Economía

Petroperú: trabajadores denuncian malos manejos e injerencia política para privatizar petrolera

Fenpetrol envió una carta notarial a la ministra de Economía para que rectifique sus últimas declaraciones que deterioran la imagen de Petroperú. Además, se pronunciaron en contra de medidas que alienten una privatización encubierta.

Sindicatos de Petroperú vienen realizando protestas frente a las sedes de San Isidro y Talara contra una posible privatización encubierta de la empresa. Foto: composición LR/Andina
Sindicatos de Petroperú vienen realizando protestas frente a las sedes de San Isidro y Talara contra una posible privatización encubierta de la empresa. Foto: composición LR/Andina
  • Los trabajadores de Petroperú alertan sobre una privatización encubierta tras el Decreto de Urgencia propuesto.
  • La reestructuración podría resultar en despidos, a pesar de recomendaciones de no reducir personal.
  • Las declaraciones de la ministra de Economía han afectado la confianza y la imagen de Petroperú en el mercado.

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Petroperú se encuentra en tiempos de definición. Ha trascendido la emisión de un Decreto de Urgencia, anunciado por la propia ministra de Economía, Denisse Miralles, que le daría carta blanca a Proinversión para que dirija y ejecute el proceso de reorganización patrimonial de la empresa estatal. A juicio de los trabajadores de la petrolera, se trataría de una privatización encubierta.

"Lo que tenemos que hacer es no privatizarla (Petroperú) porque ya hay resultados negativos. Por ejemplo, en la época de Fujimori cuando se vendió la refinería La Pampilla y sus efectos fueron nefastos por la mala gestión. Es terrible cuando está politizada la empresa y no tiene la autonomía para desarrollar sus gestiones operativas", declaró a RPP Noticias, Rafael Noblecilla, Secretario General de la Federación de Trabajadores Petroleros (Fenpetrol).

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El dirigente sindical dejó en claro que su oposición no es hacia la reestructuración de Petroperú, sino hacia medidas que carezcan de rigor técnico, que vulneren los derechos laborales y que puedan afectar la operatividad de la empresa. Según recordó, la consultora Arthur D. Little LLC cuenta con un plan para garantizar la continuidad de las operaciones de la petrolera y fortalecer su gobierno corporativo, el cual no ha sido implementado.

Reestructuración de Petroperú no debe significar despidos

El borrador del Decreto de Urgencia, que sería publicado antes de fin de año, establece que el directorio actual de Petroperú tendrá que aprobar una nueva estructura orgánica e implementar medidas de reconversión y reducción de personal "en un plazo no mayor a 20 días hábiles contados a partir de la vigencia de la norma":

Para Noblecilla, el proceso de reestructuración que lidera el Ejecutivo está tomando otra dirección al encubrir un despido de trabajadores, pese a que el gasto de personal no representa más del 5% anual. Este año, ya se jubilaron cerca de 200 empleados y en el 2026, lo harán otros 400 más. En total, configuran un universo de entre 2.600 y 2.900 los que laboran en la petrolera.

"La recomendación de la consultora internacional es la reeducación del personal, no su despido. Ahora bien, las expresiones de la ministra Miralles lo único que crean es un pánico financiero porque, como autoridad de gobierno, solo ha hecho que nuestros acreedores le quiten la confianza a Petroperú", anotó.

Precisamente, desde Fenpetrol le han cursado una carta notarial a la titular del MEF pidiéndole que se rectifique por sus declaraciones negativas sobre Petroperú, las cuales han contribuido a deteriorar la imagen financiera y reputacional de la empresa a nivel internacional, así como generar condiciones de percepción pública y de mercado favorables a un proceso de privatización encubierta o forzada.

En detalle, se refieren a las afirmaciones de la ministra en RPP Noticias sobre la entrega de S/17.000 millones a la petrolera para pagar sus deudas y mantenerlo a flote, así como su denuncia respecto a la falta de transparencia en el acceso a la información financiera por parte del directorio saliente que lideraba Luis Canales.

Injerencia política en Petroperú

Antes de finalizar el año, el gobierno estaría publicando el Decreto de Urgencia para reestructurar Petroperú a nivel patrimonial y organizacional. En uno de los artículos de este borrador, se autoriza la escisión de sus activos estratégicos y no estratégicos en uno o más bloques patrimoniales o fideicomisos, que pueden incluir a la nueva Refinería ubicada en Talara

Hace pocos días, esta provincia de Piura ha sido declarada en emergencia por el gobierno bajo el supuesto de hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia. Lo cierto es que, los trabajadores ya empezaron a movilizarse de forma pacífica en dicha localidad para hacer sentir su voz de protesta en rechazo a los anuncios de la ministra de Economía que vuelven apetecible a Petroperú para intereses privados.

Mientras transcurren los días y crecen las alarmas sobre el futuro de la empresa estatal, fuentes sectoriales han revelado a este medio que uno de los encargados de la redacción del Decreto de Urgencia sería Mario López Tejerina, consultor en el Ministerio de Energía y Minas, al que se le atribuye influencia en las decisiones que corresponden a la cartera liderada por Luis Bravo De La Cruz.

Ya ocurrió anteriormente con el cambio del Director de General de Formalización Minera en pleno debate sobre el futuro del proceso de formalización minera que se decidía en el Congreso. Y ahora, el operador político del congresista Ilich López, estaría detrás de este dispositivo legal que apunta a una privatización parcial de Petroperú.

Es de conocimiento público que el acciopopulista Ilich López mantiene una relación cercana con el presidente José Jerí. Ambos compartieron sitios contiguos en la instalación del Acuerdo Fiscal, han sido vistos juntos en actividades oficiales y eran aliados en la Comisión de Economía del Parlamento. Al parecer, las redes de influencia alcanzan las más altas esferas del Minem y de Petroperú, en particular.

"El Estado debe dejar de pensar en grupos de poder, y en cambio, analizar con seriedad los verdaderos riesgos que el país afrontaría si se continúa empujando a Petroperú hacia escenarios que comprometan la soberanía energética, la continuidad del abastecimiento y la estabilidad social y económica", afirmaron desde el Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petróleos del Perú (STAPP).

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