¿Por qué la pensión por consumo no funcionaría en el Perú? Expertos lo explican
Economistas advierten que este modelo refuerza desigualdades, al beneficiar solo a trabajadores formales con ahorros en AFP y dejaría por fuera al 70% de la fuerza laboral.
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La propuesta de crear una pensión por consumo ha encendido el debate en torno a la reforma previsional. Economistas advierten que carece de sustento técnico y que, lejos de ampliar la cobertura, refuerza las desigualdades del sistema.
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Según la economista Noelia Bernal, no existen precedentes internacionales que respalden un esquema de este tipo. El modelo se basa en una lógica contraria al ahorro previsional: “mientras más se gasta, mayor sería la pensión”.
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En la práctica, subraya, no se orienta a los trabajadores informales, que en su mayoría no acceden a los espacios donde se generan los consumos formales. El beneficio recaería en un grupo reducido de afiliados a las AFP que ya cuentan con ahorros, apenas incrementando sus fondos con recursos estatales.
De acuerdo con la norma, el beneficio se calcula sobre un máximo de 8 UIT en consumos al año, aplicando una tasa de 1% que el Estado deposita en cuentas previsionales especiales. Solo califican boletas electrónicas de hasta S/700 y emitidas por contribuyentes regulares, lo que restringe aún más la cobertura.
Más que un instrumento de inclusión, la medida aparece como una respuesta política de impacto limitado, sin atender el verdadero problema: la falta de cobertura del sistema previsional frente a una economía donde el 70% de la fuerza laboral es informal.
En consecuencia, quienes no realizan consumos formales significativos —trabajadores de menores ingresos— quedan excluidos, reforzando el carácter regresivo de la propuesta.
Independientes asumirán nuevos aportes
La reforma también incorpora una obligación escalonada para los trabajadores independientes, que deberán aportar hasta equipararse con los dependientes: un 2% de su renta neta el primer año, 4% el segundo, 6% el tercero, 8% el cuarto y 10% desde el quinto año.
El exministro de Economía, Pedro Francke, cuestionó la medida recordando un estudio encargado por el MEF. “El reglamento es un incentivo a la informalidad, puesto que hace más caro ser formal, y entonces más gente, más informales evitarán dar un recibo por honorarios”, sostuvo.
Un sistema sin solución de fondo
El diagnóstico de fondo es compartido por especialistas: el sistema previsional peruano no está diseñado para una economía altamente informal.
“Una economía con 70% de informalidad y salarios inferiores al mínimo la están maquillando con pensiones que no curan”, describió Enrique Castellanos, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico.
Castellanos enfatizó que pedirle a un trabajador que gana S/1.200 inmovilizar parte de sus ingresos durante 40 años es irreal. El foco, agregó, debería estar en educación, salud, alimentación e infraestructura, pues solo así se incrementarían los ingresos reales y, en consecuencia, las pensiones.
“Tu vida laboral debe ser de 40 años. Si aportas, tienes derecho a esa pensión mínima de S/600 que no te alcanza para nada, pero es mejor que los S/250 que reciben hoy la Pensión 65”, explicó.
La falta de aportes regulares agrava el panorama: más de la mitad de los trabajadores activos no cotiza de forma continua, por lo que los subsidios estatales terminan beneficiando solo parcialmente a quienes deberían recibir protección en la vejez.
“Han habido cinco reformas de pensiones, esta última demoró más de dos años en aprobarse y, ¿para qué? No ataca los problemas de fondo”, sentenció Castellanos, resumiendo la frustración de los expertos ante un sistema que aún no logra proteger a la mayoría de peruanos.
