitud de facultades fija las materias sobre las que busca legislar, pero no constituye por sí misma una nueva ley laboral.
