Trabajadores estatales recibirían un aumento 30% menor que en 2024, denuncian dirigentes
La CUT PERÚ y las demás centrales han insistido en un punto clave: el mismo aumento para todos no es sinónimo de justicia. Convocan un paro nacional para el jueves 26 de junio.
La República en GoogleLa molestia es generalizada, la paciencia agotada. Mientras el Ejecutivo destaca que el PBI peruano creció 3,1% en 2024 y que las proyecciones económicas se mantienen en azul, los trabajadores públicos denuncian que el presupuesto asignado a su negociación colectiva ha ido en retroceso.
En palabras de Darda Alatrista, secretaria general de la CUT Perú Estatales, “este año nos quieren dar solo el 0,02% del PBI, cuando en años anteriores recibimos el 0,09%. Y eso, mientras se exoneran S/20.000 millones anuales a grandes empresas agroexportadoras”.
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Este panorama ha llevado a las cinco centrales sindicales del sector público a convocar un paro nacional para el jueves 26 de junio.
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La medida busca presionar al Gobierno para que mejore sustancialmente su tercera propuesta económica, que tras siete sesiones de negociación solo ha logrado escalar de S/350 millones a S/800 millones.
“Esto no es un capricho”, subraya José Rosas, otro de los dirigentes sindicales. “Lo que está en juego es la recuperación de la capacidad adquisitiva de más de 450.000 trabajadores públicos que hemos sido postergados durante años, incluso en tiempos de bonanza económica”.
CAS: la fuerza laboral más grande y más olvidada
Uno de los elementos más destacados de esta negociación es la incorporación protagónica de los trabajadores CAS, que hoy representan alrededor de 270.000 personas, es decir, la mayoría de la planilla estatal. En palabras de Alatrista, “inyectar la fuerza de los CAS a las movilizaciones ha sido clave. Por primera vez, esta población masiva se está organizando y participando de lleno en la negociación centralizada”.
La dirigente destaca que los CAS siguen siendo tratados como trabajadores de segunda clase. “No tenemos CTS completa, no tenemos escolaridad, no tenemos asignación familiar, ni uniformes, ni vale de alimentos, ni subsidio por fallecimiento. Muchos ganamos apenas S/1.488 mensuales, según el propio MEF”.
Aunque se ha puesto sobre la mesa una propuesta de CTS con respaldo presupuestal de S/77 millones, eso solo cubre el 14% del derecho completo.
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Alatrista alerta que podría haber un juego de compensaciones: “El MEF estaría tratando de ‘compensar’ lo que no da en CTS por la vía legislativa, ofreciéndolo por la vía presupuestal. Vamos a tener que evaluar cuál escenario es más conveniente”.
De la igualdad mal entendida al principio de redistribución justa
La CUT y las demás centrales han insistido en un punto clave: el mismo aumento para todos no es sinónimo de justicia. Hasta hace poco, los incrementos eran planos: S/100 para todos. Pero el Perú tiene una estructura salarial desigual: un diplomático puede ganar S/34.000 mensuales; un trabajador del régimen 728 recibe 15 sueldos al año; los CAS reciben 12 y sin beneficios.
“¿Cómo puedes darle lo mismo a quien gana 10.000 y a quien gana 1.400?”, cuestiona Rosas. “Eso no es justo. Hoy estamos avanzando hacia una lógica de diferenciación. Por ejemplo, a los regímenes como Servir y el cuerpo diplomático se les ha reducido el incremento a S/59 mensuales, mientras que otros recibirían S/75 o más. Eso es un avance”.
Sin embargo, también hay retrocesos. En 2024, los trabajadores recibieron S/100 de aumento (dividido en dos etapas). Para 2025, con la primera propuesta, el incremento iba a ser apenas de S/34,80, cifra que los gremios califican de burla.
“¿Cómo le dices eso a tus bases? Es indignante. Por eso no aceptamos la propuesta del MEF”, insiste Alatrista.
La negociación empezó tarde y con obstáculos
Según los sindicatos, otro de los problemas ha sido el retraso intencional del Ejecutivo. “La ley señala que los convenios colectivos deben presentarse a partir del 30 de enero. Pero recién empezamos el 28 de mayo, y encima una semana fue suspendida por el propio gobierno. Hoy estamos contra el reloj: la negociación cierra el 30 de junio”, explican.
“Nosotros hemos cedido bastante. Pero si el Gobierno no responde, tendremos que pasar a otras etapas, como un laudo arbitral”, advierte Alatrista.
