CUT PERÚ: “A los trabajadores nos dan el 0,02% del PBI y a las grandes empresas se les exonera el 9%"

“¿Hasta cuándo nos van a seguir diciendo que no hay presupuesto?”, se pregunta Darda Alatrista Flor, secretaria general de la CUT Perú Estatales. Representa a más de 452.000 trabajadores públicos de todos los regímenes —728, 276, CAS, Ley Servir, penitenciarios y cuerpo diplomático— y lidera una de las mesas de negociación más tensas del año. 

Este lunes presentaron una nueva contrapropuesta económica al Estado, pero la frustración persiste: el espacio fiscal sigue siendo reducido y, en términos reales, menor al de años anteriores.

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En total, el Ejecutivo solo ha ofrecido S/800 millones para atender las demandas de todos los regímenes. De ese monto, S/638 millones están destinados exclusivamente a la negociación centralizada. Es decir, casi S/200 millones menos que los S/830 millones otorgados en 2022 y lejos de los más de S/900 millones del 2023. 

“Mientras todo sube, a nosotros nos recortan”, reclama Alatrista.

Para los sindicatos, esta cifra no solo es insuficiente, sino inaceptable en un contexto donde la inflación acumulada entre 2022 y mayo del 2025 bordea el 15,46%, deteriorando con fuerza la capacidad adquisitiva de los trabajadores públicos, especialmente de los que menos ganan. 

“El MEF nos da el 0,02% del PBI. En años anteriores era 0,09%. ¿Cómo es posible que mientras el país ‘crece’, nosotros retrocedemos?”, señala con firmeza.

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Las cifras no cierran para los trabajadores

En un inicio, los gremios propusieron un presupuesto de S/3.000 millones para cubrir la CTS y otros beneficios. El MEF respondió primero con apenas S/100 millones.Luego, en negociaciones sucesivas, aumentó 200 millones más, y finalmente 250 millones, totalizando los ya mencionados S/800 millones. 

Para Alatrista, este aumento muestra apertura, pero no es suficiente: “Hemos tenido siete sesiones, pero aún no hay una respuesta de fondo. Faltan las decisiones políticas”.

En paralelo, se ha conseguido un avance parcial en la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) para los trabajadores CAS, a quienes se les prometió S/77 millones con respaldo presupuestal. 

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Esto, sin embargo, representa apenas un 14% del beneficio total. 

“Queremos el 100%, como cualquier otro trabajador. La pandemia nos golpeó duro: trabajábamos con contratos de uno o dos meses, sin estabilidad, sin derechos”, afirma Alatrista. “Hoy tenemos contratos a plazo indeterminado gracias a la ley 31131, pero seguimos siendo tratados como trabajadores de segunda categoría”.

“El que menos gana, debe recibir más”

En esta negociación, los sindicatos también han puesto sobre la mesa un reclamo clave: la redistribución progresiva del incremento salarial. 

“Antes se repartía S/100 para todos, sin importar si ganaban S/1.500 o S/15.000. Eso no es justo. Si hablamos de justicia social, hay que empezar por los más golpeados”, explica la dirigente. 

El propio MEF, añade, ha reconocido que el sueldo promedio de los CAS es de S/1.400 mensuales, insuficiente para enfrentar el alza en el costo de vida y la canasta básica.

La propuesta sindical apunta a romper con la lógica de incrementos planos.

Exoneraciones tributarias: ¿por qué para ellos sí hay plata?

Uno de los puntos más críticos de la entrevista con La República fue la denuncia de las exoneraciones tributarias al sector empresarial. Solo en el 2023, según Alatrista, el Estado dejó de recaudar S/20.000 millones por concepto de beneficios tributarios, principalmente dirigidos a las agroexportadoras. 

“Son empresas que no están en crisis, que han tenido utilidades del 73%, y sin embargo el Estado les baja su aporte en salud al 6% y les sigue ampliando exoneraciones”, denuncia.

El contraste es violento: mientras los gremios luchan por un espacio fiscal que representa apenas el 0,02% del PBI, el sistema económico mantiene un régimen tributario sumamente favorable para sectores con altas ganancias. 

“No estamos en contra de la inversión. Pero no puede ser que el crecimiento económico solo beneficie a unos pocos”, subraya.

Además, se mostró crítica con la nueva Ley Chlimper 2.0, que prorroga por 10 años más —y ahora con carácter indefinido— los beneficios tributarios para las zonas económicas especiales. 

“¿Cuándo va a parar esto? Cada año venimos a negociar y nos dicen que no hay presupuesto. Para nosotros nunca hay, pero para las empresas, todo”, cuestiona Alatrista.

CUT Perú pide al MEF en la mesa

Pese a los avances logrados con los equipos técnicos del Ejecutivo, la dirigenta considera que la negociación está estancada por falta de decisiones políticas. 

“Necesitamos que el viceministro de Hacienda, el ministro de Economía o incluso el premier se sienten en la mesa y den una respuesta concreta”, pide Alatrista.

A falta de soluciones, las centrales sindicales han anunciado un paro nacional para el jueves 26 de junio. 

“No queremos llegar a esa medida, pero el Estado nos está empujando a movilizarnos. La respuesta ha sido mínima, considerando que el país ha crecido 3,1% en 2024 y 3,2% en 2023. Siempre dicen que estamos creciendo, pero cuando pedimos mejoras, el argumento es el mismo: no hay plata”, subrayó.

Y concluye: “Nosotros hemos sostenido este país durante la pandemia, sin reactivos ni subsidios. Hoy solo pedimos recuperar lo perdido. No estamos pidiendo privilegios, sino justicia”.