Petroperú: crece respaldo a su fortalecimiento institucional frente amenaza privatizadora del gobierno

El futuro de Petroperú se encuentra en horas decisivas. Si bien la ministra de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, ha bajado la intensidad de sus primeras declaraciones respecto a la reestructuración de la empresa estatal que traería consigo una privatización encubierta, sindicatos, autoridades municipales y la propia Defensoría del Pueblo, se mantienen vigilantes y abogan por su estabilidad operativa y financiera.

A través de un pronunciamiento institucional, la entidad que lidera Josué Gutiérrez calificó de precipitada la reorganización patrimonial de los activos de Petroperú e hizo un llamado a las autoridades de Estado a evaluar la disposición de mecanismos de reajuste financiero y reperfilamiento de deudas que permitan restablecer su liquidez y viabilidad en el corto plazo.

"Advertimos que la interrupción de operaciones vinculadas a la refinería de Talara antigua y a la cadena logística asociada, ha generado un déficit financiero, al haberse cubierto costos operativos sin el correspondiente flujo de caja. Esta situación —acentuada por declaraciones oficiales precipitadas sobre el estado financiero de Petroperú— ha alterado la confianza del mercado financiero y podría acelerar el proceso de implosión operativa y patrimonial de la empresa.", anotaron.

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Petroperú: trabajadores piden diálogo con Ejecutivo

Hasta el cierre de esta nota, no existe una convocatoria para el Consejo de Ministros que debería evaluar y aprobar el Decreto de Urgencia, el cual encargaría a Proinversión la toma de decisiones de escisión y venta de activos de Petroperú. Ante esta situación de incertidumbre, los trabajadores no desisten en sus acciones de protesta frente a la sede principal de la petrolera, ubicada en San Isidro.

De acuerdo con el Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petróleos del Perú - Petroperú S.A. (STAPP), cualquier reestructuración debe respetar el marco constitucional y societario de la empresa estatal, ya que una medida que invada competencias de sus órganos, la debilitaría y golpearía su confianza en el mercado internacional.

"Esperemos que se de marcha atrás con este Decreto de Urgencia. Hemos tomado conocimiento por los diferentes borradores que se estaría buscando una privatización encubierta. En nuestra opinión, el Ejecutivo no está tomando en cuenta todos los riesgos que traería esta medida como el desabastecimiento o la paralización de operaciones, lo cual incrementaría el precio de los combustibles y afectaría el costo de la canasta básica familiar"; declaró a este medio José Luis Saavedra, secretario general del STAPP.

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Por su parte, Rafael Noblecilla, Secretario General de la Federación de Trabajadores Petroleros (Fenpetrol), consideró que el trasfondo de los anuncios de la ministra de Economía es la pretensión de descuartizar a la petrolera por medio de bloques patrimoniales, de modo que se generen las condiciones para su enajenación o venta.

En esa línea, saludó el creciente respaldo de diversas instituciones al fortalecimiento de Petroperú como una empresa estratégica para el país. Según dijo, durante toda su historia, la empresa ha cumplido el rol de abastecer lugares de difícil acceso de la selva, con lo que satisface la demanda de combustible para el parque automotor, el transporte fluvial y la industria.

"Estamos en contra de que, bajo esa supuesta reestructuración, se esté manejando bajo la mesa el despido de 1.000 trabajadores (…) De lo que se trata es de defender el patrimonio del Perú. Tenemos que ver qué responsabilidad social cumple Petroperú cuando otros privados no la tienen en los sitios más inhóspitos de la selva peruana", apuntó.

Tanto el STAPP como Fenpetrol coincidieron en la necesidad de plantear al Poder Ejecutivo una mesa técnica de información y diálogo que aborde la situación de Petroperú y que asegure su continuidad operativa y de seguridad energética. A juicio de los trabajadores, el respeto a los derechos laborales no puede quedarse en una frase, sino que debe traducirse en medidas explícitas que garanticen estabilidad, respeto de convenios colectivos y prohibición de medidas arbitrarias.

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Demandan apoyo a Petroperú ante falta de liquidez

A través de un pronunciamiento en sus redes sociales, el alcalde de Talara (Piura), Sigifredo Zárate, se dirigió al presidente José Jerí y a los ministros de Estado para advertir que una paralización total o parcial de las operaciones de Petroperú tendría impactos significativas en la economía nacional.

"Una paralización de Petroperú tendría repercusiones que trascienden lo operativo y comercial, generando una profunda crisis social, especialmente en las regiones amazónicas con alta dependencia de su abastecimiento. La interrupción del suministro de combustibles paralizaría el transporte, afectaría servicios públicos y la economía regional", advirtieron.

Ante esta situación, demandó que se autorice la estructura de financiamiento necesaria con el objetivo de atender las restricciones de liquidez que enfrenta la empresa. Recordó también que el Estado tiene pendiente honrar deudas por S/5.000 millones con Petroperú, vinculadas a créditos fiscales, fondos de estabilización y otros conceptos.

Finalmente, desde la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT) manifestaron su rechazo a la campaña de desinformación impulsada por el presidente y la ministra de Economía, Denisse Miralles. Según dijeron, existe un discurso alarmista que esconde un plan de privatización encubierto.

"Se viene mintiendo deliberadamente al pueblo al afirmar que Petroperú "ya no sirve", ocultando de manera irresponsable que la empresa ha sido asfixiada financieramente y mal gestionada desde el propio Estado (...) Exigimos una política real de fortalecimiento de la empresa estatal, transparencia en la gestión y decisiones del Ejecutivo respecto a Petroperú", sentenciaron.