Gremios agrarios advierten que aprobación de Ley Chlimper 2.0 agravaría crisis de gobernabilidad

El rechazo a la Ley Chlimper 2.0 sigue creciendo. A través de un pronunciamiento, la Convención Nacional del Agro Peruano, CGTP, Cunarc, CNA y otras organizaciones sociales exhortaron al Pleno del Congreso a detener el avance de este dictamen en segunda votación. En caso contrario, corre el riesgo de presentarse un escenario de convulsión social que afectará la crisis de gobernabilidad en el país.

Según indicaron, se necesita una revisión técnica y participativa de esta propuesta legislativa que recoja las opiniones de los productores de la agricultura familiar, gremios, academia y gobiernos regionales. De igual forma, anotaron que deben respetarse las recomendaciones de los organismos técnicos que velan por la estabilidad de la política fiscal.

"La historia y el país juzgarán las decisiones que se tomen hoy. De insistir en la aprobación del dictamen, somos conscientes que provocará el rechazo y convulsión social entre los millones de pequeños productores de la agricultura familiar que representa al 97% de la estructura agraria del Perú, lo que agravaría la situación de crisis de gobernabilidad del país", enfatizaron.

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Para los trabajadores y gremios, el dictamen de la Comisión Agraria que preside Fuerza Popular facilita el acceso del sector agroexportador al mercado de compras estatales de la agricultura familiar, daña los programas diseñados para este sector, perpetúa la inequidad con incentivos desproporcionados y vulnera la estabilidad de miles de pequeños productores.

Además, reiteraron su alto perjuicio fiscal para el país, ya que su implementación provocaría pérdidas anuales de hasta S/1.850 millones al reducir la tasa del impuesto a la Renta y debilitar el sistema de aportes a EsSalud. Y es que, estos estímulos deberían basarse en criterios técnicos alineados con estándares nacionales e internacionales.

"Insistimos en resaltar que esto permite a grandes agroexportadoras acceder injustamente a beneficios tributarios diseñados para sectores con menos recursos. Además, se favorece de manera desproporcionada a las diez mayores empresas que concentran más del 60% del valor exportado, mientras se excluye a la agricultura familiar del acceso efectivo a beneficios, inversión público o alivio tributario proporcional", señalaron.

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Finalmente, manifestaron que el dictamen de la Ley Chlimper 2.0 debilita el trabajo fiscalizador de la Sunafil en el sector agroindustrial y recordaron que, dicha propuesta no ha sido consensuada con Conveagro ni con otras organizaciones representativas.

"Exhortamos al Pleno del Congreso a rechazar este dictamen en la segunda votación. Apostar por el desarrollo del agro no puede hacerse a costa de desfinanciar el Estado ni volver a modelos de subsidios ocultos para grandes empresas. La agricultura familiar necesita inversión pública, acceso a mercados y servicios, no competencia desleal y abandono fiscal", sentenciaron.

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Para este martes 10 de junio, la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria (Fentagro) ha convocado a una protesta a las 5 p. m. que partirá desde la Plaza de Armas de Chao, provincia de Virú, La Libertad. Precisamente, dicho gremio participó en una conferencia de prensa esta mañana junto al sindicato de Agrokasa, Monsanto, Frutícola del Sur y Chapi.

"Estamos esperando a ver qué sucede en la segunda votación. Nosotros no queremos la ley porque nos precariza y nos deja más pobres que antes. Es imperdonable que restrinjan funciones fiscalizadoras a la Sunafil. En ica, hay 381 empresas, solo 4 respetan el derecho al trabajo y la mayoría de ellas son informales. ¿Cómo es posible que protejan al agroexportador y no a los pequeños agricultores", dijo Miguel Quijandría, dirigente de Fentagro.

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Como es de conocimiento público, tanto el Ejecutivo, gremios empresariales y bancadas del Congreso, están a favor de este dictamen. En más de una oportunidad, el ministro de Desarrollo Agrario, Ángel Manero ha resaltado los beneficios de la Ley Chlimper 2.0 como promotora de las inversiones y ha dejado en claro que el Ejecutivo promulgaría la norma.

"El MEF está a favor, el Midagri y el Poder Ejecutivo también. En el 2001, cuando se hablaba de la primera ley agraria y se decía que esos beneficios reducirían la recaudación, esta aumentó. Es lo mismo que se pretende hacer ahora. Se buscan atraer inversiones y que estas hagan grande al agro peruano, promoviendo plantaciones, centros de procesamiento y empleo formal. Con ello, la recaudación va a aumentar", señaló durante una audiencia en Huancayo.